En busca de la justicia para la paz

Los expresidentes de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, además del profesor estadounidense Doug Cassel, asesoraran al Gobierno en Cuba.

Redacción Política
28 de julio de 2015 - 03:11 a. m.

Desde que el pasado 12 de julio los negociadores de paz del Gobierno y las Farc dieron a conocer un acuerdo para agilizar los diálogos, quedó planteado el interrogante sobre cuál sería la manera de que el proceso vaya más rápido. Pues bien, ayer, a través de un comunicado del Ejecutivo, se empezó a aclarar el panorama. En él se informa que ya está funcionando una subcomisión para abordar el tema de justicia que, como se ha dicho, se ha convertido en el nudo gordiano del proceso.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que los juristas Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional; Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y también expresidente de la Corte Constitucional, y Doug Cassel, profesor estadounidense especializado en derechos humanos, asesorarán al Gobierno para encontrar un modelo de justicia que permita alcanzar la firma del acuerdo de fin del conflicto.

Pero, más allá del alto perfil de los nuevos asesores, la noticia consiste en que habrá una subcomisión dedicada de lleno a encontrar la salida jurídica al largo conflicto colombiano y que funcionará como la del fin del conflicto. Para nadie es un secreto que, en la mesa de negociaciones, este tema se ha convertido en el principal obstáculo para concretar un acuerdo.

Según se ha oído decir a los delegados de las Farc, los guerrilleros no están dispuestos a pagar un día de cárcel. En contraposición, el Gobierno ha dicho que tiene que haber unos máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la insurgencia y que tendrán que ser procesados por el sistema judicial. Sin embargo, se ha dicho también que las penas no tienen que ser “con barrotes y pijama de rayas” y que ahí habrá espacios para la creatividad. La respuesta de la guerrilla ha sido contundente: “Compareceremos ante la justicia si lo hacen también los militares, los políticos, los empresarios y todos los sectores que han participado de la guerra en el país”.

Y ahí es donde el asunto se empantana. El apartado de justicia en la agenda de diálogos está incluido en el asunto de satisfacción de los derechos de las víctimas y está directamente relacionado con verdad y reparación. Sobre el primer tema ya se definió la creación de la comisión de la verdad; del segundo se dice que está cerca a ser resuelto, así que, en términos generales, el asunto de penas, seguridad jurídica y dignidad de los combatientes será la materia a la que se tendrá que dedicar la subcomisión para la justicia.

El anuncio se hace también en momentos en que el proceso de paz ha recibido una bocanada de optimismo con el pacto de un período para hacer una evaluación de los avances de la mesa y el compromiso de las partes a avanzar en el desescalamiento del conflicto. Al respecto, hoy se tienen un cese unilateral decretado por las Farc y la suspensión de los bombardeos por parte del Estado, y se espera que en los próximos días haya más gestos de parte y parte. Incluso hay quienes se atreven a decir que muy pronto se llevará a cabo la entrega de menores de edad que están en las filas de la guerrilla y un gesto de alivio humanitario de los guerrilleros presos.

Mientras todo esto se da, y las partes buscan el modelo de justicia transicional que permita que de La Habana salga un acuerdo de paz, el presidente Santos tendrá que seguir defendiendo al proceso de sus opositores, entre ellos el procurador Alejandro Ordóñez, quien ayer sostuvo que suspender los bombardeos es “en realidad un cese bilateral disfrazado” que paraliza a la Fuerza Pública.

“Al prohibir las operaciones, veta de bombardeo a las Fuerzas Militares, el Gobierno convierte los campamentos de las Farc en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato”, concluyó Ordóñez.

Por Redacción Política

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