Buscando confianza en los diálogos

Decisión de revelar lo acordado en el proceso de paz de Cuba busca enviar un mensaje de transparencia y acabar con las especulaciones.

Redacción Política
25 de septiembre de 2014 - 04:14 a. m.
Durante dos años,  Gobierno y Farc han  negociado la paz, en medio de la más completa confidencialidad.   / Presidencia
Durante dos años, Gobierno y Farc han negociado la paz, en medio de la más completa confidencialidad. / Presidencia

La intención —según lo dijo el presidente Juan Manuel Santos— es borrar “de tajo” todas las especulaciones que los enemigos del proceso de paz, que se adelanta con las Farc en La Habana, han venido difundiendo. Para el primer mandatario, ya se ha avanzado mucho y los diálogos están lo suficientemente “protegidos” para hacer públicos los borradores de los documentos de lo que hasta ahora se ha acordado tras dos años de discusiones en Cuba y que tienen que ver con los puntos uno, dos y cuatro de la agenda general: reforma rural integral, participación política y apertura democrática, y solución al problema de las drogas ilícitas.

Lo manifestó también el jefe de Estado y quedó plasmado en el comunicado expedido ayer desde La Habana: la decisión se tomó en aras de la transparencia. “Eso lo que significa es que va a ser todo más transparente de lo que ha venido siendo hasta el momento, para darles más confianza a la gente, al público en general, a la población colombiana en particular, para que vean que lo que se ha venido negociando equivale casi exactamente a lo que se ha venido informando”, explicó Santos. Con la salvedad de siempre: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Lo cierto es que la decisión del Gobierno y de las Farc, de revelar los consensos en la mesa de negociaciones, se da en momentos en que crecía en la opinión nacional un clima de incertidumbre adverso que implica serios riesgos a la hora de entrar a tratar de legitimar lo pactado. Una preocupación que expresó la semana pasada el mismo Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno, cuando tras el duro debate de acusaciones mutuas entre los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe, exteriorisó sus temores de que un eventual acuerdo en La Habana “se vuelva inviable por la polarización que hoy vive el país”.

De hecho, en una columna publicada ayer en el diario El Tiempo, De la Calle insistió en que la suerte de un posible acuerdo con las Farc está ligada a que la sociedad colombiana sea capaz de dirimir de manera razonable sus desacuerdos sobre el proceso de paz y en que el ambiente de crispación política que se vive en Colombia puede afectar las conversaciones. Y aunque aclaró que no se trata de buscar unanimidad y que el disenso y la crítica son bienvenidos, sí enfatizó: “Es difícil lograr un ambiente sensato si no hay un cese de hostilidades verbales entre nosotros”.

En una declaración pública, De la Calle reconoció que aunque se han hecho esfuerzos de transparencia, con más de 40 comunicados después de cada ciclo de diálogos e informes conjuntos tras lograrse acuerdos parciales, ello no ha sido suficiente. “Los opositores del proceso han aprovechado el desconocimiento general que subsiste de los comunicados y de los informes para poner en circulación toda clase de versiones y rumores que pretenden desinformar, que buscan crear desconfianza y que en nada corresponden a los textos de lo acordado. Además, ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir aún más a la opinión”, aclaró.

Y habló de “coger el toro por los cuernos”. Hasta el momento son 65 páginas de acuerdos que sientan las bases para el fin del conflicto. “Cada ciudadano podrá ahora constar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión (...) verán que hemos informado lealmente”, agregó De la Calle. En otras palabras, para el Gobierno, si hay una manera de legitimar el proceso de paz en medio de tanta turbulencia, es precisamente acallando las especulaciones, las cuales surgen por ese desconocimiento de los comunicados y los informes, y el mejor camino para ese propósito es dando a conocer los borradores.

Una decisión que es bien vista por los sectores políticos en el país. “El proceso de terminación del conflicto para avanzar hacia la paz necesita transparencia. De haberla habido antes, quizás se le habría ahorrado al país parte de la polarización que afecta la confianza ciudadana y la imagen internacional sobre las oportunidades de Colombia”, expresó Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial conservadora. A su vez, el senador Roy Barreras, de la U, cree que quedó demostrado que el proceso de paz ya está maduro.

Y claro, están quienes desde ayer mismo pusieron la lupa sobre los documentos revelados. Como el procurador Alejandro Ordóñez, quien insistió en que las conversaciones deben ser públicas y se debe ejercer un control permanente. “Creo que se hubieran evitado muchas suspicacias y sirve para que haya correctivos. Leeremos entre líneas para ejercer nuestra función como representantes de la sociedad y advertidores de los riesgos que vayamos observando”, dijo. Aunque habría algo por aclarar, y lo dijo Humberto de la Calle: la decisión de ayer no implica renunciar a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción.

-Desarrollo agrario integral

El acuerdo en torno al desarrollo rural integral se alcanzó en mayo de 2013, casi siete meses después de que se instaló la mesa de conversaciones en La Habana (Cuba). La premisa de dicho documento es que la reforma agraria integral es la base de la transformación del campo colombiano para conseguir una paz estable y duradera. Dicho documento tiene once principios que guiaron la discusión.

El primer tema pactado fue un ambicioso plan de redistribución , acceso a la tierra; formalización de la propiedad y algunos puntos sobre la frontera agrícola y las zonas de reserva. El segundo punto fue la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial. Y el subpunto tres corresponde a la implementación de planes nacionales para la reforma rural integral e incluye sendas disposiciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores del campo. Y finalmente, se acordó la seguridad alimentaria como un puerto hacia el que debe caminar la política agraria del país. Cada uno de estos puntos tiene decenas de apéndices que aclaran la manera como se llevarán a cabo los compromisos.

- Participación política

El segundo punto de la agenda de diálogos entre el Gobierno y las Farc corresponde a la participación política. El acuerdo fue logrado en noviembre de 2013 y advierte que la esencia de lo pactado es la necesidad de que en una Colombia en paz haya una ampliación de la democracia que permita el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, que enriquezcan el debate y la representación de diversos sectores. El acuerdo en este aspecto incluye una distribución más equitativa de los recursos destinados a la creación de movimiento y partidos políticos; las garantías para el ejercicio político, lo que incluye la creación de un estatuto de oposición y una ley de garantías. Pero sin duda el principal tema pactado en este punto es la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. De la misma manera, se pactó la participación de las comunidades en asuntos que les competen, tales como planes de desarrollo y acceso a los medios de comunicación. Se establece, a la vez una serie de medidas que buscan incentivar la participación electoral de la ciudadanía.

Finalmente, otro de los principios acordados en este punto tiene que ver con el rompimiento de la relación entre política y armas. Esto implica el reconocimiento de que quienes abandones las armas en el marco de un acuerdo final pasarán al escenario político para defender sus ideas. Los subpuntos acordados albergan una serie de disposiciones que harán posible la implementación de la premisa de ampliar la democracia, para incluir en ella a quienes han participado en el conflicto y quienes por miedo a este nunca han participado.

-Solución al problema de las drogas

El tercer punto acordado es el que corresponde a la solución del problema de las drogas ilícitas. En mayo de este año, poco antes de la primera vuelta de las presidenciales, se dio a conocer el tercer acuerdo de la mesa de diálogos de La Habana.

En el documento partió de la base de que la producción y la comercialización de drogas ilícitas han sido el combustible de la guerra, por lo que erradicar este flagelo es fundamental para alcanzar una paz estable y duradera.

El primer subpunto acordado es el compromiso del Gobierno de enfrentar la corrupción en el interior de las entidades y de promover una política ciudadana contra el fenómeno. De igual manera, las Farc asumieron el compromiso de contribuir al desmonte de los cultivos ilícitos y poner fin a cualquier relación con este flagelo.

El acuerdo incluye la creación de un “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo”, que permita que las comunidades que hayan tenido cultivos ilícitos por ausencia de oportunidades y de presencia estatal puedan romper con el círculo vicioso que vincula pobreza y actividades ilícitas.

El plan se basa en la erradicación voluntaria, y en lo posible de manera manual, de los cultivos ilícitos y establece la creación de un plan nacional de desminado. De igual manera se pactó tratar el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública y concentrar la acción contra quienes se lucran del negocio del comercio de las sustancias ilícitas.

Finalmente se comprometieron a intensificar la lucha contra el narcotráfico y sus redes de apoyo internacional. El Gobierno se comprometió a promover una conferencia internacional para debatir y reflexionar acerca de la estrategia de la lucha contra las drogas.

Por Redacción Política

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