A menos de dos meses de la cita en las urnas para la elección de autoridades locales en el país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió ayer la primera resolución para la anulación de inscripción de cédulas en el marco de las labores que adelanta para resolver las 1.349 denuncias que han llegado al organismo sobre irregularidades y posibles delitos electorales.
Un total de 13.954 cédulas inscritas en Soledad (Atlántico), correspondientes al 38% de las 36.448 registradas en el municipio, fueron revocadas por decisión de la sala plena de la corporación, en respuesta a las múltiples denuncias por trashumancia en la zona. La determinación se tomó luego de hacer un cruce de las bases de datos del Sisbén, el Fosyga y Anspe, el cual arrojó que los ciudadanos con esos documentos no tenían ningún vínculo con el municipio.
Se trata de una medida de crucial impacto si se tiene en cuenta que Soledad ha registrado históricamente altos índices de trasteo de votos. En las elecciones regionales de 2011, por ejemplo, el total de cédulas inscritas que el CNE dejó sin efecto, también por trashumancia, fue de 20.637.
El fenómeno en Soledad es tan alarmante que hace 20 días el CTI de la Fiscalía capturó allí a tres personas acusadas de ser parte de una red dedicada al traslado de votantes a diferentes localidades del departamento. “La Fiscalía General ha venido haciendo un trabajo exhaustivo que ha beneficiado las investigaciones. Ya hay 12 personas capturadas en Atlántico, Meta y Bolívar”, aseguró este miércoles el presidente del CNE, Emiliano Rivera.
Pero el caso de Soledad pareciera ser tan sólo la punta del iceberg. De acuerdo con cifras reveladas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se han identificado entre 800.000 y un millón de cédulas inscritas en lugares donde “no coincide la información de propiedades, Sisbén, ni Fosyga, en el municipio donde el inscrito aspira sufragar”.
Y aunque las autoridades han encaminado gran parte de sus esfuerzos para evitar el trasteo de votos, este no es el único problema que preocupa de cara a los comicios de octubre. A las denuncias de trashumancia se suman los 927 casos de candidatos posiblemente inhabilitados por la Procuraduría —que también están siendo estudiados por el CNE— y la alerta lanzada por la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo electoral en 268 municipios en 29 departamentos del país por presencia de grupos armados ilegales.
El último informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría señala la incidencia del conflicto armado como una grave fuente de riesgo electoral en regiones en donde las Farc, el Eln y los grupos posdesmovilizados de las autodefensas tienen fuerte presencia. Incluso, las cifras muestran que en el marco del actual proceso electoral se han presentado 106 hechos de violencia, en su mayoría relacionados con amenazas contra candidatos.
“Entre el 1º de enero y el 26 de agosto se han registrado seis homicidios contra candidatos o familiares cercanos y seis homicidios contra funcionarios públicos, en Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Boyacá, Chocó y Quindío”, refiere el informe.