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Política 8 Jun 2013 - 9:00 pm

La hora de la negociación sobre participación en política

Constituyente, ¿un inamovible?

Para las Farc, es el único escenario que posibilita las reformas que quieren para el país, entre ellas la participación en política, plural y popular. Un espinoso camino que choca con los deberes judiciales.

Por: María del Rosario Arrázola, Hugo García Segura
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El jefe de la delegación de las Farc en La Habana, ‘Iván Márquez’ (izq.), ha dicho que su deseo es hacer política “abierta y legal”. / AFP

Superado el primer punto sobre política agraria del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’ —con asuntos aún pendientes y sin que los colombianos conozcan los detalles de lo finalmente pactado—, los equipos negociadores del gobierno Santos y de las Farc se aprestan a abordar desde este martes el que es considerado el tema fundamental en toda negociación de paz: la participación en política de quienes dejen las armas.

Ya se sabe que el cumplimiento de lo agrario pasa por lo institucional y se resuelve con recursos, documentos Conpes, leyes o decretos. En cambio, la eventual participación en política de exguerrilleros —sean jefes o no— ya no implica la antigua fórmula de indulto por entrega de armas, pues hay exigencias del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional que comprometen a Colombia como Estado y que, ante todo, exigen unos mínimos de verdad, justicia y reparación.

Un asunto que ha dado para el ‘choque de trenes’ entre el fiscal general Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez, parados en orillas distintas en cuanto a sus opiniones sobre el Marco Jurídico para la Paz, el acto legislativo cuya exequibilidad tendrá que decidir en próximas semanas la Corte Constitucional, a través del cual el Gobierno quedó facultado para impulsar una legislación especial para afianzar legalmente las negociaciones.

“Si se cae el Marco, el proceso queda herido de muerte”, considera Montealegre, quien dice que la prisión no es el único destino para quienes han cometido delitos graves y es viable conceder penas alternativas a cambio de verdad y reparación. Ordóñez, por el contrario, cree que se está abriendo la puerta a la impunidad, que la paz no se puede hacer a cualquier precio y que “asesinatos, torturas, secuestros que sean sistemáticos no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos”.

Está claro que la participación en política de las Farc choca con los deberes judiciales y en la Casa de Nariño esperan con expectativa si el fallo de la Corte irá más allá del examen de lo formal y entregará una interpretación, es decir, aportará elementos de juicio de cara a impulsar normas en el Congreso para la paz. La más importante, aquella que defina la aplicación de la justicia transicional o, en otras palabras, la manera como va a operar la justicia a la hora de evaluar las conductas al margen de la ley.

Pero a estas alturas la negociación afronta una realidad ineludible: los tiempos. Por algo el ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo recientemente que “esto no puede pasar de 2013, el plazo es ese y debe haber acuerdo antes de que termine el año”. Así las cosas, la obligación es que la ley o las leyes estatutarias del Marco Jurídico sean tramitadas en el inicio de la próxima legislatura —que arranca el 20 de julio—, para después ir también a control constitucional. Y para ese entonces, el proceso electoral estará entrando en efervescencia y Santos deberá decidir si va o no por la reelección.

Como quien dice, un camino largo y culebrero, que estará lleno de interpretaciones y en el que, según conoció El Espectador, ya se sabe que las Farc insistirán en su propuesta de una asamblea constituyente, ya no como mecanismo de refrendación de los acuerdos, sino como un único y verdadero escenario para concretar su participación en política. “La guerrilla cree que es allí donde deben estar para hacer las reformas que se requieren”, contó una fuente cercana al proceso.

Por ahora, el Gobierno no quiere jalarle a esa propuesta. Lo que se dice en voz baja es que si bien es cierto que la llamada Unidad Nacional podría lograr varios escaños, también se tiene claro que el uribismo y otros movimientos regionales lograrían cabida. De hecho, uno de los temores grandes es que si hay Constituyente, seguramente tendrían asiento en ella representantes de personajes como Juan Carlos Martínez Sinisterra; Enilce López, alias La Gata, e inclusive las bacrim.

Toda una encrucijada para el Gobierno, pues la idea de constituyente no es exclusiva de las Farc. Se trata también de una de las principales propuestas de la sociedad civil, surgidas del foro político que organizaron la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, en abril pasado, por petición de las partes negociadoras. Allí se habló de un “gran pacto nacional” que incluiría a todos los partidos y fuerzas políticas del país, como el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Y según Felipe Torres, antiguo miembro del comando central del Eln, ese pacto tiene un único nombre: Asamblea Constituyente.

Pero además, esta semana corrió la versión en algunos mentideros políticos de la posibilidad de un aplazamiento de las elecciones a Congreso de la República de marzo de 2014, con el fin de abonar el camino para dicho proceso constituyente. Hasta se llegó a mencionar la prolongación —al menos por un año— de los períodos de alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados y concejales, lo mismo que para el presidente de la República. Asimismo, hubo otro rumor en torno a un ‘congelamiento’ de las negociaciones, con el fin de desligarlas del proceso electoral y de una eventual búsqueda de reelección por parte de Santos.

Propuestas que van y vienen, como la de Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según él, si se trata de una integración de las Farc a la institucionalidad, no debería descartarse que el Gobierno les dé cargos para que los desmovilizados entiendan cómo se ejerce la administración pública. Esto podría ser a través de órganos consultivos, nombramientos o asesorías, y permitiría —dice Porto— empezar a hablar en un lenguaje común.

En cambio, el excandidato presidencial y también exmagistrado Carlos Gaviria cree que lo único que de verdad podría garantizar la reinserción efectiva de los guerrilleros a la vida civil y política de la nación es un estatuto de la oposición, que nunca ha tenido voluntad para su creación. Pero también, agrega Gaviria, se podrían garantizar unas curules en el Congreso a las Farc para que expresen su idea de país —las cuales tendrían que sostener en el tiempo con respaldo popular—; así como impulsar un verdadero Estatuto de Ordenamiento Territorial que corresponda a las necesidades regionales.

Otro asunto clave, pues más que las elecciones a Congreso, a la guerrilla le interesa el poder local, desde donde realmente puede comenzar a construir una plataforma política creíble para el país. Postura que se hace evidente en las palabras de Laura Villa, una de sus delegadas en la mesa de Cuba: “Para nosotros, la política no es simplemente una curul y no vamos a dejar años de lucha revolucionaria por un asiento parlamentario. En Colombia, la palabra democracia es una palabra vacía y sin contenido. Nuestro objetivo es que se den pasos para una participación en política plural y popular, encaminada a la construcción de un proyecto incluyente que coincida con las necesidades del pueblo”.

Otra cosa que queda clara en la antesala de la reanudación de los diálogos en La Habana es que las Farc no están interesadas en la Ley de Justicia y Paz, que sirvió para la desmovilización de los paramilitares y en la actualidad la única norma vigente para su eventual desmovilización. Dicha ley establece penas alternativas de hasta ocho años, que la guerrilla no está dispuesta a aceptar. Por lo que se ve, la discusión será acalorada. Un tire y afloje en el que el Gobierno deberá saber moverse, si es que no quiere un tropiezo que se traduzca en derrota en las urnas en el anunciado deseo de reelección.

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