La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó ayer, en su séptimo debate, la polémica reforma a la justicia. A pesar de que el articulado no tuvo mayores modificaciones respecto al aprobado en Senado, las críticas a la iniciativa siguen rondando los pasillos del Congreso. Uno de los puntos que fue aprobado es la eliminación de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, la cual será sustituida por una Comisión de Aforados Constitucionales. Sin embargo, para algunos analistas y parlamentarios, “nos encontramos ante un cambio de nombre”.
El texto aceptado por la Comisión de Asuntos Constitucionales determinó que la denominada Comisión de Aforados Constitucionales estará encargada de instruir la investigación de los funcionarios aforados que enfrenten un juicio político en el Congreso de la República. Los miembros de esta Comisión serán elegidos por la Cámara de Representantes. No obstante, el número de sus miembros, sus funciones y sus perfiles se determinarán en la ley estatutaria que reglamentará el acto legislativo.
Para el parlamentario del Polo Democrático y uno de los más férreos opositores a la iniciativa, Germán Navas Talero, en realidad el único cambio en la desprestigiada “Comisión de Absolución” es el nombre. “Será una Comisión que preparará una especie de sumario para que sea estudiado por las plenarias de Cámara y Senado. Están cocinando una propuesta para que esa Comisión esté conformada por cuatro o cinco magistrados que tendrán la condición de no ser servidores públicos, pero esto es grave porque al no serlo no tendrán vigilancia de los organismos de control y la dichosa Comisión será una fuente de impunidad. Es tan inútil como la Comisión de Acusación”, afirmó el congresista.
Por su parte, el representante Guillermo Rivera sostuvo que el articulado conserva la Comisión de Aforados Constitucionales, pero, a diferencia de lo planteado por el Senado, en el acto legislativo no se va a desarrollar la manera como operaría. “Lo que hacemos es que el desarrollo y los requisitos deben ser transmitidos a la ley estatutaria. La Comisión de Investigación y Acusación adelantaba investigaciones de carácter penal y disciplinario, aquí lo que estamos estableciendo es un juicio político”.
Si bien uno de los avances en esta materia es la separación de las investigaciones disciplinarias y penales de los juicios políticos, para muchos el temor es que mientras la Cámara de Representantes siga teniendo el poder sobre la corporación encargada de juzgar a los aforados, los juicios políticos nunca saldrán de las carpetas de la comisión encargada.