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Luego de dieciséis ciclos de negociación, el Gobierno y las Farc lograron los primeros acuerdos en participación política. Pese a que esto representa un avance, hay serios interrogantes en cuanto a riesgos y dificultades. Considérese lo que a mi juicio es lo más relevante —y oportuno— del acuerdo: la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, un mecanismo diseñado para que aquellas poblaciones especialmente afectadas “por el conflicto y por el abandono” tengan mayor representación en el Congreso mediante la elección de un número, aún sin determinar, de curules en la Cámara de Representantes.
Las circunscripciones especiales no son un mecanismo nuevo. El artículo 176 de la Constitución de 1991 y la Ley 649 de 2001 establecen la estructura de la circunscripción especial para la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y las minorías políticas. Durante las elecciones de 2010 se eligieron tres representantes a partir de este mecanismo, dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes y uno por la circunscripción de comunidades indígenas.
Pese a la existencia de este mecanismo, para implementarlo se requiere o bien un proyecto de acto legislativo que modifique transitoriamente el artículo 176 de la Constitución o la inclusión de este punto en el referendo que se convoque para poner a consideración de los ciudadanos lo consignado en el Acuerdo Final. Es cuestión de tiempos. Posiblemente se requerirá del proceso de consulta previa, lo que llevará a que los tiempos se alarguen.
Y surgen aún más preguntas: ¿cuáles serán los criterios de inclusión y determinación de las regiones? A mi juicio, se deberán incluir aquellas regiones que concentran la mayor violencia ejercida por las Farc durante la última década. ¿Cuántas curules recibirán? Las suficientes para establecer una representación de estas regiones. Sin embargo, debe ser en todo caso menor al número que les permita bloquear decisiones por la Cámara de Representantes en pleno.
¿Estarán ubicadas en las mismas regiones focalizadas por el Plan Nacional de Consolidación (PNC)? Se traslaparán zonas tal vez, pero el criterio de inclusión no se puede restringir a las regiones del PNC, que hoy sólo tiene operación en 51 municipios, y en muchos ya no hay conflicto. Es una realidad que estas circunscripciones no se materializarán para las elecciones de 2014 y su escenario será las elecciones de 2018, en tanto resulta imposible presentar y aprobar el proyecto en lo que queda de la actual legislatura.
El problema es que durante este tiempo, actores con intereses políticos podrán consolidar las bases de apoyo electoral para los movimientos políticos que compitan en regiones como el Catatumbo, Bajo Putumayo, la Macarena y el Ariari. Regiones en las cuales se espera una consolidación de la Marcha Patriótica u otras bases de apoyo a las Farc. Y, además, es probable que en algunos sitios opongan la violencia a los acuerdos desde ahora.
En este punto es donde surgen tres riesgos principales: (i) Que grupos disidentes de las Farc coopten o ejerzan presión sobre este mecanismo o vean este escenario como la oportunidad de ingresar a un marco democrático sin haber entregado las armas. (ii) Ante la débil capacidad de la institucionalidad en aquellas regiones afectadas por el conflicto, existe el riesgo de que el Gobierno no logre fortalecerse localmente. (iii) Aquellos movimientos políticos afines o cercanos ideológicamente con las Farc elevarán su perfil de riesgo ante sectores disidentes de las Farc, grupos neoparamilitares u oposición armada. Si bien el mecanismo fortalece la representación local de aquellas zonas rezagadas por el conflicto, impone enormes retos y riesgos que deberán blindarse desde su elaboración hasta su implementación. Retos y riesgos que van más allá del calendario electoral.
*Investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).