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El senador del Partido de la U Juan Lozano celebró este jueves la determinación de la Corte Constitucional en la que ésta determinó inexequible una artículo de la Ley 1606 de 2012 en el cual se declaraba que los proyectos de inversión financiados por los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de ciencia, tecnología e innovación requerían el voto positivo del Gobierno.
La Corte Constitucional, en su decisión, acogió los argumentos de la demanda interpuesta por el senador el pasado mes de febrero, que buscaba que el centralismo no se apropiara de las regalías usurpando los derechos de las regiones.
“La Ley pretendía usurparle los derechos a las regiones, a los departamentos y los municipios y obligar a que los proyectos de regalías sólo pudiesen desarrollarse con el voto favorable del Ministro de Hacienda. Eso correspondía a una visión centralista y excluyente del Gobierno, desconociendo que Colombia es un país de regiones. Esa visión, además, ha paralizado el sistema”, dijo Lozano.
La demanda que interpuso Lozano sostenía que “contrario a lo que manda la Constitución que hace obligatorio buscar un acuerdo entre los departamentos, los municipios y el Gobierno Nacional para los proyectos de regalías, se decidió que solo aquellos proyectos con el voto favorable del Gobierno Nacional pueden acceder a fondos de regalías”.
La acción jurídica consideró que lo anterior “es un tarascazo a la descentralización, esto es quitarles una facultad que tienen los departamentos y los municipios de decidir sobre sus propios proyectos y sobre sus recursos de regalías construyendo acuerdos para lograrlo”.
"Ojalá el Gobierno aprenda que no se puede vulnerar la Constitución Nacional para atribuirse funciones distintas a las que les confirió el Constituyente", aseguró el Senador.
El juicio de constitucionalidad indica que esta ley vulneraba la autonomía territorial, ya que el texto superior consagra la autonomía territorial, como uno de los pilares de funcionamiento del Estado; a su juicio, la facultad entregada al ejecutivo en esta tarea violaba esta prerrogativa.
La Procuraduría General de la Nación había coincidido con la postura vencedora en la sesión plenaria, al conceptuar que el artículo excedía los límites de la carta política.