Si en algo se insistió durante los casi cuatro años que duró la mesa de negociaciones de La Habana fue en que la clave del éxito de este proceso estará en la implementación de lo pactado en los territorios pues ha sido allí en donde por más de 50 años se ha librado la guerra. Y en ese camino el papel determinante para el aterrizaje de la "paz territorial" lo jugarán las organizaciones sociales, campesinas, pueblos indígenas y afro que han sufrido en carne propia los rigores del conflicto.
De ahí la pertinencia del Encuentro Nacional: derechos territoriales, transición hacia la paz y compromisos frente al cambio climático, que se realizó este martes en la Universidad Javeriana (en asocio con la iniciativa Rights and Resources, la Embajada de Noruega, el Proceso de Comunidades Negras y la Asociación Ambiente y Sociedad), y en el que se discutieron temas claves como la inclusión y la garantía de los derechos territoriales colectivos de las poblaciones étnicas como aporte al proceso de implementación de los acuerdos de paz y los compromisos internacionales pactados por el Estado frente al cambio climático.
Un debate necesario, sobre todo teniendo en cuenta que el país se encuentra ad portas de la firma del acuerdo final y de la implementación de lo pactado por Gobierno y Farc en Cuba, en caso de que los colombianos lo refrenden en las urnas.
Para Silvio Garcés, delegado del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el encuentro, el primer gran paso que se dio en esa vía fue precisamente la inclusión del capítulo étnico en los acuerdos de La Habana. "En los acuerdos se ordena que se propicien las máximas garantías para que sea efectivo el pleno ejercicio de los derechos colectivos teniendo como eje principios como el de la no regresividad, es decir que los derechos adquiridos en materia territorial, étnica y cultural no se verán afectados por la implementación", explicó.
Garcés insistió además que también quedó claramente estipulado que en caso de que la implementación de lo acordado en La Habana afecte los derechos colectivos territoriales de las comunidades, debe hacerse una consulta previa libre e informada.
Sin embargo el tema va más allá de lo pactado por Gobierno y Farc en la mesa. De acuerdo con Armando Wouriyu Valbuena, líder de la comunidad Wayuú y representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia, existen riesgos y daños ambientales que ponen en riesgo los territorios y la autonomía de las comunidades. "El día 26 con la firma tendremos un descanso emocional, es cierto. Pero el día siguiente, el martes, comenzaremos una larga y nueva trayectoria donde los grandes industriales de lo energético va a seguir pretendiendo lo nuestro, ese es el reto de las nuevas generaciones de los pueblos", sostuvo al insistir en que fenómenos como la minería legal e ilegal, el desvío del cauce de los ríos, los derrames de hidrocarburos, los cultivos de coca el uso indiscriminado de químicos, siguen siendo materia de preocupación en los territorios.
En igual sentido se pronunció Carlos Rosero, del Proceso de Comunidades Negras, quien señaló que es vital atacar de primera mano los factores de riesgo que están generando deforestación y que están afectando a las comunidades sin que se les haya consultado. "La consulta previa es un derecho que está francamente en extinción, amenazado desde el poder. Tal como quedó consignado en los acuerdos nos toca hacer valer nuestro derecho a la objeción cultural, una manera particular de llamar el consentimiento previo e informado que también hace parte del capítulo étnico de los acuerdos de paz", manifestó.