Fueron más de 200 los artículos del nuevo Código de Policía aprobados la semana pasada por la plenaria del Senado, por lo que quedan sólo 15 por ratificar hoy, en la carrera contra el reloj de una iniciativa que sigue generando una ardua discusión. Es claro que se trata de una normatividad vigente en el país desde 1971, por lo que se requiere una profunda actualización, pero aunque se diga que el propósito es “garantizar la sana convivencia” y darles un alcance mayor a las medidas policivas para sancionar los malos comportamientos de los ciudadanos, varias de las normas incluidas, dicen sus críticos, van en contra de derechos constitucionales.
Si bien para el senador ponente, Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, se trata de un código de “carácter preventivo, no sancionatorio”, que apunta a persuadir a la gente para que actúe con un comportamiento que permita mantener la convivencia pacífica, de acuerdo con el senador Alexánder López, del Polo, la norma está construida “sobre la base de perseguir a la gente, pues Colombia es un país donde los derechos fundamentales son vulnerados todo el tiempo”, y es además “un pasaporte que le otorga a la Policía la opción de hacer todo tipo de montajes contra los ciudadanos”.
De hecho, los 15 artículos que están pendientes por aprobar tienen que ver con los derechos fundamentales, aunque, según expresó Varón Cotrino, ya están revisados y aprobados por la Corte Constitucional. Se trata de los temas concernientes a los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, traslado para procedimiento policivo, asuntos del medioambiente, medidas para el control de la minería, registro nacional de multas, integración de sistemas de vigilancia, ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública, e ingreso a inmueble sin orden escrita.
Precisamente este último punto, la habilitación a la Policía para que entre a un domicilio sin orden judicial, es el que despierta más malestar entre los defensores de las libertades ciudadanas. Si bien la intención es garantizar la protección de una persona que se encuentre en peligro dentro de una vivienda, la decisión final “en caliente” estará en manos del uniformado que acuda al lugar en el operativo. “Lo que planteamos es que el derecho a la vida está por encima del derecho a la inviolabilidad del domicilio”, dice Varón Cotrino.
Otro tema que genera polémica es el relacionado con las “medidas de protección a los ciudadanos” que podrían aplicar los policías. El artículo 158 señala que resistirse al “traslado por protección”, cuando se esté embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, llevará a que se pueda aplicar al infractor una multa o amonestación, y la obligación de participar en programas pedagógicos que incluyen la construcción, el cerramiento o la reparación de inmuebles. En este caso, de nuevo la última palabra queda en manos de los uniformados.
De otro lado, aunque en los acuerdos de paz logrados hasta el momento entre el Gobierno y las Farc en La Habana se habla de garantizar que los ciudadanos, como sujetos de derecho, puedan acudir a la protesta social, el Código en trámite lleva a pensar que la intención es la contraria. El artículo 53 plantea una serie de limitaciones frente a la protesta que, de manera espontánea, pueden hacer muchos ciudadanos. De acuerdo con el texto, toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público; sin embargo, deberá avisar por escrito presentado ante la primera autoridad política del lugar con 48 horas de antelación al evento. Como quien dice, en ciudades como Bogotá, donde periódicamente la gente inconforme protesta contra el funcionamiento de Transmilenio, no podrán volver a hacer esos reclamos sin el previo aviso a las autoridades.
En el proyecto de nuevo Código de Policía también se promueven medidas tendientes a castigar las malas conductas que muchos ciudadanos tienen a diario en comunidad. Por ejemplo, se establecen normas para sancionar a quienes afectan la tranquilidad en un vecindario. Uno de los mayores registros de llamadas a la Policía —principalmente los fines de semana, en horas de la madrugada— obedece a los altos volúmenes de la música en muchas viviendas. Al respecto, se establecen medidas encaminadas a permitirles a los uniformados identificar, registrar y desactivar “temporalmente” la fuente del ruido que afecte un vecindario. Eso sí, no queda claro si ello implica que puedan ingresar a un inmueble, por ejemplo, a apagar un equipo de sonido.
También está lo relacionado con los grafitis. En el capítulo de cuidado e integridad de los espacios públicos se establece la prohibición de pintar en postes, fachadas, antejardines, muros y paredes. Es más, en caso de que el grafiti sea en una escultura, el infractor deberá limpiarla y asearla. De otro lado, se establecen normas para evitar comportamientos que afecten la armonía entre los ciudadanos en el transporte público. Según el proyecto, serán objeto de sanción quienes evadan el pago de la tarifa para acceder al medio de transporte, es decir, quienes se “cuelan” en los sistemas. Y la mala práctica que a diario se presenta de impedir la salida y el ingreso de los pasajeros también será objeto de sanciones, por “obstaculizar” el normal funcionamiento.
De momento, una subcomisión en el Senado estudia los puntos polémicos y hoy presenta un informe a la corporación para la aprobación definitiva de la iniciativa en el segundo de cuatro debates. Y ahí viene el otro problema: su paso por la Cámara de Representantes, donde, según algunos congresistas, los tiempos ya no alcanzan, pues quedan apenas siete semanas de legislatura. Lo adviertela senadora liberal Viviane Morales: “Ya no alcanza a salir, es irreal, no alcanza a aprobarse”. Si es así, sería otro intento fallido de los muchos que se han hecho en los últimos años.