Según el estudio “Cultura política de la democracia en Colombia 2011”, que hace parte de la serie de encuestas del Barómetro de las Américas y del proyecto de Opinión Pública de América Latina, el conflicto armado fue para los colombianos el principal problema del país hasta 2008 y desde 2009 los temas económicos pasaron a ocupar lugares preponderantes en la mente de los ciudadanos.
Hoy, en promedio, tres de cada diez colombianos creen que el conflicto es el problema más serio, aunque curiosamente, según dicho estudio, el porcentaje de personas que prefiere la negociación con los grupos armados ilegales se ha reducido. Y aunque esa sigue siendo la opción mayoritaria, ha crecido el número de colombianos que piensan que la solución es la salida militar o la combinación de ésta con la negociación política.
El informe, elaborado a partir de una muestra de 1.500 encuestas en distintos estratos socioeconómicos y regiones del país, y en el que participan, entre otras entidades, la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría, puede servir también como termómetro para medir lo que piensan los ciudadanos sobre la justicia transicional, en momentos en que el proyecto de acto legislativo conocido como ‘Marco legal para la paz’ está a punto de afrontar su cuarto debate en Plenaria del Senado esta semana.
De acuerdo con el examen a las percepciones relacionadas con la justicia transicional, el estudio advierte que “los colombianos no parecen estar muy dispuestos a que se perdonen los crímenes de los miembros de los grupos armados ilegales”. Además, apenas uno de cada tres encuestados dijo conocer la Ley de Justicia y Paz que se implementó en el proceso de negociación con los grupos de autodefensa en el gobierno Uribe. “Quienes sí conocen dicho instrumento consideran que esta ley ha sido más eficaz en proveer verdad que en administrar justicia o brindar reparación a las víctimas”, establece el estudio.
Asimismo, los colombianos rechazan que los actores armados ilegales obtengan más influencias y no justifican en general acciones violentas contra las Fuerzas Armadas. Una porción importante de los encuestados (40,7%) son de la opinión de que los militares deberían tener menos ataduras para conducir la guerra”, señala el informe. El 24,6% dice haber perdido un familiar por el conflicto, un 19,5% dice tener un familiar desplazado y un 4,6% uno exiliado. Los antiguos territorios nacionales, con un 57,4%, son la región más victimizada del país, mientras que en Bogotá (22,2%) es donde se presenta el menor porcentaje de personas víctimas del conflicto.
Cifras y percepciones que bien podrían ser tenidas en cuenta en el debate del ‘Marco legal para la paz’, iniciativa que pretende crear el soporte constitucional que permita dar coherencia a los mecanismos de justicia transicional en Colombia, según su ponente, el senador Roy Barreras, “con la finalidad de facilitar la terminación del conflicto armado interno y con ello el logro de una paz estable y duradera”. El proyecto ha generado una ardua polémica, pues contempla beneficios para desmovilizados en el futuro, como rebaja de penas, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad.