Y aunque finalmente el Gobierno logró esta semana que en el Congreso se aprobara el plebiscito como mecanismo para la refrendación, el reto ahora está en lograr que por lo menos 4 millones 400 mil colombianos voten en las urnas a favor de lo pactado.
Y para la tarea será más que indispensable la pedagogía en las regiones. Ese fue precisamente el mensaje que el jefe de Estado le envió este viernes a los alcaldes y gobernadores electos que asumirán cargos el próximo 1° de enero y que serán los llamados a trabajar en los territorios en un escenario de posconflicto.
“De aquí a cuando se presente el plebiscito, yo pensaría que a mediados del año entrante, lo que quisiera es poder trabajar con ustedes (...) Lo que yo les pido, humildemente, pero con pasión, porque los necesito, es que me ayuden a hacer esa pedagogía de la paz”, insistió el mandatario al señalar que los diálogos que se adelantan en La Habana con la guerrilla han sido víctima de muchas críticas y de enemigos que se han dedicado a desinformar sobre lo que se ha pactado.
Reconociendo que la paz tiene un precio muy alto y que habrá que ceder en puntos en los que no todo el mundo está de acuerdo, Santos insistió en que serán los colombianos quienes finalmente decidan si están dispuestos a asumir los costos, que, aseguró. serán mínimos en comparación con los beneficios. “Habrá aspectos negativos, que no nos gustan, la paz tiene precio, a muchos puede no gustarles que las Farc se conviertan en partido político, pero es que el propósito de un proceso de paz, es precisamente ese, que dejen las armas y continúen su lucha ideológica por la vía legal, sin violencia”, puntualizó.
Sin embargo, mientras el Gobierno emprende la campaña en busca del respaldo popular de los acuerdos, del otro lado las Farc siguen insistiendo en que dicho mecanismo no es el adecuado y que carece de seguridad jurídica. Así lo dejó claro el jefe de la delegación de la guerrilla en La Habana, Iván Márquez, quien a través de su cuenta en Twitter rechazó de tajo la aprobación de la iniciativa en el Congreso. “El plebiscito es ajeno a la Agenda. No produce seguridad jurídica ni nos compromete. Carece de capacidad vinculante”, manifestó al señalar que el tema no fue consensuado en la mesa de negociaciones por las partes.