La cuota política de la discordia en el ICBF

Desde hace algunos meses, la senadora liberal Sofía Gaviria ha venido criticando la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, por la compleja situación que enfrenta la infancia en el país, y no es para menos, es un hecho que pese a la lucha contra la corrupción en diferentes regiones menores están muriendo de física hambre. Pero, al parecer, detrás de esos señalamientos hay intereses burocráticos de fondo.

Así lo hizo evidente en la plenaria del 12 de abril cuando se llevó a cabo un debate de control político a la directora del ICBF en el que la senadora Gaviria, sin mayor tapujo, señaló que “soy cofundadora de una de una asociación que atiende niños abusados sexualmente, es una fundación llamada Lucerito, fundada por un hombre supremamente comprometido con el tema, el doctor Carlos Wolff Isaza. Los niños están desatendidos desde diciembre porque usted no renovó el contrato”.

Esta cercanía con la Fundación Lucerito es corroborada en la carta en la que la senadora Gaviria pide la renuncia de Cristina Plazas al ICBF, en la que señala que es cofundadora de esta Fundación con cerca de 120 personas y aunque deja claro que hace diez años no forma parte de esta, pidió la continuidad del contrato en la plenaria.

Así las cosas, el asunto tendría el nombre propio, el del exdirector del Instituto de Seguros Sociales, Carlos Wolff Isaza, quien pese a que Gaviria defiende por su compromiso con la infancia, tiene rabo de paja. De acuerdo con una certificación de antecedentes expedida por la Procuraduría General de la Nación, ha sido condenado a 58 meses de prisión e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por 18 meses. (ver imagen)

Consultada por El Espectador, Cristina Plazas manifestó que no era su interés mantener un enfrentamiento público contra ningún congresista en particular, pero sí criticó que Gaviria hubiera empleado un debate de control político para reclamar por cuotas burocráticas.

Afirmó que a su llegada al ICBF era una funcionaria querida por los congresistas pero, conforme fue retirando la contratación a dedo por recomendaciones políticas y con claros problemas de incumplimientos su popularidad se había caído en el Congreso. Plazas destacó que han sido retirados 17 directores regionales que obedecían a intereses políticos y que hay 30 funcionarios que ya están respondiendo ante la Fiscalía por irregularidades.

Aunque es claro que la senadora Sofía Gaviria ha documentado sus críticas por la mala atención de los menores en el país y ha tenido el respaldo de parlamentarios de la colectividad, la solicitud de renuncia es en nombre de la parlamentaria y no del liberalismo, como lo ha señalado el senador Horacio Serpa.