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La gira por la transparencia electoral en el Meta —que encabeza el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo— levantó ampolla en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde por medio de una constancia firmada por los magistrados Ángela Hernández, Bernardo Franco, Alexander Vega y Armado Novoa, le reclaman al jefe de esa cartera por pretender “arrebatar” las funciones que constitucional mente le corresponden a la Organización Electoral.
Señala la constancia (ver facsímil) que ante el anuncio del Ministerio de anular la inscripción irregular de cédulas, el artículo 4° de la Ley 164 advierte que “sin prejuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción”. Queda claro que esta competencia es exclusiva del Consejo, por lo que los firmantes reafirman la independencia de esta entidad frente al Gobierno, tal como lo señala la Constitución.
Con un tono más alto, advierten que “la Organización Electoral es garantía para la no injerencia de órganos políticos del Estado en la regulación y vigilancia de los procesos electorales; su autonomía asegura la transparencia en los procesos que concretan la voluntad popular” y agregan que “exhortamos al Ministerio a dar el apoyo inmediato que requiere el CNE para combatir de manera efectiva la trashumancia e implementar las medidas necesarias para enfrentar la financiación privada de las campañas”.
En síntesis, los cuatro magistrados le plantean al ministro Cristo que si quiere apoyar al CNE, esto no se logrará irrumpiendo en sus facultades, sino dándole las garantías técnicas y presupuestales para poder, en este caso, anular las inscripciones irregulares. Tal es la molestia que los magistrados plantean la posibilidad de volver a la época en que los alcaldes tenían la facultad de anular las cédulas, que fue uno de los factores que degeneraron en violencia previa a las elecciones.
Lo que queda en evidencia también es una fuerte división en el interior del CNE, pues de la mano del ministro Cristo estaba el presidente del organismo, Emiliano Rivera, quien formó parte de la gira por la transparencia, que estuvo ayer en Chocó y Meta. Rivera habló con El Espectador sobre este asunto y afirmó que “no se han anulado cédulas, se está haciendo es una revisión del intento de fraude y esto llegará a la Sala Plena”. Pero agregó que continuará participando en estos recorridos, porque el interés del Gobierno es apoyar la transparencia electoral y no inmiscuirse en asuntos propios del CNE.
“Las únicas herramientas que tenemos nos toca prestadas, nos toca valernos de la Registraduría, tenemos que pedir al Ministerio de Salud las bases de datos de los afiliados para identificar sus sitios de residencia. Con ellos estamos trabajando, pero si pretenden no hacer nada, que lo hagan, todos se quejan de la trashumancia y tenemos que trabajar de la mano del Estado para enfrentarla. Acá las diferencias no son contra el Gobierno, lo importante es enfrentar a las mafias políticas”, afirmó Rivera.
En riposta, Novoa señaló que “estamos a favor de las medidas contra la trashumancia y el Gobierno nos debe prestar su apoyo, no arrebatarnos unas funciones. Las cosas hay que hacerlas bien en el marco de las competencias de cada entidad del Estado. Si el Ministerio está preocupado, lo acompañamos en su preocupación, pero debe darnos las herramientas y no inmiscuirse”.
Lo que sí es claro es que el CNE no cuenta con autonomía presupuestal y tampoco tiene la forma de manejar bases de datos. La anulación de las cédulas inscritas de forma irregular depende de la información que entreguen otras entidades y la pelea en el interior del Organismo Electoral está entre quienes piensan que es válido el apoyo del Gobierno y quienes aceptan el respaldo, pero de lejos.