“Los ataques tienen la intención de ‘golpear la economía y la confianza inversionista’”, dijo Aldecoa. Luis Eliécer Ruedas, jefe del ala política del bloque Alfonso Cano de las Farc, negociador de las Farc en Cuba desde octubre del año pasado: alias Matías Aldecoa. Bloomberg, el portal estadounidense al que le dio esas declaraciones, difundió además lo que parecía una amenaza del jefe guerrillero en contra de la Fuerza Pública, lo cual lo llevó a divulgar un video en Youtube en el que decía que había sido malinterpretado y que Bloomberg había actuado con mala intención. Del asunto de la economía, sin embargo, no dijo una palabra.
Así, Aldecoa recordó que las intenciones de las Farc apuntan al corazón del legado de la administración Uribe: hacer del país un imán de los recursos del exterior. Mientras en la presidencia Samper entraron al país US$12.471 millones, y en la de Pastrana la cifra bajó a US$8.620 millones, en los dos períodos de Álvaro Uribe la cifra llegó a US$55.739 millones, muestra el Banco de la República. Aunque en los 90 se habían hecho algunos intentos tímidos apuntándole a este objetivo, fue en el gobierno Uribe que se expidió la famosa ley de estabilidad jurídica para los inversionistas y se creó un régimen especial para estimular la inversión.
Y aunque el presidente Juan Manuel Santos ha afirmado públicamente que sus políticas no son un anexo de las uribistas, al menos en lo que tiene que ver con inversión extranjera, el continuismo es claro: en casi cinco años a la cabeza de la Casa de Nariño, a Colombia han ingresado más de US$64.000 millones, superando la cifra obtenida en ocho años del gobierno Uribe. Que Santos quiera seguir adelante con esta estrategia es, de hecho, la razón por la cual algunas personas que representan a los inversionistas extranjeros no le dedican demasiada energía al pronunciamiento de Aldecoa.
Entre quienes hacen esa lectura está José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Chilena, quien le dijo a este diario: “Muchas de las compañías chilenas llegaron entre 2004 y 2012 a Colombia, un período en el cual no había diálogos con las Farc y sí había atentados. La inversión extranjera no es una decisión de este gobierno, sino de Estado, eso es lo más importante. Hay estímulo a la inversión sin perjuicio de que las negociaciones (con la guerrilla) puedan redundar en éxito o no. Hay otros factores que pueden afectar aún más el capital extranjero, como la reforma tributaria que ha sido tan compleja y que, creemos, debería revisarse”.
De esa manera se podría entender entonces que, para quien quiera hacer negocios en Colombia, la guerra es -sin mucha alarma- un factor más a tener en cuenta. El año pasado, la Universidad de los Andes lanzó un libro sobre los costos económicos del conflicto, que recopilaba las investigaciones de varios académicos. Dos de ellos, Andrés Castañeda y Juan Fernando Vargas, estudiaron el impacto de hitos del conflicto (como la “Operación Jaque”, la muerte de Raúl Reyes o la captura de Simón Trinidad) sobre los mercados financieros y concluyeron que éstos “aprenden con el tiempo e internalizan las condiciones del conflicto”.
Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, le explicó a este diario que dos cosas les interesan a los inversionistas más que nada a la hora de poner su dinero en un país ajeno: que la inversión genere rentabilidad y que no se vaya a perder por decisiones arbitrarias, como una expropiación administrativa. “Cuando hay menos recursos de empresas extranjeras sí hay un impacto claro en la economía del país, porque se deja de recibir, por ejemplo, dinero por impuestos”, señaló la académica e investigadora del impacto del conflicto -especialmente del desplazamiento forzado- en la economía nacional.
En sus declaraciones a Bloomberg, Matías Aldecoa señaló también que “los oleoductos no son el blanco número uno” de las Farc, aunque el petróleo, en el ranquin de los sectores que más atraen inversión foránea, sí es el sector número uno. Las palabras de Aldecoa, sin embargo, pierden sentido frente a los hechos recientes: hace una semana no más, las Farc volaron el oleoducto Trasandino, provocando el peor desastre ambiental de la década. Según la ONU, unos 200.000 habitantes de Tumaco (Nariño) quedaron en situación crítica por este atentado, cuya salud y alimentación fueron puestas en peligro, al igual que la suerte del río Mira y los manglares de la zona.
Para nadie es un secreto que desde el 14 de abril pasado, día en que las Farc asesinaron a 11 soldados en zona rural de Cauca -a lo que el Gobierno respondió retomando los bombardeos- el futuro del proceso de paz empezó a tambalear. Esta semana, en la prestigiosa revista The Economist se escribió: “El presidente, cuyos hobbies incluyen el póker, se enfrenta a: retar a las Farc poniendo sobre la mesa una oferta de ‘lo toma o lo deja’ en materia de justicia, o a que las negociaciones colapsen por las retaliaciones”. En Tumaco, consignó la ONU, el conflicto se está sintiendo de nuevo con tanta fiereza, que se oyen frases como “la esperanza está por el suelo”.
Los petardos que estallaron en Bogotá el pasado jueves enrarecieron aún más el ambiente de la paz. Un día después, en rueda de prensa rodeado por los mandos militares, el fiscal y el ministro Juan Fernando Cristo, el presidente Santos afirmó que las evidencias auntaban al Eln, aclarando que no se descartaban todavía otras hipótesis. El daño, sin embargo, estaba hecho: nada más efectivo para generar reticencia a una negociación con la guerrilla -sea o no ésta responsable de los explosivos- que cundir el pánico.