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Las Farc cuestionaron que fuera presentado “como un vulgar narcotraficante dado de baja en una operación policial contra bandas criminales”, al tiempo que calificaron como de “dudosa generosidad” el anuncio de la suspensión ordenada de los bombardeos contra sus campamentos.
Hablan también de “chantaje” al condicionar los no bombardeos a los riesgos a la población y al ponerle plazo de un mes. Advirtiendo de paso que la orden a las Fuerzas Militares “de copar todo el territorio nacional, a fin de brindar garantías a la población”, es una maniobra que las obligaría “a responder las agresiones, para ser luego culpados de violar el cese al fuego unilateral”. Y reconocen que al excluir al Eln de la orden de no bombardear, “queda abierta la posibilidad de hacerlo contra nosotros, en la medida en que actuamos como organizaciones hermanas”.
Como quien dice, las partes llegan una vez más a la mesa de negociaciones con el ambiente caldeado. Y es posible que las posiciones se radicalicen aún más, pues según conoció El Espectador, el Gobierno va a endurecer en este nuevo ciclo su posición frente a los temas de justicia y dejación de armas. Sobre todo, lo que quiere es dejarles claro a las Farc que no pueden hacer política siguiendo armados. El meollo del asunto es que el grupo guerrillero considera que muchas estructuras paramilitares siguen intactas y que necesitan que las desactiven para pensar en hacer política, pues como están las cosas en estos momentos no tienen garantías ni para desmovilizarse ni para entregar armas.
De hecho, se habla de diseñar una especie de consejo o comité de paz que comience a trabajar en las regiones para que el proceso y, sobre todo las Farc, tengan posibilidades de abrirse espacios políticos a través de sus propias organizaciones y movimientos, para hacer política y trabajo social. Se habla, por ejemplo, del Cauca, Meta, Guaviare, Putumayo y Norte de Santander.
De todas maneras, las noticias del acuerdo sobre desminado, la marcha por la vida, los anuncios de no bombardeos a los campamentos guerrilleros por un mes y la creación de una comisión asesora —con invitación a los sectores de posición— y la misma reunión del viernes pasado entre el jefe de Estado y el procurador Alejandro Ordóñez, son señales de que está bajando la intensidad de la guerra, al igual que la confrontación política en el país.
Porque si bien el uribismo hasta ahora no ha aceptado el llamado a la citada comisión asesora —y el expresidente Álvaro Uribe dijo que sólo hoy contestaría a la propuesta del procurador de estar en ella—, ya se habla de coincidencias que podrían abrir la puerta al diálogo y propiciar acercamientos.