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El próximo Congreso, el que será elegido este domingo 9 de marzo, será fundamental para la paz. Los parlamentarios no sólo jugarán un papel trascendental en la refrendación de los eventuales acuerdos a los que lleguen el gobierno nacional y las Farc en La Habana, Cuba; sino que también deberán desarrollar una ambiciosa agenda de reformas y reglamentaciones que hagan posible la concreción de esos pactos. El problema de las drogas ilícitas, que actualmente se discute en la mesa de conversaciones y que ha alimentado la complejidad del conflicto armado, se tomará la agenda legislativa y, en consecuencia, un grupo de candidatos ya plantea sus propuestas alrededor del tema.
El próximo jueves el gobierno nacional y las Farc darán por terminado el ciclo 21 de las conversaciones de paz. Las expectativas de las partes son que, al finalizar el ciclo, el punto de solución al problema de las drogas ilícitas esté prácticamente evacuado. La esperanza es grande, pues en el anterior ciclo ya quedaron plasmados sobre el papel los principales preacuerdos sobre la sustitución de cultivos, el primer epígrafe de este punto de discusión y el más trascendente para la población cultivadora que, en buena medida, está concentrada en zonas de influencia guerrillera. Ahora, la discusión gira en torno al consumo de estupefacientes y a su comercialización.
El representante a la Cámara, y actual candidato al Senado, el liberal Guillermo Rivera, considera que las discusiones de La Habana tendrán una incidencia, sobre todo, en lo referente a los cultivos ilícitos. Él, que ha abanderado las denuncias sobre los efectos nocivos de las fumigaciones aéreas en el medio ambiente y la salud de los campesinos, dice que con los eventuales acuerdos no habrá mayor efecto sobre las políticas públicas alrededor de los consumidores. Sin embargo, sostiene que “suponiendo que en La Habana lleguen a acuerdos que involucren todas las facetas del problema, en el Congreso debemos legislar para ser pioneros a nivel mundial de una política integral de drogas”.
Por su parte, el candidato al Senado y actual representante por el Polo Democrático, Iván Cepeda, dice que de ser elegido trabajará para que los acuerdos de la mesa de negociaciones se concreten en una legislación que parta de la premisa de que los cultivos ilícitos son una consecuencia de la falta histórica de políticas y reformas agrarias. “Programas de desarrollo rural para las comunidades que se han visto forzadas a recurrir a la coca, la eliminación de la práctica de tratar a los consumidores como delincuentes y una reforma a los paradigmas de la guerra contra las drogas y del sistema de salud, deben ser los pilares de una nueva legislación sobre el tema”, dijo Cepeda.
Donka Atanasova, candidata a la Cámara por la Alianza Verde, va más allá y dice que el Congreso debe propiciar diálogos con las organizaciones de cultivadores y consumidores para que “lo urbano, donde se concentran las dinámicas de consumo, entienda a lo rural, donde están los cultivos; y viceversa. Queremos implementar el concepto de ‘sustitución de cultivos no forzada’ que permita que haya cultivadores que destinen su producción a usos industriales, terapéuticos, medicinales e incluso recreativos, de plantas que hoy se consideran ilícitas. Programas que hagan parte de políticas de desarrollo regional que se desprendan de las negociaciones de paz ”, aseguró la candidata por Bogotá.
Daniel Raisbeck, candidato a la Cámara por los conservadores, tiene una apuesta ultra liberal sobre el tema. Dice que se debe legalizar abiertamente la comercialización, el cultivo y el consumo de marihuana y cocaína. “Un proceso que no podemos emprender solos. Colombia debe meterse en el camino de la legalización con países como México o Perú donde, además del crecimiento exponencial del consumo, tenemos dinámicas de cultivo, bandas dedicadas al narcotráfico y enfoques de la guerra contra las drogas. La aspiración debe ser tener un mercado regulado de estas drogas como existe el de tabaco y alcohol”, afirmó Raisbeck.
Seguramente, durante los próximos cuatro años habrá una reforma integral a la política de drogas que deberá pasar por el Congreso. Pero el debate no se limitará al Parlamento. El narcotráfico y sus dinámicas violentas han alimentado un conflicto de medio siglo que por fin parece estar ad portas de negociarse políticamente. La tendencia que impusieron países como Estados Unidos, Canadá y Uruguay con reformas regulatorias del consumo, presionan al mundo para que cambie de paradigmas frente a los estupefacientes. Llegó la hora de que Colombia decida si quiere quedarse con el título de paria que ha ostentado en 40 años que ya completa la Guerra contra las drogas, o se ponga a la vanguardia de un debate que puede liderar a nivel global.
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@CamiloSeguraA