:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/pzLJN71_BU8ebRWlIbxZ6hsVYzM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/A2YTGANUT5HSDO56BETDPAUQ4Q.jpg)
No la tendrá fácil el Gobierno para sacar adelante la agenda legislativa que presentará al Congreso a partir de esta semana. Varios factores se conjugan y permiten concluir que el trámite será espinoso, entre ellos que sólo quedan 25 días hábiles en los que trabajarán los parlamentarios y el inicio de la puja electoral, lo que hace que tengan que dedicar parte de su tiempo a hacer campaña con miras a sus reelecciones. Sin embargo, hay quienes creen que el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de invertir más de $40 billones en infraestructura en las regiones facilitará la labor proselitista. Es lo que los críticos han denominado como la dichosa “mermelada”.
Pero más allá de la complejidad de la agenda, lo que tienen claro congresistas, y en especial los ministros de Santos, es que en los pocos meses que quedan de legislatura tienen que catapultar su imagen con base en las iniciativas que sean tramitadas. Al fin y al cabo, la mayor parte del gabinete tiene origen político e incluso algunos llegaron a la Unidad Nacional tras perder en primera vuelta y sumarse a la campaña del mandatario en la segunda. Otros forman parte del círculo cercano de Santos y deben ratificar la confianza.
Lo que se dice, según ha conocido El Espectador, es que el ambiente en recientes reuniones del gabinete con la Unidad Nacional ha sido tenso, pues cada uno de los ministros está tratando de garantizar el respaldo del Congreso y del presidente a sus propuestas. Así, por ejemplo, el mintrabajo, Rafael Pardo, ha hecho la apuesta por el trámite de la reforma pensional que, asegura, es la primera que no tiene como finalidad aumentar la edad y busca mayor acceso a la mesada para quienes no han podido lograr su jubilación.
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, está buscando que se concrete cuanto antes el trámite de la reglamentación del fuero penal militar y la reforma a la justicia militar. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, reclama a su vez la aprobación de la ley de infraestructura que, señala, generará una contratación más ágil y transparente. Y en medio de esa puja está la reforma a la salud, que tendrá que jalonar el ministro Alejandro Gaviria.
Conscientes de esas diferencias, y con el fin de establecer prioridades, fue citada para este lunes la Mesa de Unidad Nacional, donde tienen asiento los directores de los partidos y presidentes del Senado y la Cámara. Además, los ministros tendrán que asistir de forma obligatoria para exponer cada una de las leyes y reformas que están pendientes de trámite. “Estamos hablando de cumplirle al país. Este es un reto enorme que está por encima de cualquier interés o afán político. Hay temas, como las reformas a la salud y al Código Penitenciario, que no dan espera. Es una cuestión de respetar los derechos fundamentales de las personas”, explicó Roy Barreras, presidente del Congreso.
En el escenario legislativo, la situación no es fácil y así lo manifiesta el ministro de Interior, Fernando Carrillo, quien reconoce que hay un ambicioso paquete de leyes y reformas de las cuales el principal enemigo es el tiempo. Por este motivo destacó que se han depurado prioridades y hoy son sólo ocho las normas que tendrán trámite prioritario. No descartó que sea necesario enviar un mensaje de urgencia para algunas de ellas.
“En la pasada reunión de la Mesa de Unidad Nacional definimos la agenda sobre tres ejes: social, con el Código Penitenciario y las reformas pensional y a la salud; compromisos de modernización económica, como la ley de infraestructura, que generará una contratación más ágil y transparente, así como el TLC con Europa y la Alianza del Pacífico con México, Chile y Perú, y en seguridad se tendrá la reglamentación del fuero penal militar y la reforma a la justicia militar”, explicó Carrillo.
Lo que saben ministros y Congreso es que estas 25 sesiones deben ser aprovechadas porque el presidente Santos ha dejado claro que, de concretarse los acuerdos en los diálogos de paz en La Habana, la próxima legislatura —que inicia el 20 de julio— tendrá un solo gran tema: la reglamentación del Marco Legal para la Paz, con temas como derechos políticos para desmovilizados, mecanismos de justicia transicional, verdad y reparación a las víctimas, criterios de priorización en investigaciones y determinación de los delitos considerados conexos al delito político.