El comandante del Ejército, general Alberto Mejía, manifestó ante la Comisión Primera del Senado su desacuerdo con aumentar las excepciones para la prestación del servicio, al considerar que los soldados son necesarios para labores de defensa, pero sobre todo de cara al fin del conflicto, donde se enfocarán en labores de infraestructura y hasta de desminado humanitario.
“Esto tiene impacto en el proceso de paz y en la seguridad nacional. Nos piden más puentes, más carreteras más obras; también tiene impacto en el desminado humanitario, vamos a crear una brigada para eso, ese trabajo se hace con soldados. Necesitamos que las leyes protejan el servicio militar. Las excepciones nos hacen cada vez más difícil el trabajo para incorporar los contingentes”, afirmó Mejía.
La respuesta de la senadora Viviane Morales, autora del proyecto, no se hizo esperar: “Entiendo que esté preocupado, señor general, pero lo más preocupante no son las exenciones o la objeción de conciencia. El problema es la discriminación que existe en el servicio militar. El 99,7 % de los soldados bachilleres son jóvenes que pertenecen a estratos 0, 1, 2 y algunos del 3. En los estratos 4, 5 y 6 no se presta servicio militar. Los que no cumplen no es por objeción de conciencia, sino porque no pueden pagar”, dijo.
La senadora, con cifras en mano, reveló que en 2012, pagaron la libreta 97 mil jóvenes y en 2013 lo hicieron 88 mil. Según indicó, el que no presta servicio es porque puede pagar, porque los pobres, los campesinos, los que no tienen dinero, sí tienen que ir al Ejército. Incluso, Morales reveló que son cerca de 150 los jóvenes que no han prestado servicio siendo objetores de conciencia, por considerar que tienen convicciones pacifistas. “Esta cifra no afecta a las Fuerzas Militares y no se entiende cómo un país que busca la paz no respeta la objeción de conciencia de quienes, por principio, no quieren estar en la guerra”, concluyó.