La actual situación que viven Colombia y Venezuela no comenzó hace una semana. Acciones aparentemente menores del vecino país enviaban claras señales de que la atmósfera de cooperación que las dos naciones habían alcanzado tras la restitución de relaciones en 2013 podría acabar en cualquier momento.
En diciembre de 2014 los medios de comunicación de los dos países comenzaron a registrar un aumento desmedido en las deportaciones de colombianos. Mientras el año anterior, según datos de la Cancillería, fueron deportados 1.772 connacionales, en los primeros cinco meses de 2015 la cifra había superado los 2.510. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, se reunió en mayo con los defensores del Pueblo de ambas naciones y funcionarios de migración. “Los gobiernos están trabajando en la implementación de un protocolo que garantice el respeto de los derechos de los ciudadanos colombianos inmersos en procesos de deportación”, señaló entonces.
Pero las deportaciones continuaron. Decenas de colombianos seguían llegando “con apenas la ropa, luego de ser detenidos y maltratados por la Guardia Nacional Bolivariana”, según reportó el Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf) en julio. ¿Por qué no se hizo nada entonces? Según analistas, faltó prevención ante una escalada que había comenzado incluso muchos meses atrás, con señales clarísimas como el cierre nocturno de la frontera —que ya cumplió un año sin ningún balance positivo como muestra la actual crisis—, la limitación del tránsito de vehículos en los municipios limítrofes y el tope impuesto al envío de remesas a Colombia.
Sin embargo, lo más grave ocurrió una semana después de la implementación de la Operación Libertad del Pueblo (OLP), que, de acuerdo con las voces oficiales venezolanas, tenía como objetivo combatir la inseguridad y la delincuencia. Inti Rodríguez, investigador de la ONG venezolana Provea, explica que las redadas masivas en zonas populares, bajo dicha operación, cambiaron de repente de enemigo: el 20 de julio el Gobierno anunciaba que el objetivo era la desarticulación de paramilitares. “A partir de ese día comenzamos a registrar detenciones arbitrarias de ciudadanos colombianos —contabilizamos 20 en el mes de julio—, gente que permanecía en comisarías de Caracas por más de 20 días sin una acusación, sin un cargo, sin acceso a un abogado, sin derecho a nada, por el simple delito de ser colombianos”, señala Rodríguez, y afirma que la situación fue conocida por el consulado colombiano. Los números recogidos por Provea dan cuenta de 40 colombianos detenidos en operativos en agosto, de los cuales la mayoría, a pesar de tener sus documentos en regla, han sido deportados de forma sumaria. “No se estudian los casos, no se respeta nada, la operación es claramente un operativo xenófobo, anticolombiano”.
Algunos culpan del silencio colombiano al “síndrome de La Habana”, como se ha llamado, al papel de Venezuela en la mesa de diálogo con las Farc. Otros, a la llamada “diplomacia discreta” de la Cancillería (manejar los problemas a nivel del Gobierno y no por los micrófonos), algo que ha dado notables resultados, pero que analistas califican como “demasiado secreta”. “Está bien no caer en el juego del discurso explosivo de Maduro porque eso aleja cualquier solución, pero hay que decir las cosas”, aseguró en Blu Radio la internacionalista Sandra Borda.
Del lado colombiano también hay quienes han intentado pescar en río revuelto, exigiéndole al Gobierno alzar más la voz. “Si bien faltó más acción, no se le puede exigir que confronte a Maduro”, explicó la exembajadora María Luisa Chiappe, quien, como muchos, insiste en que la única solución es un diálogo fluido y firme.
La canciller Holguín pidió a la comunidad internacional verificar la situación en la frontera. El lunes, la Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá el tema durante una sesión del Consejo Permanente, mientras la CIDH pidió el fin de las deportaciones masivas de colombianos. Por su parte, Naciones Unidas dijo que era necesario mantener un “diálogo constructivo”. Un logro para visibilizar la situación, aunque la solución al problema sólo llegará a través de un diálogo bilateral, coinciden expertos.
El secretario general de Unasur, Ernesto Samper, a pesar de las críticas recibidas por su “alineamiento con Venezuela”, tendría un papel clave en la resolución del problema, pues cabe recordar que fue gracias a su mediación que se logró que Maduro modificara el decreto 1787 emitido en mayo, que señalaba como venezolanas aguas todavía en disputa entre los dos países.
La próxima semana será clave. Las cancilleres, así como los ministros de Defensa, se reunirán para bajar la tensión. Algo que se anticipa complicado con las últimas declaraciones de Maduro: “Hace un año le dije a Santos que hiciéramos un plan para combatir el contrabando, los ataques contra la moneda, el paramilitarismo y el crimen. Del lado colombiano no han hecho nada, (...) Ahora no me va a parar nada ni nadie”, dijo, al tiempo que anunciaba el cierre de otro sector de la frontera en Táchira.