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Si algo ha logrado el Gobierno con el manejo de su política exterior, es conseguir que gran parte de la comunidad internacional apoye abiertamente el Acuerdo de Paz con las Farc. Por eso, sorprendió la carta que envió el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, a la Corte Suprema de Justicia, en la que le reclama por haber dejado en libertad a un miembro de esa guerrilla que era solicitado en extradición por ese país.
Se trata de Julio Enrique Lemos Moreno, conocido como Náder, quien en febrero pasado fue capturado cuando salió de la zona veredal donde permanecía. Desde 2009 la Fiscalía lo investiga por secuestro y narcotráfico. El reclamo del embajador Whitaker pone sobre la mesa uno de los temas más polémicos del Acuerdo de Paz: la extradición.
El texto puntual del acuerdo final de paz dice que “no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia”. Todo, por supuesto, bajo la premisa de que dichos delitos serán juzgado por la Jurisdicción Especial de Paz, sistema al que se acogió Náder y que motivó a la justicia colombiana a dejarlo en libertad.
Eso explica, en gran medida, la respuesta que dio el presidente Juan Manuel Santos sobre el tema y de forma indirecta: “Señor nuevo presidente (Rigoberto Echeverri) de esa importante Corte (de Justicia), sus fallos, los fallos que ustedes emiten en cumplimiento de esa Constitución y de esos acuerdos, deben tener el respaldo de todo el país y de toda la comunidad internacional. Acatamos los fallos de la Corte y siempre los acataremos, esos fallos no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros”, dijo el jefe de Estado.
Y es que con el avance de la implementación del Acuerdo de Paz, lo pactado en La Habana ha llegado al sistema judicial. En manos de jueces, fiscales y magistrados está el cumplimiento de lo que las Farc han llamado su seguridad jurídica, que consiste, básicamente, en que se hagan efectivos la amnistía y el indulto de sus miembros y que se proceda a dejar en libertad a quienes están presos, para que así sea la Justicia Especial de Paz la que juzgue los crímenes realizados durante el conflicto.