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A un año de las elecciones presidenciales de 2014, la incertidumbre de la carrera hacia la Casa de Nariño tuvo el pasado viernes su primera carta. El primer mandatario, Juan Manuel Santos, dejó entrever que no descarta presentarse a la reelección. Sin embargo, planteó una extraña fórmula: que su prolongación en el poder sólo sea por dos años más y que de ahí en adelante los presidentes en Colombia gobiernen durante seis años, sin reelección. Un camino inédito en la historia nacional con una explicación del presente: blindaje al proceso de paz.
Ya lo había planteado la excongresista Piedad Córdoba durante un foro en la Universidad de Cartagena, en el que sorprendió al auditorio diciendo que no se pensara en la reelección presidencial, sino más bien en ampliar el mandato de Juan Manuel Santos por dos años más, otorgarle el mismo tiempo al actual Congreso y aprovechar esa prórroga para darles solución a los principales problemas del país. A las pocas horas el senador conservador Juan Manuel Corzo habló de promover una reforma para ampliar la Presidencia a seis años.
Esta sucesión de comentarios afines alrededor de un tema crucial en la política colombiana no puede ser una simple coincidencia. Es claro que el asunto está atado a la expectativa de los diálogos de paz de La Habana. Se sabe que la negociación ha entrado en una fase de definiciones, pero también que el tiempo apremia. Es una especie de carrera contra el reloj. El mandato de Juan Manuel Santos concluye en 16 meses y, como está hoy el panorama, nadie como él, con opciones de triunfo, puede garantizarle continuidad al proceso de paz.
Aunque en los círculos políticos se venía rumorando que los cálculos del Gobierno apuntan a que los acuerdos con las Farc se puedan empezar a sellar antes de caer el telón de 2013, hay otros aspectos conexos que requieren estabilidad. El más complejo de todos: la participación en política de los insurgentes en caso de que se firme la paz. Un escenario que pasa por una verdadera carrera de obstáculos, la mayoría de ellos jurídicos, sin que exista una garantía de éxito absoluto. Por el contrario, cada día surge un nuevo dilema y el tiempo apremia para las decisiones.
Se dice que ya hay preacuerdos en La Habana y que en el plano político la confianza crece. Pero en el terreno judicial el camino es incierto. La decisión del Consejo de Estado de ampliar el período del fiscal Eduardo Montealegre hasta 2016 ya significó un buen paso, si se tiene en cuenta la postura pública del alto funcionario en defensa del proceso de paz. Sin embargo, ya se aprecia el siguiente reto. La Corte Constitucional debe decidir si es viable jurídicamente el Marco Legal para la Paz tramitado en el Congreso entre 2011 y 2012.
Esta reforma constituye la plataforma constitucional para garantizar que a través de la justicia transicional sea posible que los guerrilleros salden sus cuentas con el Poder Judicial. Si la Corte no avala la iniciativa, el proceso de paz tendría un grave revés. Si la aprueba, arrancaría otro derrotero frenético: apurar el trámite de una ley estatutaria en el Congreso para reglamentar el modelo de justicia adecuado a las conversaciones de La Habana. Eso teniendo en cuenta un alud de opositores, encabezados por el procurador Alejandro Ordóñez.
En el mejor de los casos, más allá del mar embravecido de la política, este camino sólo quedaría listo hasta finales de 2013 e incluso a comienzos de 2014, incluyendo los avales de la Corte Constitucional, tanto el del Marco Legal para la Paz como el de la misma ley estatutaria. Como si fuera poco, de manera reiterada se ha dicho que cualquiera sean los acuerdos en La Habana, tendrían que ser refrendados por el pueblo a través de una consulta, un referendo o una constituyente, es decir, otro extenuante proceso con incierto final.
Estas mínimas cuentas prueban que así se aceleren los diálogos en Cuba, se requiere un tiempo extra en el actual entorno político para garantizar que otro escenario no eche abajo todo el camino andado. Con otro escollo a mediano plazo: en 11 meses debe renovarse el Congreso y, tal como están hoy las aguas de la controversia partidista, el ajedrez de las bancadas puede cambiar. De hecho, la sombra del expresidente Uribe como posible cabeza de lista al Senado, o respaldando una lista del Centro Democrático, ya significa un radical giro.
En otras palabras, como lo advirtió el periodista Enrique Santos, la suerte del proceso de paz hoy parece ligada más que nunca a la reelección de su hermano Juan Manuel Santos. El propio presidente lo había evidenciado sin tocar la palabra reelección. Desde comienzos de 2012 expresó que sólo pensaba dejar el Gobierno cuando Colombia pudiera decir que estaba en paz. Lo que sucede ahora es que está llegando el momento de las decisiones y la fórmula de los seis años resulta un buen abrebocas para atizar el debate.
El problema es cómo hacerlo. En criterio del exmagistrado José Gregorio Hernández, si la propuesta del presidente Santos es prolongar su período en dos años, esa opción no podría crearla el Congreso. “Si la fórmula es que el período presidencial sea de seis años, sería viable a través de una reforma constitucional, pero no cobijaría a Santos, a no ser que se previera una norma transitoria para reelegirlo por dos años más”, agregó el jurista, quien al margen de la coyuntura consideró oportuno ampliar el mandato y eliminar la reelección.
En un país de abogados, con toda seguridad que la propuesta del presidente Santos va a dar de qué hablar. De hecho, ya se oyen voces opinando. El representante a la Cámara del Polo Democrático Germán Navas, por ejemplo, manifestó de manera tajante que si a Santos lo reeligen, hoy tendría que ser por cuatro años, a menos que renuncie cuando le falten dos de su nuevo período. De todos modos, Navas indicó que para él la reforma constitucional que permite la reelección sigue siendo espúrea, pues fue producto de un delito en el Congreso.
A su vez, el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, aclaró que su colectividad no es partidaria de promover cambios en las reglas de juego, a menos que haya una coyuntura muy especial. Consultado sobre cuál podría ser esa coyuntura, el representante a la Cámara se limitó a decir: “Habría que verla. Por ahora las cosas deben mantenerse como están y de darse una modificación, hacerlo después de las elecciones”. En otras palabras, mucha prudencia en momentos en que la mesa de la Unidad Nacional deja ver sus fisuras.
De cualquier modo, la intervención del presidente Santos en Cartagena durante el acto de clausura del Congreso Nacional de Municipios, en el que propuso su reelección, pero sólo por dos años y de ahí en adelante alinear las elecciones de alcaldes y gobernadores con las del Congreso y la Presidencia en seis, cambia el panorama político actual. Hasta el momento la expectativa electoral estaba centrada en las cuentas del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y su opción de retirarse del Gobierno para regresar a la política.
Hoy la expectativa alrededor del regreso de Vargas Lleras a la arena electoral sigue vigente, pero a las especulaciones de hacerlo para buscar la Presidencia, defender la obra de Santos y enfrentar al expresidente Uribe, debe sumarse la súbita idea del primer mandatario. Sin otros candidatos presidenciales a la vista, el horizonte vuelve a mostrar el primer plano de la realidad nacional que está centrado en los diálogos de La Habana, que a partir del próximo martes se reanudarán con nuevos interlocutores y sectores políticos de apoyo.
Es en este contexto en el que se explica el comentario del expresidente Ernesto Samper, cuando manifestó que la idea del presidente Santos formulada en Cartagena constituye “una respuesta a quienes de manera perversa han pensado que ha querido montar su reelección presidencial sobre el proceso de paz, cuando queda probado que el asunto es al revés, está montando la búsqueda de un acuerdo de paz sobre la reelección”. El exmandatario agregó que el anuncio va a crear un efecto positivo en Cuba por la estrategia de largo alcance.
Lo cierto es que, al menos en palabras del ministro del Interior, Fernando Carrillo, la idea de aplazar las elecciones o de promover una reforma política para modificar el período presidencial no estaba en la agenda de la Unidad Nacional. Es más, cuando El Espectador lo consultó sobre los rumores acerca de acoger la propuesta del senador Corzo o Piedad Córdoba y los seis años de Gobierno, puntualizó: “Se ha dicho categóricamente que no queremos una reforma política, porque cambiar las reglas de juego no es sano para la democracia”.
Horas después el presidente Santos dejó en el aire las palabras que ahora ponen a pensar al país y a replicar en La Habana: “Apoyo la prolongación del período a seis años para alcaldes. Pero en el caso del presidente, estaría dispuesto a que si me llego a presentar a la reelección, que el nuevo período sea sólo de dos años y a partir de ese momento de seis, sin reelección. O sea, si me presento a la reelección que sólo sea por dos años y de allí en adelante seis para todos. Hay que ver las implicaciones constitucionales y las conveniencias”.
De mandatos y reelecciones
La historia de Colombia es también la de los períodos presidenciales y las reelecciones. De 1819 a 1830 fue de cuatro años con opción de reelección inmediata. Desde 1832 se mantuvieron los cuatrienios, pero se prohibió la reelección inmediata. En vigencia de las constituciones de 1843, 1853 y 1858 se conservó la fórmula.
La Constitución de 1863 dejó en dos años el período presidencial y aceptó la reelección, pero diferida. En 1886 la reforma de Núñez y Caro amplió a seis años con la opción de la reelección inmediata. Eso sí, con una condición: que el candidato presidente se retirara del poder 18 meses antes.
En 1905, Rafael Reyes se amplió el período de 10 años, pero sólo se quedó cinco. En 1910 volvió a cuatro años con reelección diferida. Así se mantuvo hasta 1991, cuando la Asamblea Constituyente prohibió la reelección. El Congreso la revivió en 2005 con la yidispolítica a bordo.
El escenario internacional
Los dilemas del proceso de paz que se adelanta en La Habana también tienen efectos en otras latitudes de América Latina. El ejemplo es la crisis vivida esta semana a raíz de los resultados electorales en Venezuela. Para nadie es un secreto que uno de los principales promotores de los diálogos en Cuba fue el fallecido presidente Hugo Chávez. De ahí que su sucesor, el recién posesionado Nicolás Maduro, esté en la misma tónica. Del lado colombiano, en esta perspectiva, era lógico que el presidente Juan Manuel Santos no sólo asistiera a la posesión de Maduro, sino que reconociera su mandato. Santos necesita el apoyo del presidente venezolano con ascendentes en Cuba y Maduro requiere el apoyo de la comunidad internacional que el presidente Santos pueda ayudarle a consolidar. El trasfondo de la situación no es otro que los avances del proceso de paz. Pero no a cualquier precio. Maduro necesita gobernabilidad y cualquier rumor de apoyo a las Farc en Venezuela puede resultar crítico. En esa medida, para la guerrilla también los tiempos son otros, difícilmente el vecino país puede seguir asociado a ser un refugio de la insurgencia colombiana.