La contrarreforma de Ordóñez

El procurador Alejandro Ordóñez en su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, en Cartagena. /Prensa Fedemunicipios

Que el presidente de la República no tenga la facultad de ternar al fiscal general de la Nación, que tampoco pueda nominar a los magistrados de la Corte Constitucional y que se deroguen todas las funciones judiciales del Congreso, son los ingredientes adicionales que el procurador Alejandro Ordóñez propone a las reformas ya planteadas por el presidente Juan Manuel Santos para afrontar la crisis que atraviesa la Corte Constitucional, a raíz del escándalo de corrupción que involucra al magistrado Jorge Pretelt, quien a su vez ha hecho graves denuncias en contra del jefe del ente acusador, Eduardo Montealegre, y varios de sus colegas en el alto tribunal.

En su intervención ante el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, Ordóñez lanzó ayer pullas a diestra y siniestra. “Estoy de acuerdo con el señor presidente en que en Colombia no se debe perseguir a nadie políticamente, pero de todos modos no deja de haber preocupaciones frente a determinadas decisiones de los órganos judiciales que, no nos digamos mentiras, tienen ese ‘saborcillo’ a judicialización de la política. Por esa razón, y para blindarnos y fortalecer nuestra institucionalidad, es indispensable que el presidente no tenga la facultad para hacer la terna de fiscal (…) esa elección debe obedecer a criterios de méritos y por concurso público. Si estamos hablando de romper el cordón umbilical entre la política y la justicia, no nos podemos quedar a mitad de camino y debemos llevar hasta las últimas consecuencias los principios que enarbolamos”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Según Ordóñez, el presidente “es un político” y “el jefe de los políticos” en el país. Por eso, si se va a hablar de acabar con la politización de la justicia, el jefe de Estado no debe tener facultades para hacer ternas en las cuales se elijan magistrados. “Es necesario defender a la Corte para impedir que sea cooptada por los otros órganos del poder público. No se puede interferirla, ni comprarla, ni presionarla, ni por el Ejecutivo, ni por la Fiscalía, ni por ningún funcionario (…) Si el presidente escoge, queda una gran deuda moral que después puede afectar la independencia, y definitivamente la meritocracia debe ser el procedimiento para seleccionar a los magistrados de las altas cortes”, agregó.

En cuanto al tribunal de aforados, el procurador dijo estar de acuerdo con su creación y la consecuente eliminación de la “ineficaz” Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pero además sugirió acabar con todas las funciones judiciales del Congreso de la República. “Los aforados deben comparecer ante ese tribunal, que debe investigar y juzgar a través de dos salas, pero mantener las funciones judiciales del Legislativo, como se propone, es un cambio meramente cosmético que prorroga la impunidad”, indicó. Para él, el tribunal de aforados debe estar constituido por personas de más de 65 años, sin aspiraciones posteriores, con ponderación y equilibrio, “una especie de ancianos de la tribu para garantizar la transparencia, para tramitar la justicia y para devolverle la credibilidad a nuestra institucionalidad”.

Y sentenció: “Las graves denuncias que hoy está afrontando el país respecto a funcionarios, y lo digo en plural, o mejor, más concreto, contra varios magistrados de la Corte Constitucional y el fiscal, esos hechos deben investigarse, juzgarse y sancionarse, y saber si son responsables, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa”. En este sentido cuestionó lo que considera es la actual “ideologización” de la justicia, que se da al pretender imponer determinadas concepciones políticas e ideológicas por la vía de la decisión judicial. “Es muy frecuente, sobre todo en materia constitucional, pero también en materia penal, ver decisiones donde aparece cada vez más frecuentemente consolidado lo que se ha denominado el ‘derecho penal del enemigo’, donde hay ciudadanos que tienen menos garantías constitucionales que otros”.

Finalmente enfatizó: “¿Acaso no oyó el país la semana anterior dramáticas denuncias sobre el lobby que se hizo para la aprobación del Marco Jurídico para la Paz por parte del Gobierno y de la Fiscalía? Incluso es frecuente oír también de lobbys sobre determinadas leyes que le interesarían al Gobierno, como por ejemplo la decisión que tenía que ver con las pensiones de jubilación”. De paso advirtió que en Colombia “hay un debilitamiento de la separación de los poderes”, que ha hecho que día a día sea menos eficaz el control político del Congreso frente a las decisiones del Gobierno y de los otros órganos del poder.

Ordóñez terminó su intervención con una referencia histórica que le sirvió para lanzar más dardos al presidente Santos: “Un debilitamiento que se hizo cada vez más evidente desde la reforma de 1968, cuando el presidente Carlos Lleras hablaba del ‘barril de los puercos’, que en esa época eran los auxilios parlamentarios y que hoy se llaman cupos indicativos o, popularmente, mermelada”.

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