Hace tres semanas, la imagen del mandatario de Cuba Raúl Castro estrechando las manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, le dio la vuelta al mundo como la buena nueva de la paz llegando a Colombia. Desde ese mismo día noticioso, en el país se registra un caliente debate político con ecos judiciales. Todo por cuenta de la reserva impuesta al acuerdo firmado en La Habana en materia de justicia transicional, cuyos alcances hoy son inciertos porque incluso hasta sus propios protagonistas discuten lo que anunciaron al mundo el pasado 23 de septiembre.
Al menos en la composición de la letra menuda, es claro que el asunto no estaba terminado. Lo anunciaron primero y el presidente Santos viajó a Nueva York a presentarlo en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hoy recalca que no se dejará presionar de nadie para revelar su contenido. Y la oposición —léase uribismo—, el procurador Alejandro Ordóñez y los demás sectores que ven con desconfianza lo que se cuece en La Habana, alborotan la atmósfera. Es el fuego encendido de una discusión que se esperaba, porque el proceso de paz transita por su etapa crucial: el componente judicial que exigen el país y el mundo.
Un laberinto jurídico que empezó a estructurarse esta semana con el primer debate en la Comisión Primera del Senado del acto legislativo para la paz, que contiene los instrumentos para implementar con agilidad los eventuales acuerdos con la subversión y además le otorga al primer mandatario facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley necesarios con el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final.
Aunque el Polo y el Centro Democrático terminaron retirándose, lo que le restó crítica a la discusión, el nivel de las intervenciones anunció un debate histórico. “Es un golpe de Estado contra el pueblo colombiano y contra la democracia, y un atentado contra la separación de poderes”, dijo el senador uribista Alfredo Rangel. “Luego de acompañarnos ocho años en el Gobierno, pasaron a convertirse en contertulios del terrorismo (...), justificadores de partidos políticos de armas”, agregó su copartidario José Obdulio Gaviria.
Las respuestas de la contraparte —Gobierno y Unidad Nacional— no se hicieron esperar. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró que solo en “mentes calenturientas” cabe la idea de que se le están dando poderes de dictador al jefe del Estado: “No hay un presidente en la historia reciente del país más apegado a la institucionalidad y con un talante democrático más claro que el demostrado por Juan Manuel Santos”. Lo claro es que llegó el momento decisivo en el Congreso y la reforma constitucional que comenzó su trámite constituye apenas el primer capítulo de las misiones de la clase política en la construcción de un proceso de paz en pleno ascenso a su cumbre definitiva.
Con destempladas voces como la del senador Roy Barreras: “No tengo ya ninguna ilusión de que el Centro Democrático pueda servirle a la paz de Colombia (...) cuando se dedican a asustar a los empresarios, cuando estimulan el miedo en su militancia están sembrando terror. Tal parece que estamos ante los nuevos terroristas de Colombia”, dijo, en medio de una discusión en la que las distintas bancadas y sectores políticos comenzaron a hacer cálculos y a medir sus fuerzas. Porque después del 25 de octubre, una vez pasen las elecciones locales y regionales, llegará el momento de las decisiones y nadie querrá marginarse de los debates.
En pocas palabras, todo menos un lecho de rosas. Un cotarro político con espacio también para la denuncia. Con la memoria de la masacre de El Aro, perpetrada en Ituango (Antioquia) en octubre de 1997, de regreso al presente asociada al mandato del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe y su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno. Una historia con muchos cuadernos judiciales y pocas verdades que, en medio de los debates del proceso de paz en La Habana, movió a la Fiscalía a pedirle a la Corte Suprema que investigue al hoy senador Uribe por estos hechos.
Uribe lo enmarca en el plano de una persecución judicial a él, su entorno familiar y su círculo político, y además lo atribuye al rol del fiscal Eduardo Montealegre en la alianza que define como la “unión de intereses entre el presidente Santos, las Farc, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el extraditado jefe paramilitar alias Don Berna”. Sin duda, el exmandatario sigue siendo el nudo de la discordia y su partido, el Centro Democrático, la piedra en el zapato. Todo a dos semanas de las elecciones regionales que van a dimensionar cómo está hoy el mapa político colombiano.
De hecho, este viernes, los candidatos del uribismo a concejos, asambleas y alcaldías decidieron incluir dentro de sus discursos y promesas de gestión una defensa cerrada al exmandatario, a través de movilizaciones y plantones ante la Fiscalía. Estrategia que hace parte del debate electoral por el poder territorial, pero también de la polarización que sigue imperando en Colombia frente al proceso de paz, especialmente ahora que toca los temas críticos de cómo resolver el dilema de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra que no pueden ser amnistiados.
Una calentura con réplicas en todos los sectores y poderes. En el Gobierno mismo porque proliferan los comentarios de que la ausencia de voceros de Cambio Radical en la delegación de congresistas que acompañó al presidente Santos a La Habana al anuncio del acuerdo sobre justicia es una evidencia de la distancia que quiere marcar el vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de ese partido, frente al proceso de paz. Si bien hubo explicaciones de que fue un olvido por el afán del viaje, en el ambiente sigue la sensación de que no todos en el Ejecutivo marchan al mismo ritmo del tema de la paz y que algunos expresan sus dudas a través del silencio.
Por otro lado, con sus deberes de no deliberar o participar en política, algo de lo que también sucede en las Fuerzas Militares. Aunque en los mentideros políticos y mediáticos tuvo eco el comentario del comandante del Ejército, general Alberto Mejía, en el sentido de que a raíz del proceso de paz debe revisarse la doctrina militar que hoy se imparte en los cuarteles, la observación no cayó tan bien en los círculos castrenses. Más aún cuando no se sabe a ciencia cierta cómo es ese acuerdo de la justicia transicional anunciado y cómo van a entrar en ella los militares que decidan acogerse.
En cuanto a los poderes legislativo y judicial o los organismos de control, ninguna bancada o tribunal escapa al debate. En el Congreso, porque quedó claro que todo va a pasar por su cedazo, así se sepa de antemano que la Unidad Nacional tiene los votos suficientes para blindar la ruta del Gobierno; y en las cortes, la Fiscalía o la Procuraduría, porque sus dignatarios han demostrado que no quieren ser convidados de piedra en las discusiones de la paz y porque tienen cómo jugar en el ajedrez político-judicial que se concibe tras las bambalinas de la negociación política.
Un tire y afloje en el que, además, las discrepancias públicas entre las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana en torno a lo acordado sobre justicia alimenta la polémica y les da argumentos a quienes cuestionan y dicen que el haber montado un show, con Santos y Timochenko incluidos, anunciando un acuerdo inconcluso, fue puro apresuramiento. El cruce de declaraciones entre Humberto de la Calle e Iván Márquez, jefes negociadores de Ejecutivo y guerrilla respectivamente, echándose el agua sucia y retándose a cumplir la palabra y no decir mentiras, sin duda hace mirar otra vez con desconfianza los diálogos.
Y es que, para las Farc, los 75 puntos que constituyen el acuerdo completo sobre justicia ya son asunto cerrado. “Este no es un proceso de sometimiento, sino un diálogo entre dos partes iguales (...) cuando se cruzan por el camino incertidumbres y tropiezos con caprichos, contradicciones, egoísmos o simples malquerencias, apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y el valor de la verdad”, expresó Iván Márquez.
Palabras rechazadas por Humberto de la Calle, quien aclaró que el jefe guerrillero miente, pues desde un comienzo se estableció que el acuerdo era un documento en desarrollo “que exigía ser terminado y precisado”. Revelando de paso algunos de esos puntos por definir: las formas de secuestro que no pueden ser objeto de amnistía, el alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición, las características de la restricción a la libertad, el tratamiento de los agentes del Estado y la manera como se debe elegir a los magistrados del tribunal de paz que se propone crear.
El viernes se convino un cronograma de trabajo para que, a partir del sábado 17 de octubre, los asesores jurídicos del gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc ajusten los términos del acuerdo y por fin lo den a conocer completo a la opinión pública. Con seguridad, una vez se cumpla esta expectativa, se agudizará la controversia, pero al menos podrá hacerse sobre bases ciertas. En círculos cercanos al proceso de negociación hay quienes dicen que con el anuncio en materia de justicia se quemó el último cartucho en la búsqueda del respaldo ciudadano a los diálogos.
Una encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco para la revista Semana, días después de la foto de Santos y Timochenko dándose la mano en Cuba, mostró crecimiento en la imagen favorable del presidente y apoyo a la continuación de las conversaciones. Pero, al mismo tiempo, la incredulidad y la falta de confianza en las Farc persiste. Por lo pronto, la pelea continúa atada a unos comunicados de prensa y algunos documentos de análisis entregados el 23 de septiembre, y el ruido que queda cada vez que los voceros del Gobierno o la guerrilla salen a explicar o desmentir públicamente lo que no han terminado de hacer.