:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/OHNgVE-Zxh-ftDinF5QBymbxnuk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/PGKTMQX2JJDNPJ6GCPTOOO7PXU.jpg)
El Gobierno Nacional descartó la posibilidad de que el exministro Diego Palacio Betancourt puede ser procesado por la justicia transicional. (Lea más de las tesis del ministro)
Al conocer de la intención del exfuncionario uribista de ser sometido a juzgamiento a través de este mecanismo acordado por el Gobierno y las Farc en Cuba, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, descartó esta posibilidad.
En diálogo con Blu Radio, precisó que la justicia transicional está prevista para hechos que hayan sido cometidos durante el tiempo del conflicto armado y que guarden relación con el mismo.
"Este caso no tiene, hasta donde tengo conocimiento, ninguna relación con el conflicto armado (…) no le correspondería acudir a la jurisdicción especial para la paz", explicó.
Fue el exministro Álvaro Leyva Durán quien expuso la tesis de que si la Yidispolítica permitió la reelección de Álvaro Uribe –con la política de la seguridad democrática–, el proceso contra Palacio también hace parte del conflicto armado.
Sin embargo, la decisión de quién va para la jurisdicción especial y quién no va, la tomará en su momento una de las salas de la justicia transicional que servirá como mecanismo de reconocimiento.
“Ante esa sala las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de la jurisdicción pueden llevar su caso y plantear teorías, como la planteada por el Dr. Álvaro Leyva, y esa sala será la encargada en cada hipótesis concreta de decir si se trata de hechos relacionados con el conflicto y si pueden ingresar a esa jurisdicción”, añadió.
El martes se conoció que uno de los uribistas que está dispuesto a someterse a la justicia transicional es el exministro Diego Palacio Betancur.
De acuerdo al general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, el exfuncionario quiere someterse a este mecanismo para recibir ciertas garantías por su participación en la Yidispolítica.
El exministro fue condenado a 80 meses de prisión (6.5 años) por su participación en el trámite del acto legislativo que le permitió al expresidente Álvaro Uribe permanecer cuatro años más en el poder (2006-2010).
En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia –cuando condenó a Yidis Medina tras confesar que aceptó ofrecimientos por parte del gobierno Uribe para votar favorablemente el proyecto de la reelección– mencionó que fueron Sabas Pretelt, Diego Palacio y otros funcionarios más los que ejercieron como contraparte de Medina en el cohecho.