El camino espinoso entre constituyente, “congresito” o referendo

El presidente Juan Manuel Santos admite que si se desata el nudo de la justicia se puede concretar el cese bilateral del fuego con las Farc y quedar a un paso de firmar la paz. También deja entrever que no es descartable un “congresito” para ayudar al trance de incorporar los acuerdos de la negociación en La Habana a los cánones legales del país. Otros creen, sin embargo, que no se le pueden quitar de un tajo las responsabilidades constitucionales al Legislativo. También hay sectores, incluso en el Gobierno, que siguen considerando que el mejor camino es un referendo. Y en esa búsqueda por superar la maleza jurídica que dificulta el paso final hacia la paz, en los círculos políticos hay quienes aseguran que todo apunta a que terminaremos en una constituyente.

 

La ruta del Congreso, aunque posible, es incierta y su atmósfera actual, con el expresidente Álvaro Uribe y sus aliados a bordo, de entrada plantea un encendido entramado político que no parece conveniente a las negociaciones. En 2005 el poder Legislativo fue clave para sacar adelante el modelo de justicia transicional que se usó en el proceso con las autodefensas, pero diez años después la Ley de Justicia y Paz sigue empantanada entre verdades a cuentagotas, escasas reparaciones, procesos penales y carrusel de falsos testigos.

 

El camino del referendo suena democrático, pero sea de origen popular o gubernamental, necesariamente tiene que pasar por el Congreso y su laberinto político, como también por la Corte Constitucional y su cernidor de forma. Además, evaluando los sondeos de opinión o favorabilidad y sopesando el entusiasmo, el escepticismo y la apatía de los colombianos en cuanto al proceso de paz entre las Farc y el gobierno Santos, en estos tiempos se advierte riesgoso que lo que se apruebe en Cuba se pierda en las urnas.

 

Y la idea del “congresito” no cayó bien, sobre todo a los directorios políticos. Aún no es claro si sería un receso del Congreso o su revocatoria, si los actores legisladores quedarían inhabilitados para integrarlo, si funcionaría de manera simultánea con el Senado y la Cámara. Cuando se acuñó la fórmula de la “comisión legislativa”, o “congresito”, después de la Constituyente de 1991, era una transición lógica y el Congreso estaba cesante. Hoy suena de éxito dudoso y podría provocar más bien un alboroto político innecesario. De hecho, en el uribismo ya dicen que la intención es abrirles la puerta de la política a las Farc y legalizar la impunidad.

 

En ese orden de ideas, se sabe que cualquier constituyente es un salto al vacío, pero, como están las cosas en Colombia, parece el camino más expedito y seguro. Con los riesgos propios de este escenario democrático, que puede derivar en una reforma con mayor incidencia guerrillera o tomada por la derecha. Ninguna ruta constituyente es predecible o controlable. Sin embargo, puede refrendar lo que otras sendas constitucionales hoy representan opciones con demasiado ruido y mayores obstáculos.

 

Además, no quiere decir que el itinerario constituyente excluya al Congreso, pues también es un paso obligado, pero daría la ventaja de que el instrumento de justicia transicional que se utilice para saldar las cuentas del Estado y las Farc en el proceso de paz tenga al mismo tiempo rango constitucional, evitando la enrevesada senda de las interpretaciones de fondo en los altos tribunales. En otras palabras, un espacio superior para refrendar acuerdos y al mismo tiempo avanzar hacia el contexto que requiere un posconflicto.

 

Sin embargo, no significa un recorrido fácil. En 1991 la Constituyente fue producto de un clamor popular que tuvo como motor la Séptima Papeleta de los universitarios. Hoy es una alternativa con más arraigo en los círculos políticos que en el deseo ciudadano. El proceso de paz de La Habana todavía cuenta con más reticencias que apoyos, y una constituyente como fórmula para sellar la paz es atractiva y democrática como idea, pero para todos es claro que invocarla es tentar al azar político y sus instituciones actuales.

 

Por eso también se baraja la tentativa del “congresito”. El caramelo es que los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara harían parte del mismo, pero ese invento no se logra a través de un plumazo gubernamental o de una ley ordinaria, pues requiere una reforma constitucional, que implica dos vueltas de discusión en el Congreso y examen en la Corte. Y ya hay quienes insisten en que, si esa es la salida, sólo debe darse después de la firma de la paz y el desarme guerrillero. Y sí que tendría sus dificultades en el país de los abogados. El riesgo es que se trate de un “congresito” impuesto a dedo, con poderes constituyentes sin salirse del marco legislativo. De cualquier manera, un escenario atípico que ya tiene encendidas las alarmas en todos los partidos, incluyendo los de la Unidad Nacional.

 

En los círculos cercanos al Gobierno se dice que la idea surge precisamente porque la mesa de diálogos en Cuba ya agotó casi todos los escenarios de discusión sobre la aplicación de justicia. Y está claro que para garantizar las normas de justicia transicional —por ejemplo, si hay cárcel o no para los jefes guerrilleros— se necesitan normas constitucionales legales. Y lo mismo para definir que los desmovilizados se reintegren a la sociedad y hagan política sin armas o, como dice Felipe González, “ cambien las botas por los votos”. De ahí que se haya decidido abordar el asunto políticamente en Colombia, involucrando de paso en la discusión a la oposición uribista.

 

En últimas, es un asunto de creatividad. Los acuerdos de paz requieren refrendación popular y los tratados internacionales determinan directrices de justicia que son obligatorias. Cómo conciliar estas dos exigencias describe la situación actual del proceso de La Habana. Ley, referendo, “congresito” o constituyente son por ahora los ases de la baraja. Alguno será el escogido y en el ambiente suena el de la “comisión legislativa especial” con más críticas que respaldos. Tras la escena política y jurídica espera su momento la constituyente.