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La captura de Luis Javier Rojas, quien portaba $613 millones en efectivo presuntamente de propiedad de las bandas criminales en un vehículo asignado al Congreso, parece ser apenas la punta del iceberg del gran escándalo en medio del cual se estarían usando los vehículos de la corporación para delinquir en diferentes partes del país.
Estos automóviles eran dados de baja por el Congreso y tenían que ser subastados, pero no se cambiaba el propietario por lo cual seguían con los mismos beneficios de los asignados a la corporación: no tenían pico y placa, podían parquear en las calles y, lo más preocupante, es que no podían ser objeto de inspecciones por parte de las autoridades. En síntesis, los móviles adecuados para transportar dinero ilegal, en este caso, sería para bandas criminales.
En medio de este escándalo también estaría involucrada la mamá de Luis Javier Rojas, Magdalena Morera, quien es la directora financiera del Senado y en últimas es la encargada de dar de baja los carros y entregárselos a la Comercializadora Nave Limitada, cuyo representante legal es el señor Nazareno Conrado, quien era el encargado de enajenarlos. Morera fue suspendida este martes mientras la Procuraduría adelanta una investigación interna por estos hechos.
En este negocio supuestamente se subastaron 265 vehículos entre 2012 y 2015 y, de estos, 80 no tuvieron ningún traspaso de documentos. Pero no es la única irregularidad. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación que se está realizando en la Dirección Administrativa del Senado, con acompañamiento del presidente de la corporación, Luis Fernando Velasco, los carros que eran entregados a Comercializadora Nave Limitada realmente no fueron objeto de subastas.
Un asunto que tiene a las autoridades en alerta pues esta empresa no solo ha adquirido vehículos del Congreso, también compra carros en otras entidades y con similares cualidades y condiciones, como por ejemplo, en la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, la Cámara de Representantes y la Dirección Nacional de Estupefacientes, a donde llevan los carros decomisados al narcotráfico.