La negociación de paz entre el Gobierno y las Farc, que se reanudará el 2 de marzo, está cerca de concluir, al punto que en La Habana están definiendo las zonas de concentración para los combatientes y el censo de los hombres de la guerrilla para que el Gobierno levante las órdenes de captura. Lo que nadie tiene claro es cuál es el número real de miembros de las Farc y cómo evitar que, como ocurrió en procesos anteriores, se vinculen delincuentes comunes que buscan los beneficios de la justicia especial para la paz, preocupación que se hace relevante porque el narcotráfico fue incluido como delito conexo al conflicto armado.
Es algo que suele suceder en los procesos de paz. Sin ir muy lejos, en la negociación con paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubo narcotraficantes que compraron frentes y falsas desmovilizaciones, como la del bloque Cacica Gaitana, que estaba compuesto por delincuentes comunes. En cuanto a cifras, decían que las Auc tenía cerca de 7.000 hombres y la desmovilización fue de 26.000.
En el caso de las Farc, la situación no es diferente. Nadie tiene claro cuántos hombres en armas tiene esta guerrilla. Un informe bastante optimista presentado ante el Congreso por el Ministerio de Defensa, denominado Memorias al Congreso 2014-2015, señala que “en 2014 las Farc contaban con 6.382 hombres encuadrillados en armas”, que entre 2011 y 2015 se desmovilizaron 4.084 y que han sido capturados 8.880.
La organización Decisive Point, especializada en estrategias de seguridad, concluye en un documento denominado Contraterrorismo: la victoria silenciosa del Estado que las Farc pasaron de 9.000 a 7.000 miembros entre 2011 y 2013, una reducción de cerca del 20%.
El director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, afirma que “no es fácil hablar de cifras de combatientes de las Farc, porque ni ellos lo tienen claro. En la negociación con los ‘paras’ se hablaba de cerca de 6.000 y se terminaron desmovilizando más de 30.000. Si se aplica el mismo estimativo, la cifra oscilaría entre 40.000 y 50.000. Pero creo que el Gobierno debe estar preparado para recibir no menos de 16.000 hombres”.
Desde la Fundación Paz y Reconciliación, el investigador Ariel Ávila sostiene que las Farc tienen un censo de cerca de 11.000 hombres en armas. Pero toca un asunto de fondo: la guerrilla no cuenta sólo con militantes armados, sino también redes de apoyo y miembros detenidos. “Las Farc van a entregar entre 8.500 y 9.000 personas en armas, pero hay que sumarles por lo menos 6.000 milicianos y 1.800 hombres que están en las cárceles. La cifra se va a aproximar a 20.000”.
Ese es el pulso en La Habana. La Ley de Orden Público define a los miembros de las Farc en diferentes tipos: miembros representantes, que son los que participan en los diálogos y suscriben los acuerdos, y voceros, que son las personas de la sociedad civil que representan a la guerrilla en las negociaciones. Todos estarán en la misma lista de indultados.
La misma ley, en su artículo 8, parágrafo 5, deja claro que la última palabra la tendrán las Farc: “La calidad de miembro del grupo armado (…) se acreditará mediante una lista suscrita por los voceros o miembros representantes designados por dicho grupo. Esta lista será recibida y aceptada de buena fe por el alto comisionado para la Paz , de conformidad con el principio de confianza legítima, base de cualquier acuerdo de paz”.
El Centro Democrático critica que esto no esté claro a menos de un mes de la fecha en la que el presidente Santos dijo que se firmaría la paz con las Farc. El representante Edward Rodríguez pidió al Gobierno “informar el número de combatientes y milicianos que irían a los lugares de concentración de llegarse a un acuerdo, para evitar que no pertenecientes a ese grupo terminen colándose”. Rodríguez señala que envió esa pregunta mediante derecho de petición al alto comisionado, Sergio Jaramillo, y no ha obtenido respuesta.
Por ahora es claro que la Ley de Orden Público deja en manos de las Farc la decisión de quiénes compondrán el grupo de amnistiados. La cifra por ahora es una incógnita. En cuanto a miembros en armas, está entre 6.000 y 11.000, pero la gran duda está en la red de colaboradores que no están en la arena del conflicto armado. En ese contexto surge la duda sobre si la conexidad del delito político con el narcotráfico se puede convertir en un boquete para delincuentes comunes o traficantes.