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Como se volvió costumbre desde hace al menos 20 años, protagoniza la judicialización de la política. Es decir, la lucha por el poder a través de la denuncia. El pasado miércoles, después del agitado debate sobre paramilitarismo, narcotráfico y relaciones políticas protagonizado por los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe, no fue la excepción. En los congestionados despachos de la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara se suman ya nuevas denuncias sobre temas recurrentes de los últimos tiempos.
Lo paradójico es que la mayoría de los temas denunciados ya fueron investigados por la justicia sin resultados convincentes. Después de la andanada del senador Cepeda, el expresidente Uribe se despachó contra sus contradictores y anunció denuncias a granel. Al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por ejemplo, le recordó su paso por el Proceso 8.000. Lo cierto es que Cristo sí fue investigado a raíz de delaciones del empresario deportivo César Villegas, en 1996, sobre el supuesto recaudo de dineros del cartel de Cali para 15 políticos en 1991.
En esa época, Cristo era embajador de Colombia en Grecia, rindió indagatoria en mayo de 1997 y fue absuelto por la Fiscalía meses después, durante la administración de Alfonso Gómez Méndez. Lo que no recordó Uribe fue que César Villegas fue uno de sus principales colaboradores en la Aeronáutica Civil. Villegas fue condenado por enriquecimiento ilícito, pero rebajó pena señalando a Cristo y a José Guerra de la Espriella. Después fue asesinado en marzo de 2002.
Lo que la justicia no tiene muy claro es la acusación que Uribe hizo al ministro Cristo y su hermano, el senador Andrés Cristo, por una supuesta alianza electoral con el condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien fue sentenciado a 27 años de prisión en 2011 por homicidio y vínculos con el paramilitarismo. Según Uribe, a pesar de que Cristo le pidió protección porque Suárez lo iba a matar, hoy son aliados políticos. La justicia no ha dicho nada.
Los otros señalados por Uribe fueron los senadores Jimmy Chamorro e Iván Cepeda, así como el vicepresidente Germán Vargas y el presidente Santos. Sobre Chamorro se sabe que también fue un señalamiento en los tiempos del 8.000 que nunca llegó a la justicia. En cuanto a Cepeda, fue mencionado en los computadores de Raúl Reyes, pero cabe recordar que el 19 de mayo de 2011, la Corte Suprema concluyó que esos computadores fueron manipulados y por eso no fueron validados como prueba judicial contundente.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras fue investigado por supuestos vínculos con paramilitares, pero tanto la Procuraduría como la Corte lo absolvieron. Después se supo que se trató de un montaje del ganadero del Casanare Carlos G. López. En su momento, Vargas lo denunció, al igual que a Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe. Hoy, López está procesado por la justicia por este montaje. Santiago Uribe también es investigado por la Fiscalía, pero por otras imputaciones.
Sobre el presidente Santos, en lo de sus contactos con guerrilleros y paramilitares en 1997, el jefe de Estado aclaró la cuestión, que no dio para investigación judicial. Tampoco se incluyó el tema de la desmovilización del frente Cacica La Gaitana, por el que sí está procesado el ex alto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. En torno a la supuesta compra de armas a través del empresario Felipe Jaramillo, con un costo de US$2 millones, no existe proceso alguno en la justicia, pero el Centro Democrático ya citó a un debate de control.
En la vía contraria, en cuanto a las denuncias del senador Cepeda, también existe un rastro judicial. Lo más grave tiene que ver con las menciones a Luis Carlos Molina Yepes, pagador del magnicidio del director de El Espectador Guillermo Cano. Cabe recordar que desde julio de 2010, la investigación por este caso tiene la categoría de crimen de lesa humanidad, es decir, no prescribe. En esa medida, Carlos Alberto Gaviria, hermano del senador José Obdulio Gaviria, podría explicar su condición de socio del citado Molina Yepes.
Este individuo pagó seis años de prisión. Aunque Uribe aseguró que a través de una carta fechada en marzo de 1983 desistió de integrar la junta de la empresa Comfirmesa S.A., como lo denunció Cepeda, de todos modos podría aclarar por qué en documento de la Cámara de Comercio de Medellín, fechado el 30 de noviembre de 1983, sigue apareciendo como miembro principal. En reciente declaración ante la Fiscalía por el caso Guillermo Cano, el exdirector de este diario Juan Guillermo Cano, pidió que Uribe fuera llamado a declarar.
Tampoco quedó claro lo de la licencia a una avioneta que terminó en manos de Molina cuando Uribe era director de la Aeronáutica. Este y otros temas conexos podrían ser indagados en el expediente Cano. Lo mismo sucede con dos comentarios de Cepeda sobre la presencia de un helicóptero del padre de Uribe en la operación Tranquilandia de 1984, que salieron a relucir en la investigación por el crimen del ministro Rodrigo Lara. Aunque Uribe desmintió los señalamientos, cabe recordar que, desde septiembre de 2012, este expediente no prescribe.
Cepeda relacionó a Uribe con el clan de los Cifuentes Villa, con el patrocinio de las Convivir y con la masacre de El Aro, en 1997, entre otros hechos. El primer caso tiene que ver más con Jaime Uribe, hermano del expresidente. Respecto a las Convivir, poco o nada se ha investigado. Se sabe que fueron utilizadas por el paramilitarismo, pero no existe una relación de cuántas fueron, quiénes las dirigieron y cuáles en Antioquia. En el caso de la masacre y el testigo Francisco Villalba, la justicia no ha encontrado razones para vincularlo.
En síntesis, aunque la mayoría de las denuncias ya pasaron por la justicia, también existen opciones para aclarar hechos. Por lo pronto, la judicialización de la política va en que el senador Cepeda presentó 50 documentos contra Uribe para que los evalúe la justicia; Uribe ripostó entregando a la Corte Suprema y la Procuraduría pruebas de sus denuncias contra Jimmy Chamorro e Iván Cepeda. Sus copartidarios anunciaron debate de control político sobre la farcpolítica. Canal Capital no se quedó atrás y también denunció a Uribe por calificarlos de voceros del terrorismo.