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Siete meses después de iniciados los diálogos directos entre las delegaciones del Gobierno y de las Farc en Cuba, más allá de los comunicados conjuntos, de lo acordado parcialmente sobre el primer punto de la agenda —la política agraria— y de las declaraciones por fuera de la mesa de los jefes guerrilleros —con propuestas de toda índole—, el proceso de paz comienza a pensarse desde lo pragmático. Un escenario al que las partes sabían que tarde o temprano se iba a llegar, cuyos múltiples elementos se mencionan en voz baja en los corrillos de la Casa de Nariño y el mismo Centro de Convenciones de La Habana.
Lo que se dice es que las Farc han entendido que existen unas realidades que riñen con lo que eventualmente se pueda llegar a pactar. De allí su insistencia en una asamblea constituyente como mecanismo de refrendación, propuesta que incluye un esguince para garantizar —dicen— que no esté subordinada a los poderes constituidos: “Que la elección de sus integrantes se realice en eventos democráticos internos de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, asegurando que las gentes del común, los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, afros, las mujeres, puedan aportar a la construcción de una ley fundamental que garantice la paz sobre bases de justicia social, democracia y soberanía”.
Un camino que el Gobierno no está dispuesto a recorrer y menos si implica pisar líneas por fuera de la institucionalidad, como lo sería elegir casi que a dedo a los constituyentes. Lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos (ver nota arriba) y lo reiteró Humberto de la Calle, su jefe del equipo de negociación, en un escrito el pasado domingo para la revista Semana: “Una constituyente, más que un mecanismo de refrendación, es un escenario de nueva deliberación. No es el punto final del diálogo, es por el contrario un nuevo comienzo del mismo. En vez de aprobar lo convenido, abre las puertas a la revisión y hasta a la negación de lo pactado”.
Al buen entendedor pocas palabras. Según De la Calle, hay mecanismos más fluidos, más acordes con la realidad actual, más innovadores para las posibilidades políticas de la guerrilla y más constructivos en la búsqueda de la solución del conflicto armado en Colombia. Y las Farc han comprendido, por ejemplo, que en el tema de la participación política hay un cuello de botella por ahora insalvable, que el Marco Legal para la Paz está en meras expectativas y que persisten compromisos jurídicos que el Estado debe respetar ante la misma sociedad y la comunidad internacional. Por eso, más allá de la mesa de diálogos, siguen escudriñando opciones e ideas.
Hablan entonces, entre otras cosas, de reformas electoral y a la justicia, de acabar con el carácter presidencialista del Estado, de reconversión de las Fuerzas Militares hacia una fuerza para la paz, de derecho a la oposición y, sobre todo, del fortalecimiento del proceso de descentralización hacia una mayor democracia local. Propuestas que apuntan a comenzar a abrir brecha hacia una participación política más en lo regional que en lo nacional. De allí su planteamiento de una cámara territorial que sustituya a la actual Cámara de Representantes. Lo que buscaría la guerrilla es consolidarse a nivel local y regional o, mejor dicho, quedarse en las zonas donde hoy tiene influencia.
Por eso la petición de devolverle la personería jurídica a la Unión Patriótica. Lo que quieren las Farc es partido propio, que esté conformado por su propia gente y, dado el caso, que existan a nivel regional circunscripciones especiales que le den cabida a su electorado: indígenas, campesinos, afros, etnias o los del llamado Movimiento Bolivariano. Mejor dicho, como lo dijo Laura Villa, una de sus negociadoras en Cuba, no piensan cambiar 50 años de lucha revolucionaria por tres o cinco curules en el Congreso, sabiendo que la clase política tradicional, así muestre supuesta voluntad de paz, querrá ceder muy poco de lo que ya tiene.
“Las Farc saben que el pulso es en las regiones, que la paz se construye desde allá, donde además están los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno. Ese es el escenario más realista”, le dijo a El Espectador alguien cercano al proceso. Y son conscientes también que la perspectiva del posconflicto muestra actualmente que se vienen las excarcelaciones de los mandos medios de los paramilitares tras el cumplimiento de las penas pactadas en la Ley de Justicia y Paz, y que las bacrim siguen en la puja por mantener los negocios de la droga, el tráfico de armas, la extorsión y el secuestro. Y ello obliga a amarrar fuerte los pilares de su eventual protagonismo en la política, a partir de un mensaje de unidad de mando y de consenso en sus propuestas.
Asimismo, y es algo que no se ha tratado en la mesa de diálogos de La Habana, al menos por ahora, la guerrilla ha entendido que hoy en día es imposible hacer política sin medios de comunicación. Hasta el momento han hablado de democratización de la información y de los medios masivos de comunicación, pero calladamente también se estaría explorando la opción de tener un canal de televisión regional, financiado por el Estado, que le permita exponer sus propuestas y sus ideas sobre el país que quieren. Lo dicho: abrirse paso desde lo local, que según los analistas, es donde se construye la democracia.
Un laberinto al que las Farc entraron cuando se sentaron a negociar y del que quieren salir sin dar señas de derrota. Sus propuestas van y vienen, y muchas de ellas, como lo reconocieron esta semana en el Congreso, caben dentro de la discusión, caso de la elección popular de los jefes de los órganos de control. Lo que pasa es que el país político —comenzando por el presidente— no cree que una constituyente sea el mejor camino para afianzar la paz mientras la guerrilla la ve como una única opción de llevar a cabo reformas que difícilmente los partidos van a tramitar y de blindarse jurídicamente ante los vaivenes de lo que ella misma llama el poder constituido.