A pocos días de las elecciones, la Procuraduría General de la Nación levanta la voz por el intento masivo de fraude electoral en el país, una situación que la delegada para asuntos electorales de la entidad, María Eugenia Carreño, califica como un riesgo para la democracia. Tal es la magnitud de las irregularidades, que en el 76 % del país hay denuncias de trashumancia, por eso reclama decisiones rápidas del Consejo Nacional Electoral en cuanto a anulación de inscripciones de cédulas.
¿Qué diagnóstico tiene sobre posibles irregularidades en el proceso electoral?
Es evidente una práctica inusitada de trashumancia, la democracia está en peligro, tenemos un panorama que denomino el de los piratas de la democracia, que de forma facilista pretenden acceder a los cargos de elección popular, incluso con la complicidad de alcaldes y funcionarios públicos que se han prestado para que esta práctica se propague como una plaga en el proceso democrático. La acción de la Procuraduría ha sido alertar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tome las decisiones en cuanto a anulación de inscripción irregular de cédulas.
Usted dice que la democracia está en peligro, ¿de qué magnitud es la trashumancia?
Tenemos un reporte de 2.452 quejas en el CNE que afectan a 877 municipios ¡Estamos hablando del 76 % del país! Según el reporte del CNE, sólo se han tomado decisiones en cuatro municipios, por eso hemos emitido una alerta que consiste en que el 25 de septiembre debe estar consolidado el censo y esperamos que tomen decisiones.
¿Por qué antes del 25 de septiembre?
Las decisiones después del 25 de septiembre no tienen eficacia, los registradores no van a poder depurar el censo. Eso refleja el riesgo incluso frente a situaciones de orden público, porque los ciudadanos se van a sentir defraudados, es un gran riesgo, más si estamos hablando de una cifra de trashumancia como nunca antes se había presentado en el país.
Usted está haciendo un llamado para que el CNE ayude a evitar un caos…
Sí. Tenemos el deber de hacer este llamado. Confío en que el CNE va adoptar las decisiones que espera el país. Hoy el procurador por escrito les presentó una solicitud de pronunciamiento, poniendo en conocimiento el alto volumen de quejas frente a las pocas decisiones. Hay poco tiempo y mucho por resolver.
Ustedes han hablado de participación de funcionarios públicos que se han prestado para el fraude, ¿hay sanciones o procesos?
Hemos tenido muchas quejas por participación en política. Si alguien que está en el poder está usando la maquinaria del erario, la inauguración de obras, los recursos del Estado, nuestra función es hacer un llamado preventivo, pero cuando un funcionario desatiende este llamado y pisa los linderos de la ley, iniciamos los procesos y actuamos. En Colombia está prohibido participar en política. Se asignaron funcionarios especiales para el conocimiento de estos temas disciplinarios. Se están observando los temas de la gobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado; el alcalde de Maicao, Eurípides Pulido Rodríguez, y en Santander, Richard Aguilar. Lo que puedo anunciar es que se están evaluando las quejas y se tomarán las decisiones en el marco del debido proceso.
¿Qué responsabilidad les cae a los partidos?
La figura de los avales tenía una connotación muy importante. Los partidos tenían que hacer la valoración de los méritos, cualidades y condiciones de una persona para participar en política. Se desnaturalizó y se convirtió en un mercado de componendas, compromisos burocráticos y de clientelismo. Un ejercicio democrático importante como el aval, que es un filtro previo, y vimos escenarios muy lamentables.
¿Les quedó grande la responsabilidad con la democracia?
Por supuesto, en el otorgamiento de los avales se mostró una crisis de los partidos, incluso nosotros reportamos al CNE un listado de 722 personas inhabilitadas, que tenían antecedentes disciplinarios. Si se hubiera hecho un ejercicio serio, lo mínimo era examinar si tenían antecedentes.
La ley hoy dice que los partidos pueden perder la personería jurídica y los directivos serán sancionados, ¿es letra muerta?
La ley 1475, que plantea sanciones contra los partidos y sus dirigentes, salió hace cuatro años cuando el proceso electoral ya había arrancado y la aplicación solo se puede dar para estas elecciones. En ese sentido se debe aplicar la responsabilidad de ellos cuando hayan avalado candidatos que resulten condenados por delitos como relaciones con grupos armados, narcotráfico, delitos contra los mecanismo de participación ciudadana. La ley debe aplicarse.
Se ha hecho evidente la inversión de contratistas en campañas que después buscan beneficiarse…
Es otro cáncer de la democracia. Yo hago un llamado para que formulen las quejas con elementos probatorios para investigar y sancionar, porque es inmoral que después esos financiadores resulten siendo adjudicatarios de los contratos, esa es una de esas verdades que con el silencio quedan en impunidad. Estaremos atentos a examinar la contratación de los elegidos para evitar que se consume esta práctica electoral.
¿Qué calificativo puede dar a la situación que enfrenta hoy la democracia?
Estamos en una democracia a punto de marchitarse, porque es un sistema que debe ser representativo de la sociedad y están tratando de que no funcione así.