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Este martes, día en el que arrancan las sesiones ordinarias del Congreso y en las que, dicho sea de paso, no hubo cupo para debatir asuntos relacionados con la paz, será radicado un proyecto que busca reformar la administración de justicia.
La doble instancia, una reforma surgida en el seno de la Corte Suprema de Justicia, será llevada al Legislativo tras una reunión ocurrida la semana pasada en la Comisión Primera del Senado, en la que participaron los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Enrique Gil, con legisladores de varios partidos. También estuvo el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández.
El objetivo de dicho proyecto es el de garantizar la impugnación o doble instancia a quienes son juzgados por el alto tribunal, como congresistas, ministros, gobernadores y generales de la República.
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión Primera, por donde entrará a debatirse el proyecto, dijo que inevitablemente la doble instancia pasará a ser crucial para avanzar en la protección de los derechos de todos los funcionarios. “La doble instancia tiene el aval de la rama judicial, el Gobierno y una amplia mayoría de los partidos representados en el Congreso”, añadió el legislador.
El Espectador conoció detalles del proyecto que será radicado, en el que se establece que la Corte Suprema de Justicia cumpliría sus funciones por medio de cinco salas integradas así: la Sala Plena y la de Gobierno, con las mismas facultades actuales; la Sala Civil y Agraria, con siete magistrados; la Sala Laboral, también con siete magistrados, y la Sala Penal, integrada por nueve magistrados que se conformará con dos salas: una de casación estrictamente y la otra para la impugnación. Es decir, se redefine el campo de acción de los magistrados de la Sala Penal. (Lea: la doble instancia que propone la Corte Suprema de Justicia).
En los pasillos del Congreso se llegó a rumorar que dicho proyecto sería radicado para que fuera tramitado vía ‘fast track’ o a través del procedimiento especial legislativo. Sin embargo, no sobraron las alertas frente a la posibilidad de que, eventualmente, la Corte Constitucional lo tumbara.