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Mientras el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca la manera de impedir que más colectivos campesinos e indígenas se integren al paro agrario y que las manifestaciones sean suspendidas, en diversos centros urbanos y carreteras del país comenzaron a sentirse los rigores de las protestas. Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Caquetá y Tolima han sido los epicentros de las movilizaciones que hoy cumplen tres días.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, ha dedicado sus esfuerzos a entablar un diálogo con las dignidades agropecuarias para encontrar puntos en común que permitan desincentivar la protesta. Las reuniones entre los dirigentes y los funcionarios de la cartera agropecuaria se han extendido por más de dos días y los debates se han centrado en el tema de la refinanciación y condonación de las deudas de los agricultores, créditos para los productores, así como en todo lo relacionado con compra y precio de insumos.
Al cierre de esta edición, en la reunión se definía si las dignidades agropecuarias se unirían al paro el próximo 5 de mayo, junto a las 11 organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Al respecto, el viceministro de Agricultura, Aníbal Fernández de Soto, explicó que se ha avanzado en la revisión de los compromisos que se adquirieron luego de las protestas de agosto del año pasado, y señaló que se han hecho planteamientos que van más allá.
“Estamos hablando con los sectores, dando a conocer los cumplimientos de los acuerdos anteriores y oyendo propuestas para mejorar la realidad de nuestros campesinos. No estamos negociando temas nuevos sino haciendo el balance de los acuerdos adquiridos”, expresó Fernández de Soto.
Juan Matamoros, uno de los voceros de la Dignidad Agropecuaria, dijo que el punto de suavizar las deudas que tienen los campesinos con los bancos ha sido uno de los más complejos de resolver. Sin embargo, el Gobierno anunció recientemente la compra de cartera para quienes deban menos de $20 millones, otorgándoles beneficios en materia de intereses.
“Hemos pedido que la compra de cartera llegue hasta quienes tengan deudas por $300 millones. La idea es que esto cobije a la gran mayoría de los campesinos. No es la misma deuda la de un papero, cebollero o arrocero. Seguimos en cuatro temas gruesos: insumos, crédito, medio ambiente y protección de páramos con minería y tratados comerciales”, expresó el vocero.
Sin embargo, el Gobierno veía difícil ayer ceder a esta petición ya que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el pasado 22 de abril que el Gobierno dispondrá de $134.000 millones para el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa).
De otro lado, las organizaciones que participan de la Cumbre Agraria dieron a conocer un comunicado en el que solicitan establecer una mesa única nacional para tramitar las exigencias del sector y revisar el cumplimiento de acuerdos. A su vez, hicieron un llamado el próximo 1 de mayo a las organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores y ciudadanía en general para que salgan a apoyar al campesinado.
Estas organizaciones han sido señaladas de politizar el debate alrededor del agro y desde el propio Gobierno se ha afirmado en reiteradas ocasiones que el paro tiene “motivaciones políticas”. A lo que la exsenadora Piedad Córdoba le ha salido al paso para pedir que se aplace la jornada de movilización y se aprovechen las instancias dispuestas para el diálogo. “Negociar no significa ceder”, expresó al tiempo que agregó: “A mí me preocupa la presión que en las últimas horas se ha registrado como respuesta a la movilización y a las declaraciones del Ministro de Defensa, que en nada ayudan a aclimatar un proceso que se ha venido adelantando con la Cumbre Agraria”.
Precisamente, Naciones Unidas pidió evitar la estigmatización de la protesta con las declaraciones de altos funcionarios del Estado, en referencia a la presunta infiltración de las guerrillas en las manifestaciones. Aún así, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sostuvo que “el paro está liderado por verdaderos campesinos. Sin embargo, está siendo infiltrado en algunas zonas”.
El jefe del ente investigador también afirmó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional y tiene que ser protegida por la Fiscalía y todas las autoridades. Si existen desbordamientos en los cuales se traduzca en actos de violencia o en obstaculización de vías que impliquen violencia para los ciudadanos o impidan el transporte de alimentos, de ambulancias o enfermos, esas conductas deben ser sancionadas penalmente”.
Al final, el paro empieza a tomar forma. Algunos campesinos ya han salido a protestar en las vías y el transporte público empieza a escasear en carreteras como la vía a La Calera (Cundinamarca), o entre en San Gil y Socorro (Santander). Al final de la segunda jornada de protestas, se reportaron 11 policías heridos y seis personas capturadas. De la misma manera, la crisis del campo se ha situado en el medio de la agenda pública y los candidatos a la presidencia, que se medirán en el próximo 25 de mayo, ya lanzan sus posturas frente al tema.