Susana Correa, candidata a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca por el movimiento Firmes con Cali, anuncia que retirará su aspiración. Rodrigo Guerrero, también candidato independiente, habla de “manos oscuras” que quieren sacarlo de la contienda electoral. El presidente Juan Manuel Santos pide investigar, porque allí puede haber “algo muy podrido”. Y el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dice que está dispuesto a prestar toda la colaboración para que se adelanten las investigaciones del caso y se llegue hasta las últimas consecuencias.
Son los efectos que hasta ahora ha producido la decisión de la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría de no aceptar la inscripción de los candidatos Correa y Guerrero, porque algunas de las firmas presentadas no pasaron el dictamen pericial. En Cali todo es desconcierto, teniendo en cuenta que Rodrigo Guerrero lidera las encuestas mientras que Susana Correa, exgerente de Emcali, es vista como la candidata del expresidente Álvaro Uribe.
Fue el presidente Santos quien le echó leña al fuego al denunciar, en el lanzamiento de la cruzada antitrámites, que dos miembros de la campaña de Guerrero lo visitaron para contarle que les habían pedido plata: “Me dijeron que hace un par de semanas les sugirieron que si pagaban una suma de $200 millones, un problema que había del registro de sus firmas sería resuelto (...) y luego, hace unos días, incluso le llegaron con otra oferta para ganar la elección. Les pidieron $2.000 millones”. Al respecto, Guerrero le dijo a El Espectador que en realidad más que ofrecimientos se trató de rumores que hicieron llegar a su campaña, pero que es probable que el Presidente tenga más información que él.
Para el jefe de Estado es sospechoso que tras dichas ofertas se hubiese conocido que la candidatura de Guerrero no era viable porque no se había conseguido el número necesario de firmas. “Según me dicen, ellos presentaron más de 123 mil firmas. Y algo muy curioso: que solamente cotejaron 70 mil. De éstas, pasaron el filtro 46 mil 500. Esa cifra, por la cual se quedaron cortos, era la misma que le habían dicho a la campaña hace dos semanas: que había un problema con unas 4.500 firmas. Uno piensa: aquí hay algo muy torcido”, señaló Santos.
Pero además, el primer mandatario reveló que al indagar lo sucedido con la candidatura de Susana Correa, se encontró con que allí habían presentado más firmas que la de Guerrero, que su candidatura no había sido avalada por un faltante de menos de 800 firmas, que el análisis de éstas se hizo también sólo sobre un porcentaje —incluso menor que el que le contabilizaron a Rodrigo Guerrero— y que le habían confirmado que también les habían pedido dinero para ‘arreglarles’ los supuestos inconvenientes.
Incluso Santos fue más allá y dijo que la Policía tiene en su poder un disco duro donde se comprueba la utilización fraudulenta, precisamente en Cali, de cerca de 42 mil cédulas que habían sido expedidas mas no entregadas a las personas, las cuales —en las elecciones para la Presidencia del año pasado— aparecieron votando sin estar en poder de sus propietarios. “O sea, no votaron, pero aparecieron haciéndolo. Esa es una acusación muy grave que la Policía y la Fiscalía están investigando”.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), consideró que lo más conducente es que se haga una revisión de todas las firmas presentadas por los dos candidatos y que dicho proceso cuente con el seguimiento de otras autoridades y con la presencia de delegados de las campañas de los involucrados. “Son candidatos que iban encabezando las encuestas y hay unos apoyos muy claros de la clase empresarial del Valle del Cauca. La Registraduría debería analizar si la metodología es la adecuada”, manifestó.
El registrador Sánchez —al explicar la metodología que se aplica para la revisión de la inscripción de candidaturas por firmas— aseguró que ante los presuntos casos de corrupción denunciados por el presidente Santos, está dispuesto a prestar toda la colaboración para que adelanten las investigaciones a que haya lugar. Y aclaró que en la entidad trabajan alrededor de 3.500 funcionarios, quienes en época electoral reciben el apoyo de cerca de 15.000 supernumerarios. “Es por ello que si se presentan casos aislados sobre presuntas anomalías, es importante que los ciudadanos las denuncien de manera oportuna y clara”, dijo.
La Registraduría comenzó una indagación preliminar y le solicitó a Susana Correa y Rodrigo Guerrero que ratifiquen ante la entidad sus denuncias. Según Sánchez, a la fecha se adelantan 50 investigaciones en contra de funcionarios de la entidad, 15 de ellas por presunta participación en política, dos por presuntas irregularidades en la orientación a jurados de votación, 26 por presuntas omisiones en la inscripción de cédulas, seis por presuntas irregularidades en la expedición de formularios electorales y una por presunta manipulación de documentos electorales.
Asimismo, cinco funcionarios se encuentran suspendidos, tres de ellos registradores en los departamentos de Chocó, Magdalena y La Guajira, y los dos restantes una auxiliar de servicios generales en Chocó y una auxiliar administrativa de Cesar.
Las explicaciones del registrador
El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo que la revisión de firmas de inscripción de candidatos se encuentra reglada por la Resolución 5641 de 1996, norma que aplica desde hace 17 años. En el caso del aspirante Rodrigo Guerrero, se concluyó que luego de entregar 115.250 firmas, se revisaron 75.157 de acuerdo con la técnica de muestreo, de las cuales sólo 45.287 apoyos resultaron válidos. Es decir, que fueron anulados 29.870 por no estar inscritos en el censo, por pérdida de derechos políticos, por estar cancelados por muerte, por no existir en el Archivo Nacional de Identificación o por uniprocedencia (planas o suscripciones por un mismo amanuense), entre otras causas. En el caso de la candidata Susana Correa, se concluyó que luego de entregar 152.147 firmas se revisaron 73.817, de las cuales sólo 49.246 resultaron válidas. Fueron anulados 24.271 apoyos.