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“Nuestro reporte es de 607 víctimas por minas antipersonal desde el inicio de los diálogos de paz, en octubre de 2012. De ellas, 57 son menores de edad y 165 son catalogadas como víctimas civiles”. Así lo dijo Álvaro Jiménez Millán, coordinador nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), quien clamó al Gobierno y a las Farc —y al Eln, si entra en un proceso de paz formal— para que construyan “un acuerdo especial sobre las minas desde ahora”.
Las cifras de las que habla Jiménez están consignadas en el Monitor de Minas Terrestres 2014, una publicación anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (galardonada con el Premio Nobel de Paz en 1997) y la Coalición sobre las Municiones en Racimo. Este estudio mundial es liderado por investigadores de ambas organizaciones y representantes de oenegés como Handicap Internacional, Human Rights Watch, Mines Action Canada y Norwegian People’s Aid.
De acuerdo con el informe, Colombia es el segundo país con más niños afectados por estos artefactos. Afganistán es el primero, con 487; Colombia le sigue con 57 y luego vienen Siria (50), Pakistán (45) y Yemen (40). Los menores de edad “representan casi la mitad (46%) de todas las víctimas civiles a nivel mundial (...), es decir, 1.112 de las 2.403 víctimas totales. Lo anterior significó un aumento del 39% de lo registrado en 2012”, reza el documento.
- Propuestas para La Habana
El lanzamiento del informe coincide con una propuesta hecha por la Campaña Colombiana Contra las Minas para que, antes de que un acuerdo que dé fin al conflicto sea firmado, el Gobierno y las Farc construyan “un acuerdo especial que permita remover las minas antipersonal de 57 zonas identificadas en 10 departamentos de Colombia (Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo)”.
Por motivos de seguridad y humanitarios, las zonas específicas de más alta densidad de minas no son revelados por la campaña. Sin embargo, los pormenores del estudio sí serán entregados al Gobierno para que pueda identificar donde son necesarios mayores esfuerzos para el desminado humanitario. Incluso, serán entregadas propuestas concretas para que, mientras persista la guerra, sean organismos humanitarios los que hagan las operaciones, con el visto bueno de las partes del conflicto.
Incluso, en una reunión en Fortul, Arauca, celebrada en los últimos días de noviembre, representantes de los partidos políticos (tanto de izquierda como de derecha), de organizaciones campesinas, sindicales y de derechos humanos, le dieron más fuerza a la idea. Plantearon que, hasta que se consiga ese acuerdo parcial sobre este tipo de armas, Arauca se convierta en un “laboratorio” de desminado humanitario.
La situación de las minas antipersonal en Arauca así lo demanda. Allí se han registrado 595 víctimas, entre civiles y militares, por minas antipersonal y municiones sin explotar, desde 1990 hasta septiembre de 2014. Además, este departamento se encuentra entre los cinco que concentran el 51% de los eventos con estos artefactos explosivos y también se ubica entre los cinco con mayor frecuencia de incidentes y accidentes, según estadísticas de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Daicma).
Ambas propuestas fueron enviadas a Antonio García, jefe de la delegación del equipo de conversaciones para la paz del Eln; Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc en la mesa de conversaciones de La Habana; Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, y a la Conferencia Episcopal Colombiana, el Ministerio del Interior y las autoridades civiles y eclesiásticas de Arauca.
Ahora que se empiezan a ventilar en Cuba mecanismos para “desescalar” y humanizar el conflicto, la propuesta de estas organizaciones puede dar luces para atajar el uso de estas armas proscritas y que, está demostrado, terminan atentando contra quienes nada tienen que ver con la confrontación.