Así lo dejó ver ayer el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, quien antes de entrar al Palacio de Convenciones alertó que la insurgencia ve como un obstáculo que puede frenar el trabajo de la mesa de diálogos el hecho de que no se conforme “una comisión de esclarecimiento de las causas y responsabilidades del conflicto como una condición” para abordar el asunto de víctimas y los máximos responsables.
“Esta comisión no es la de la verdad que propone el Gobierno para después de la firma de un eventual acuerdo de paz, con la cual estamos de acuerdo, y compartimos que deberá tener su propio período y duración”, señaló el comandante guerrillero.
Márquez fue enfático en que “que si no se establece el origen del conflicto y su verdad histórica, no puede haber paz, ni reconocimiento de sus víctimas, ni justicia ni reparación”, y propuso que dicha comisión aborde el estudio del período histórico entre 1936, cuando se expidió la Ley 200, de reforma agraria, y nuestros días.
“No se trata de colocar contra la pared al Estado, ni de desatar insolubles consecuencias judiciales, ni cacerías de brujas, sino de establecer el cuadro completo de los horrores de la violencia y las consecuencias de la respuesta popular, para que, una vez establecida la verdadera historia de lo ocurrido en seis décadas de confrontación fratricida, puedan las partes, las víctimas y la opinión, encontrar una salida, necesariamente política, a la vorágine violenta que persigue a Colombia y que no permite labrar nuestro destino de justicia, en democracia, soberanía y paz”, refirió el jefe insurgente.
Al final, Márquez señaló que “no hemos venido a la mesa de La Habana a negociar impunidades” e hizo un llamado para que los movimientos políticos y sociales del país defiendan y respalden el proceso de paz.