La clarificación del decreto 1465

El Incoder y el senador Robledo coincidieron en que no se busca reglamentar la acumulación de baldíos, sino hacer más expeditas las normas para recuperar las tierras del Estado.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, explicó los alcances del decreto
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, explicó los alcances del decreto

La aparición de un decreto firmado por el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, desató una controversia en torno a cuál es el objeto de dicho acto administrativo. Para algunos es un salvavidas que pretende legalizar la acumulación de tierras baldías; para otros, no es otra cosa que la reglamentación de una serie de instrumentos cuyo fin es hacer más ágiles y expeditos los procesos de reforma agraria que el gobierno Santos ha venido anunciando.

Ante las acusaciones de que con el decreto 1465 de 2013 se les quiere dar garantías jurídicas a quienes invierten en la agroindustria, el Gobierno y sus principales opositores han convenido salir a desmentirlas y explicar los alcances de la norma. Incluso para el senador Jorge Enrique Robledo, quien denunció las presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos en la Orinoquia por parte de Riopaila Castilla y Cargill, este decreto no tiene relación con los señalamientos de acumulación de baldíos. “El decreto no dice que la ley de baldíos se aplicará del 94 hacia adelante, como lo dijeron algunos medios de comunicación, pero lo que sí me temo es que eso lo intentarán a través del proyecto de ley que el Gobierno viene anunciando sobre la materia”, explicó Robledo.

Para el Ministerio de Agricultura y el Incoder hubo una mala interpretación del documento, pues en él no se trató el tema de la concentración de tierras en extensiones superiores a las unidades agrícolas familiares (UAF). En un comunicado público, señalaron: “El gobierno nacional diseñará un instrumento legal para abordar y tramitar las situaciones generadas en torno a la concentración de tierras que superan la UAF, pero el mismo tendrá lugar a través de un proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura, y no tiene relación alguna con el decreto 1465, cuyo objeto refiere a otras materias agrarias”.

Sobre los alcances del acto administrativo, el Incoder expresó que, dado que el Gobierno viene implementando un plan de restitución por vía administrativa y pretende crear una bolsa de tierras de un millón de hectáreas, se requieren “procedimientos más ágiles y eficaces, que permitan la materialización de las decisiones” para hacerlo posible. “El decreto regula los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde de terrenos comunales, extinción del dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, reversión y revocatoria de adjudicaciones y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, todos estos procesos vigentes históricamente desde la Ley 135 de 1961 y actualmente en la Ley 160 de 1994”, refirió el Ministerio de Agricultura.

Al final, el Gobierno dejó claro que no se busca dar garantías a los grandes inversionistas en el agro y dice que para ellos ya se radicará un proyecto de ley que clarifique las reglas de adquisición de tierras baldías y acumulación de propiedades. Por ahora, el decreto 1465 de 2013 no es más que la actualización de las normas que el Estado puede utilizar para hacer más ágil la implementación de su proyecto de desarrollo rural. Y específicamente esta norma toca temas referentes a la extinción de dominios a quienes no cumplieron con la función social o ambiental asignada, recuperación de baldíos por indebida ocupación, instrumentos para saber quién es el dueño de la tierra y revocación de baldíos mal adjudicados.