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Política 10 Jul 2012 - 10:48 pm

Pálido panorama penal

Diagnóstico de política criminal

El hacinamiento en las cárceles es generado por el denominado ‘populismo punitivo’.

Por: Redacción Política
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El aumento de las condenas ha repercutido en el hacinamiento carcelario.

La política criminal en Colombia se mueve al ritmo que imponen los escándalos mediáticos. Este es, a grandes rasgos, el resultado del análisis realizado por la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado colombiano, que puso el dedo en la llaga al plantear que gran parte de las reformas penales han tenido como fin el aumento de condenas sin la existencia de estudios sobre el impacto y la viabilidad de las mismas.

Así ha sucedido con iniciativas como la ley contra la violencia intrafamiliar —presentada ayer por el presidente Juan Manuel Santos—, o el aumento de penas para conductores ebrios, maltratadores de mujeres y niños, menores delincuentes y hasta para delitos callejeros. El principal motivo es que estas iniciativas generan gran acogida en la opinión pública, al punto que, señala el informe de la comisión, desde el año 2000, cuando fue expedido el actual Código Penal, se han realizado 36 modificaciones.

Ante este fenómeno, la comisión concluyó que “ese incremento de la severidad penal no ha sido en Colombia una política criminal reflexiva y consistente para enfrentar desafíos criminales complejos, sino que es una expresión del ‘populismo punitivo’, que pretende que la solución a los problemas de impunidad o de incremento de ciertos crímenes debe ser siempre el aumento drástico de las penas”.

Aunque el diagnóstico plantea que en ocasiones hay que imponer condenas más severas para algunos tipos de comportamientos, también afirma que “el problema es cuando esas legítimas preocupaciones ciudadanas y de las víctimas frente al crimen no son atendidas con políticas criminales apropiadas sino que son usadas políticamente para aumentar precipitadamente las penas y ganar popularidad, dando la impresión de que se está respondiendo al desafío criminal”. Esto es, palabras más, palabras menos, la obtención de réditos políticos con iniciativas penales que resultan populares entre la opinión pública.

Las implicaciones en materia de hacinamiento carcelario hablan por sí mismas. De acuerdo con el informe, “Colombia pasó de 32.000 internos en 1990 a 110.000 en el año 2012. En el mismo período el Estado, pese a triplicar el número de cupos penitenciarios, ha sido incapaz de resolver el hacinamiento que alcanza más del 32% a nivel nacional”.

Frente al sistema de responsabilidad penal adolescente, el resultado del informe no es para nada halagüeño, pues afirma que “hace un uso excesivo de la privación de libertad, pese al hecho de contar con mecanismos alternativos al uso de la prisión para los y las jóvenes en conflicto con la ley”. Para los asesores del Gobierno es necesario que en Colombia se implementen mecanismos penales alternativos y que la detención cumpla su función principal de resocialización.

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