Debate sobre ley estatutaria de salud llegó a la Corte

Las limitaciones que tendría la acción de tutela y la sostenibilidad fiscal del sistema de salud, han sido dos de los temas más debatidos en torno a la ley estatutaria que aprobó el Congreso en junio de 2013. En parte, por ello y para alimentar una discusión antes de decidir si la norma es o no constitucional, la Corte solicitó oír los argumentos de los diferentes actores: representantes de los organismos de control, del Gobierno, de los pacientes y los hospitales.

El procurador Alejandro Ordóñez fue el primero en intervenir diciendo que el éxito o el fracaso de la reforma “radica en que todo el sistema opere de manera eficiente en función de garantizar la universalidad del servicio. Si no se presenta la garantía precisa va a ser necesaria una medida diferente”.

Al hacer referencia a la hipótesis de si la ley pone en riesgo las finanzas del país, Ordóñez insistió en que “bajo ninguna circunstancia” las autoridades administrativas, legislativas o judiciales pueden “invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales ni restringir su alcance o negar su protección efectiva, pues debe tenerse en cuenta que al adquirir la salud el grado de derecho fundamental, el Estado tiene que replantear su política de financiación para responder al mismo. No resultaría admisible la negación de la prestación del servicio”.

“Debe haber —dijo— mayor conocimiento y control por parte del Estado para evitar sobrecostos de medicamentos, insumos, equipos de diagnóstico, tratamientos y facturaciones. Solo en este contexto de racionalización del gasto, que debe garantizar la eficiencia del servicio de salud, resultan viables las políticas de control fiscal incluida aplicar la sostenibilidad fiscal”.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la ley permitirá tener un sistema de salud con una mayor amplitud en el plan de beneficios y un plan que va a ir creciendo todos los años, consultando año a año la sostenibilidad fiscal. De esta manera, las finanzas del país no se pondrían en riesgo.

“Lo que se dice en la ley es que ese plan de beneficio se irá expandiendo e irá recibiendo más recursos en cuanto al Gobierno vaya recibiendo más recursos.

Ya la Nación ha hecho un esfuerzo para lograr la sostenibilidad del sistema al pasar de 1.2 billones en 2010 a 2.6 en 2013 y 3.6 en 2014. Eso ha beneficiado a 5 millones de colombianos”, aseguró Cárdenas.

Sin embargo, para Olga Zuluaga, de la Red de Hospitales Públicos es necesario que se revise el tema. “Se está supeditando —argumentó— el derecho a la salud a la solvencia fiscal. Si bien es cierto los recursos en salud son finitos, el Gobierno debe tomar medidas para que estos fluyan y no se desperdicien. ¿Para qué sostenibilidad financiera? ¿Para entregar esos recursos a la nefasta intermediación financiera? Se está transfiriendo el riesgo financiero a los pacientes”.

La tesis la comparte Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo. “Aunque la legislación dice que la sostenibilidad fiscal no puede sobreponerse a los derechos fundamentales, el Gobierno ha hecho todo lo contrario. Derechos como el de la salud han quedado rezagados”, dijo Álvarez.

La tutela, tema clave

Al hacer referencia al tema de la tutela, el doctor Saúl Franco, médico cirujano y vocero de los ciudadanos, afirmó que la ley aprobada está limitando esta herramienta, lo que “constituye una regresividad en el derecho fundamental de la salud. En 2012 hubo una tutela cada cinco minutos; unas 3.280 tutelas por millón de habitantes. Esto evidencia lo mal que está el sistema. Defendemos la tutela no como capricho. El problema no es la ‘tutelitis’ sino la ‘corruptitis’”.

Con él concuerda Álvarez: “Si hemos acudido a la tutela no ha sido por gusto. Con esta ley estatutaria la tutela no va a tener el mismo alcance porque va a ser modificada”.

En defensa, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que la Corte misma dijo al Congreso que una ley estatutaria era necesaria. “La ley cumple cabalmente lo que la Corte ha mencionado, así que no es cierto que estemos yendo en contravía. En la ley no hay ninguna limitación formal a la tutela. No se elimina el no POS”. El ministro aseguró que el objetivo es que el sistema de salud sea tan bueno que la gente no tenga que acudir a la tutela.

En cuanto a discusión sobre el papel de la acción de tutela en la nueva ley, el Ministro de Hacienda aseguró que “el punto de fondo es simplificar el acceso a los servicios de salud para que la tutela sea algo excepcional. Pero no estamos poniendo en entredicho la tutela ni estamos superponiendo la sostenibilidad fiscal”.