Colombia, al banquillo de los derechos humanos

“Nuestra intervención empezará con el tema de la paz. Se reafirmará la voluntad de firmar un acuerdo y de pedirle a la comunidad internacional que nos ayude para que la guerrilla cese la violencia, el uso de minas antipersonas y el reclutamiento forzado. La comunidad internacional podría también pedirle a la guerrilla voluntad para construir un acuerdo de paz”.

Las palabras son del vicepresidente Angelino Garzón. Ese es el abrebocas de la exposición que la misión colombiana, conformada por más de 30 personas de diversos sectores del gobierno, hará  hoy en la tarde, en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Colombia, por segunda vez, se sienta en el banquillo de los derechos humanos.

Es el compromiso que tiene el país, como todos los que hacen parte del sistema de las Naciones Unidas: atender el Examen Periódico Universal (EPU). En una dinámica donde la escasez de tiempo reina, la misión que encabeza el vicepresidente Garzón está en Ginebra con el propósito de contar, en materia de derechos humanos, en qué se ha avanzado y en qué no desde diciembre de 2008, fecha en que Colombia tuvo por primera vez que rendir cuentas en un EPU.

En esa ocasión, el escándalo de los falsos positivos ya había estallado y ya se había convertido en una preocupación mayúscula en el escenario internacional. Hace cuatro años, una de las recomendaciones que se le hicieron a Colombia fue precisamente ir al corazón de esta problemática y tomar las medidas necesarias y “enérgicas” para prevenir casos futuros, para hacer justicia y para atender a las víctimas.

Se sabe que el tema de las ejecuciones extrajudiciales no pasará desapercibido en este EPU. El representante en Ginebra por parte del Ministerio de Defensa es el viceministro Jorge Enrique Bedoya, quien afirmó que ante las Naciones Unidas el Gobierno reiterará que “Colombia está abierta al escrutinio y ningún caso por violación de derechos humanos o Derecho Internacional Humanitario se quedará sin investigar”.

Bedoya dejó claro, eso sí, que el Gobierno no retirará su respaldo a la reforma constitucional que se realizó sobre el fuero militar, criticado por relatores de la ONU y hasta por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay. El vicefiscal Jorge Perdomo, delegado de la Fiscalía para el EPU, señaló que se está trabajando en una directiva para que los fiscales sepan cómo interpretar esta modificación a la Carta Política, pero que de ninguna manera esta reforma producirá que, por ejemplo, un proceso de ejecución extrajudicial termine en manos de la Justicia Penal Militar.

En 2008, países como Uruguay le recomendaron a Colombia “hacer todo lo posible por alcanzar acuerdos con la o las guerrillas para alcanzar la paz” y, tal como lo advirtió el vicepresidente, esta cuestión será crucial en Ginebra. Cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que la responsabilidad penal que podrían asumir los guerrilleros que dejen las armas es una discusión hoy en el ojo del huracán, en el marco de las negociaciones que se desarrollan en La Habana con las Farc.

La comunidad internacional tampoco piensa dejar de lado este asunto. Ya hace cuatro años, Chile —precisamente uno de los países latinoamericanos que suelen ser usados como referencia sobre leyes de punto final— le había dicho a Colombia que impidiera que cualquier miembro de la guerrilla, los paramilitares o la Fuerza Pública acusado de violaciones graves contra los derechos humanos se beneficiara con leyes de amnistía.

El vicepresidente, por su parte, insiste en que Colombia “es un país en progreso, en busca de la consolidación de la democracia y la paz, que lucha contra la impunidad”. Sin embargo, como él mismo lo advirtió, el polémico Marco Legal para la Paz no será objeto de escrutinio en el EPU. El tema de los derechos humanos abarca, por supuesto, mucho más que los asuntos relacionados con el conflicto. De la misión colombiana hace parte también, por ejemplo, Andrés Felipe Herreño, asesor del Departamento para la Prosperidad Social. Su objetivo es demostrar cómo Colombia está esforzándose por reducir los índices de pobreza, gran enemiga de los derechos humanos. Una misión difícil de lograr en un país que, de acuerdo con índices de medición como el Gini, está en la lista de los 10 más desiguales del planeta.

Muchos serán los asuntos a tratar este martes 23 desde el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. Los representantes del Estado colombiano contarán, por ejemplo, que desde 2008 Colombia ha ratificado tratados como la convención contra la desaparición forzada o contra el terrorismo, que ha incrementado la lucha contra la violencia de género y que sigue, asimismo, combatiendo el reclutamiento forzado de menores, otro de los puntos que generan gran inquietud en espacios internacionales.

Entre los países que se anotaron para intervenir durante el EPU de Colombia están algunos europeos, como Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Irlanda; entre los latinoamericanos están Venezuela, El Salvador y Guatemala; incluso el estado de Palestina participará. Al final de esta semana, Colombia se llevará un conjunto de recomendaciones de estas y otras naciones. Y en cuatro años y medio, de nuevo, Colombia se sentará en este banquillo de la ONU para examina la situación de derechos humanos en Colombia.

El informe de las ONG

Mientras el Estado colombiano se alista para presentar sus logros en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas, varias ONG se aprestan a revelar las que, para ellas, son las sombras de la política de derechos humanos del gobierno de Juan Manuel Santos. En un informe que será presentado a la opinión pública internacional hoy, varias ONG, entre ellas la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto, alertan sobre la impunidad que en Colombia ha rondado los crímenes de sindicalistas, periodistas, miembros de la comunidad LGBTI, la desaparición forzada y el reclutamiento.

Denuncian, además, la continuidad del escándalo de los falsos positivos, las acciones de las bandas criminales; que, en su criterio, la situación de derechos humanos sigue siendo preocupante y que falta mucho para que comunidades como la LGBTI, la indígena y la afrocolombiana sean protegidas. Mediante cifras que distan mucho de las que presentará el Gobierno (ver infografía), las ONG advierten que en durante el gobierno Santos la situación de derechos humanos ha empeorado. Critican fuertemente la reforma al fuero penal militar porque, en su criterio, “es un retroceso, ya que se permite que la Justicia Penal Militar investigue detenciones arbitrarias, tratos crueles, crímenes de guerra, y que asuma la competencia para conocer las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que en el pasado ha generado impunidad”.

Por último, les dan un espaldarazo a los diálogos en La Habana, pero con condiciones. Para estas ONG, hay que “abstenerse de dar pasos hacia el escalamiento del conflicto, como mecanismo para obtener ventajas durante las conversaciones; respetar, de manera inmediata, el Derecho Internacional Humanitario e iniciar lo más pronto posible el cese de hostilidades”. Se espera que el concepto de estas ONG sea tenido en cuenta por los países que aceptaron escuchar a Colombia y hacerle recomendaciones cuando pase al banquillo.

*Invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos, a través de un programa patrocinado por la Cancillería suiza.