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El paro nacional que empieza mañana es sin duda una de las pruebas más duras que tendrá que enfrentar el gobierno Santos en su último año. Y no sólo porque las movilizaciones prometen ser numerosas sino porque en ellas convergen algunos de los más visibles contradictores de la administración de la Unidad Nacional. Es decir, el paro no sólo está soportado en razones coyunturales de los diversos sectores que convocan sino que también reviste un duro pulso político entre el Gobierno y dirigentes de diferentes vertientes política.
A esto hay que sumarle la experiencia vivida en la región del Catatumbo (Norte Santander), donde el paro campesino duró más de mes y medio y los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública dejaron un saldo de cinco muertos y decenas de heridos. Por esta región fronteriza tuvieron que desfilar un sinnúmero de comisiones de Gobierno, con los más altos dignatarios del Estado, para acordar el levantamiento de los bloqueos.
A dos días de que se inicie el paro nacional, el Ejecutivo le salió al corte a la manifestación y a través del Ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció que no permitirán bloqueos ni alteraciones del orden público, por lo cual se han previsto que quien incurra en ese tipo de hechos podrá ser detenido entre 24 y 48 meses y hacerse acreedor a una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión ha subido el tono de los convocantes a las movilizaciones, quienes anunciaron que no se han previsto bloqueos pero advierten que serán marchas multitudinarias.
El Gobierno remató con una dura declaración del presidente Juan Manuel Santos, quien desestimó las amenazas y sostuvo que los inconformes son una minoría que están siendo “utilizados como idiotas útiles”. El mandatario fue un poco más allá y señaló que “hay intenciones de grupos armados al margen de la ley” para que la gente salga a protestar “constreñidos” por el poder de la violencia. Las declaraciones de presidentes fueron secundadas por el Ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, quien desde el Huila sostuvo: “No nos podemos quedar callados ante las minorías que amenazan con el paro”. Sin embargo, se tienen previstos cerca de 70 puntos de concentración en todo el país.
Del otro, se han organizado no sólo los dirigentes gremiales de un sector de cafeteros, transportadores, cebolleros, paperos, cacaoteros, arroceros, ganaderos o mineros, sino que se han alineado los principales opositores del Gobierno Santos. El Polo Democrático ha sido enfático en su apoyo a las movilizaciones, lo mismo ha proclamado el Centro Democrático del expresidente Uribe, así como también lo ha hecho la Marcha Patriótica y decenas de organizaciones sociales afines al movimiento que encabeza la exsenadora Piedad Córdoba. De alguna manera, este paro nacional reune no sólo las problemáticas puntuales de cada uno de los sectores que participarán de las movilizaciones sino también el ajedrez político que afila las lanzas para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año.
El precandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, manifestó su apoyo a la movilización de los cafeteros pero pidió evitar bloqueos o cualquier manifestación de violencia. En este mismo sentido se han expresado diversos dirigentes políticos, como la presidenta del Polo Democrático, Clara López, también candidata a las presidenciales de 2014. Desde la orilla de las centrales sindicales, Tarcisio Mora, de la Centras Unitaria de Trabajadores, señaló que “varios sectores han decidido participar en el paro del 19, debo decir que son la mayoría de sectores sociales. Vamos a protestar porque las organizaciones sindicales firmaron acuerdos y pactos con el gobierno que no se han cumplido”.
Del lado de los promotores de las movilizaciones está Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Cafetera y de la Mesa de Unidad Agraria, quien refirió que las marchas no buscan realizar bloqueos. “Nunca hemos llamado a la violencia. Es un paro que estaba anunciado desde hace mes y medio, pero el Gobierno nunca quiso atender nuestros reclamos. Ahora dice que con paro no habla, pero es que sin paro tampoco lo hicieron”, dijo Gutiérrez. Para Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, las advertencias del Gobierno son innecesarias pero reconoció que es imposible controlar a todos los miembros de la agremiación en el país.
Un grupo de congresista integrado por Ángela Robledo, Iván Cepeda, Marco Avirama, Hernado Hernández, Alba Luz Pinilla y Alexander López respaldaron las aspiraciones de la movilización que se inicia mañana, sin embargo, insistieron en la necesidad de crear espacios de interlocusión y diálogo para tramitar las solicitudes y soluciones.
Al final, es claro que a partir de mañana el país vivirá un nuevo capítulo de protestas sociales. Movilizaciones que tienen particularidades estructurales de cada uno de los sectores que se adhirieron al paro nacional, pero también un pulso encabezado por los principales dirigentes del escenario político nacional.
Las peticiones de la Marcha
Diversas organizaciones campesinas vinculadas a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y a la Marcha Patriótica presentaron un pliego de peticiones que contiene seis puntos. En estos se exige la implementación de medidas para enfrentar la crisis de la producción agropecuaria, agudizada por los tratados de libre comercio; acceso a la propiedad y reconocimiento de la territorialidad campesina; participación de las comunidades en la formulación de las políticas mineroenergéticas y el mejoramiento en el acceso de la población rural a los servicios básicos. Las organizaciones insisten en el reconocimiento constitucional de la economía campesina y advierten que el paro nacional es producto de años de abandono por parte del Estado.
Federación de Cafeteros no apoya el paro
La Federación Nacional de Cafeteros anunció tajantemente que no apoya el paro nacional y lanzó fuertes críticas a la llamada Dignidad Cafetera, disidencia promotora de las manifestaciones. En un comunicado público señaló: “debemos decir con claridad que el paro anunciado no encuentra ningún respaldo, menos solidaridad, en la Federación Nacional de Cafeteros. Por ese camino se están minando los bienes públicos que por décadas han protegido al productor cafetero. Gracias a estos, garantía de compra, servicio de extensión, entre otros, se han mantenido alejadas de las hienas de la especulación y de la intermediación, y se ha logrado que el mejor precio, llegue al productor de manera directa cada vez que saca su producción al mercado. Pero además, si ese paro se da se invalida el Acuerdo de Pereira y eso es muy grave para el ingreso del productor. Pone en gran riesgo el salvavidas actual de los cafeteros”.