No conexidad del secuestro con el delito político pasa a último debate en el Congreso

Santiago Valencia, durante la ponencia de su proyecto de acto legislativo para que, de ahora en adelante, los delitos sexuales contra menores de edad no sean conexos a los crímenes políticos. A la iniciativa le falta un debate para ser realidad. / Vía Twitter oficial del senador.

Este miércoles, en su segunda fase de discusión, el proyecto de acto legislativo que busca que el secuestro, el narcotráfico y crímenes sexuales contra menores de edad no sean sustentados como rebelión fue aprobado en quinto debate por la Comisión Primera de Senado. El promotor de la iniciativa es Santiago Valencia, del partido Centro Democrático, quien quiere que dicha norma sea adicionada al artículo 150 de la Constitución.

Así, con solo un debate restante para que esta modificación sea una realidad, el inciso dentro del artículo quedaría así: “En ningún caso el delito del secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto a ellos amnistía o indulto”.

Si pasa, la inclusión del inciso resolvería una de las dudas que ha tenido la bancada del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe sobre la posibilidad de que ese tipo de de transgresiones a los derechos humanos sean acogidas por la justicia transicional en “futuros acuerdos de paz”. Con la iniciativa de Valencia, estos delitos serían juzgados exclusivamente por la justicia ordinaria.

“Este proyecto forma parte de las propuestas presentadas por el presidente Iván Duque, quien ha manifestado que esas faltas no son conexas al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa y se debe dejar claro en la Constitución”, expresó en un comunicado Valencia. Así mismo, se lee en el documento que es su “compromiso corregir errores cometidos en acuerdos anteriores, que no se cometan de nuevo y que el Estado garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.