“Desde que lo conozco, nunca he tenido conocimiento de que haya conformado grupos al margen de la ley. Su personalidad, su familia y su vocación cristiana no lo llevan a la conformación de estos grupos”. En estos términos, el exjuez y exfiscal Ramón Emiro Muskus Dumar defendió al exgobernador de Sucre Salvador Arana, hoy condenado a 40 años de prisión como determinador de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, así como coautor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Ahora es Muskus Dumar quien aspira a la Gobernación.
Según la Corporación Nuevo Arco Iris, cuenta con el apoyo de Enilce López, alias La Gata, la polémica empresaria del chance en Sucre, también condenada por nexos con el paramilitarismo, y el congresista de la U Bernardo Miguel Elías, investigado por la Corte Suprema por supuesta compra de votos. Es uno de los favoritos para quedarse con la Gobernación, aunque se le opone Héctor Hernández Manotas, quien según la misma corporación, es apoyado por el grupo político del exsenador Álvaro García Romero, hoy condenado en el escándalo de la parapolítica.
Ramón Emiro Muskus es natural de Sahagún (Córdoba), pero se hizo en Sincelejo, donde entre 1982 y 2001 se desempeñó sucesivamente como escribiente, oficial mayor, juez promiscuo de Colosó, Sucre y Sincelejo y, además, fiscal de esta última ciudad. Se retiró del Poder Judicial porque su amigo de muchos años, Salvador Arana, lo designó como su secretario privado, cargo en el que lo acompañó hasta el final de su mandato. Pero desde entonces, a ambos los persiguió un testigo que dio de qué hablar: Jairo Castillo, alias Pitirri.
Desde 2001, este personaje, cuando supo que lo iban a matar, acudió a la Fiscalía para denunciar la expansión del paramilitarismo en Sucre. Su testimonio fue vital en las investigaciones de la parapolítica por una simple razón: durante dos años había trabajado directamente con las autodefensas. Aunque no fue el único testigo fundamental de este proceso, sus declaraciones llevaron a la condena de tres gobernadores sucesivos en Sucre: Érick Morris, Salvador Arana y Jorge Eliécer Anaya. Casi diez años de gobiernos cuestionados.
Pero además de su ratificada información sobre varios excongresistas, exdiputados y exconcejales hoy condenados, Castillo Peralta agregó algunas frases para describir lo que en su criterio fue el papel cumplido por el actual candidato a la Gobernación de Sucre Ramón Emiro Muskus: “Este fiscal era el encargado de tapar las corrupciones y darle informaciones oportunas a Salvador Arana, influyendo en los otros fiscales para que soltaran a quienes estaban por procesos contra los paramilitares y gente de la política”.
En contraste, Muskus Dumar, cuando fue interrogado por un fiscal sobre su conocimiento de Castillo Peralta o alias Pitirri, observó que en 1996 lo tuvo privado de la libertad porque fue sindicado de ser el autor intelectual de varios homicidios en el municipio de San Marcos. Además, agregó Muskus, compulsó copias para que fuera investigado por el delito de concierto para delinquir derivado de conformación de grupos al margen de la ley. “No me explico cómo la Fiscalía lo metió en protección de testigos”, comentó el exfiscal.
En ese momento, la defensa de Salvador Arana estuvo a cargo de los abogados Luis Ignacio Lyons España y Alejandro José Lyons Muskus. El primero fue también defensor del excongresista y exgobernador del departamento Érick Morris en el proceso de la parapolítica y del contraalmirante de la Armada Rodrigo Quiñónez, quien resultó absuelto por presunta omisión de funciones y protección de derechos frente a las masacres que cometió el paramilitarismo a comienzos de 2000. El segundo aspira hoy a la Gobernación de Córdoba.
Y de manera coincidencial, Alejandro José Lyons Muskus también es natural de Sahagún y es el mayor de dos hermanos, hijos de un empresario agroindustrial y una magistrada. Aspira a gobernar al departamento más complejo en materia de orden público hoy en el país, con el apoyo a la sombra de los congresistas y exparlamentarios Musa Besaile, Martín Morales, Bernardo Miguel Elías, Nora García, Raymundo Méndez, Julio Manzur y Zulema Jattin. Es decir, cuenta con el poder político que gobierna en el departamento de Córdoba desde hace buen tiempo.
Su mayor opositor es Víctor Raúl Oyola, a quien apoya el denominado clan de los López, representado en el poder que durante muchos años ejerció el máximo elector del departamento Juan Manuel López Cabrales, quien resultó condenado por el denominado Pacto de Ralito, llamado así porque representó la unión de buena parte de los líderes políticos del departamento con los principales cabecillas del paramilitarismo para “refundar la patria” o capturar el poder local para fortalecer los intereses de la organización ilegal.
Ambos departamentos, como está documentado en las investigaciones de Justicia y Paz, fueron los más golpeados por la expansión del paramilitarismo. En Córdoba, la mano de Carlos, Vicente y Fidel Castaño creó una cultura de ilegalidad que todavía tiene eco en el departamento a través de las bandas criminales. En Sucre, el bloque Héroes de los Montes de María causó más de 50 masacres, miles de desplazados y una enorme ruina económica. El lastre del paramilitarismo en Sucre aún no se ha saldado.
Paradójicamente, sin superarse aún esta enorme tragedia social, hoy estos departamentos vecinos en fronteras y siameses en familias, cultura y costumbres, tienen un reto mayor: elegir gobernantes que puedan ayudar a superar su hora de dolor. Sin embargo, el dinero de las organizaciones ilegales está circulando sin mucho control y los líderes civiles apenas si tienen espacio para advertir lo que no puede volver a suceder. La historia reciente no miente y los antecedentes de algunos candidatos dan mucho de qué hablar. El electorado tiene en su manos el futuro.