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En una especie de diario, los pobladores de esta comunidad de paz, organizada a orillas del río Atrato, registró lo que ha venido sucediendo en los últimos diez días. Según ellos han visto movimientos de tropas del Ejército y los paramilitares que amenazan a los miembros de esta comunidad y cometen otras violaciones a los derechos humanos.
“El miércoles 12 de octubre de 2016, la Comunidad tuvo conocimiento de que un grupo de paramilitares que venía de la vereda Arenas Bajas llegó hasta la vereda La Unión con intención de asesinar a Reinaldo Areiza, pero él no se encontraba en la vivienda al momento. En días posteriores paramilitares residentes en el poblado de Nuevo Antioquia confirmaron que habían buscado a Reinado en La Unión para asesinarlo y no lo habían encontrado”, consigna la denuncia.
A renglón seguido sostienen que pobladores de la región han informado a los líderes de la comunidad que ha habido encuentros amistosos entre Fuerza Pública y estos grupos delincuenciales para compartir información sobre la zona y sus pobladores.
La denuncia también informa que el día 18 de octubre “un contingente del Ejército de aproximadamente 100 hombres hizo presencia en las propiedades privadas de nuestra Comunidad de Paz en la vereda de Arenas Altas, particularmente en la escuela donde cocinaron sin permiso alguno, y al retirarse dejaron allí un chaleco militar, un teléfono celular y material bélico, cuatro proveedores con sus respectivas municiones y tres calcetines con abundante munición para arma de largo alcance, y una camisa militar”.
La comunidad de paz, procedió a enterrar el material encontrado para evitar que fuera manipulado por los niños que estudian en esta escuela y elevaron la denuncia a organismos nacionales e internacionales, adjuntado incluso las pruebas fotográficas y de video recabadas. Dos días después y ante las alertas de varios pobladores de que había movimientos de tropas militares y paramilitares, e incluso situaciones que incluyeron disparos de armas largas se organizó una comisión humanitaria para que averiguara con el comandante de la zona sobre lo que estaba ocurriendo.
“Al llegar, fueron inmediatamente abordados por las tropas militares acantonadas en dicho asentamiento comunitario, los cuales en forma airosa profirieron amenazas contra nuestros miembros de la Comunidad de Paz allí presentes, afirmando entre otras cosas, que ellos portaban fusiles y armas diseñadas solo para matar, y que las utilizarían en cualquier momento. Todas estas amenazas quedaron registradas y filmadas por la Comunidad”, refiere la denuncia.
Al final, la comunidad recibe una delegación de la Defensoría del Pueblo, la cual toma nota de las denuncias y recibe el material bélico dejado por los militares y escondido por la comunidad. Valga recordar que esta comunidad de paz ha sido víctima del conflicto armado en diversas ocasiones. Incluso sufrieron una masacre de ocho personas en 2005, cuando militares y paramilitares asesinaron a miembros de esta comunidad.