Congreso, con la mirada hacia el campo

Desde agosto de 2013, cuando se dio el sonado paro agrario que llevó a casi todo el campesinado colombiano a una protesta en las carreteras del país, se vienen estudiando medidas que permitan mejorar las condiciones de vida de esta población.

Aunque son varias las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para mitigar el impacto –primero del fenómeno de la ‘Niña’ y ahora del ‘Niño’, se quedan cortas las salidas a la crisis de ese sector.

Por eso desde el Congreso se empezaron a estudiar varias medidas para mejorar las condiciones de vida de los campesinos frente a sólo algunas de las problemáticas que afrontan en el campo.

El representante Hernán Penagos dijo que hay un inminente embargo a miles de familias campesinas que deben $146.000 millones en créditos al Gobierno. Por esta razón radicó un proyecto de ley que busca suspender estos cobros hasta el 30 de junio de 2017.

“Estos campesinos son deudores del gobierno nacional y de Finagro y se hace necesario presentar un proyecto de ley para que se suspenda el cobro de esas obligaciones porque de lo contrario esa entidad tendrá que iniciar procesos, embargarle sus tierras y así perderán sus predios”, explicó.

El proyecto busca prorrogar un beneficio que suspendía las deudas adquiridas por pequeños agricultores con los programas Pran (Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria) y Fonsa (Fondo de Solidaridad Agropecuaria) del Gobierno, aprobado por el Congreso en 2009 y que venció el pasado 1 de julio de 2015.

Otra salida es la radicada por el senador Alberto Castilla quien radicó un proyecto de reforma constitucional que busca reconocer los derechos del campesinado.

La iniciativa tiene como intención, mediante la reforma del artículo 64 de la Constitución, convertirse en una herramienta efectiva para garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección y reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva. Asimismo pretende reconoce a las mujeres campesinas, garantizar la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo y establecer la obligatoriedad del mecanismo de participación de consulta popular en caso de que haya afectación de territorios campesinos.

Castilla explicó que la reforma constitucional se hace necesaria debido a la difícil situación de los campesinos en el país, sustentada en cifras: los porcentajes de pobreza en el sector rural alcanzan el 41,4%, según el Dane; y los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos si se tiene en cuenta que en 2014 el 4% del área correspondía a predios entre 3 y 10 hectáreas, mientras que la propiedad de más de 200 hectáreas correspondía al 72% del área rural.