El caos en el Consejo Nacional Electoral

 

En lo referente al presupuesto que debe asignar el Ministerio de Hacienda es evidente la preocupación. Los magistrados del CNE han abordado el tema en la sala plena de la corporación y son conscientes de que sin plata no hay cómo hacer vigilancia. Por medio de un oficio le presentaron la proyección de gastos al Gobierno y a grandes rasgos se dividía en una solicitud de $32 mil millones; $11.8 millones para vigilar la trashumancia electoral y $15 mil millones para los tribunales regionales de garantías que son los encargados de vigilar en terreno. El resto era para gastos generales de funcionamiento.

 

La respuesta del Ministerio de Hacienda, en época de vacas flacas, fue que le asignaría al Consejo Nacional Electoral una cifra cercana a los $19 mil millones. Mucho menos de lo solicitado, pero además, señalan, no existe un compromiso con la fecha de la entrega del presupuesto y este llegará a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque el CNE no tiene autonomía presupuestal. Palabras más, palabras menos, no hay cómo evitar el fraude en elecciones.

 

Pero la renuncia de Emiliano Rivera no se da solo por el incumplimiento del Ministerio de Hacienda. Según estableció El Espectador hay un asunto de fondo que generó una acalorada discusión en el CNE. El miércoles estaba programada, en Comisión Primera de Cámara, la discusión de una iniciativa “por medio de la cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República”, este proyecto de ley era apoyado por Rivera.

 

¿Qué buscaba la iniciativa? Darle independencia al CNE, porque hoy todos los gastos de funcionamiento dependen de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre esas facultades están la de contratar personal. Esto no cayó nada bien en el sindicato de la organización electoral pues consideraban que con este cambio se podría presentar un despido masivo de los funcionarios que están vinculados oficialmente en nómina de la Registraduría y que prestaban sus labores en el CNE.

 

Aunque esa no era la finalidad, la mayor parte de los magistrados del CNE se sumaron a la molestia porque no estaban enterados del trámite de la iniciativa. También era claro que  “desde la Registraduría hay resistencia a repartir la tajada presupuestal de la organización electoral y por eso pusieron el sindicato de enemigos y así no se puede trabajar”, señaló una fuente a El Espectador. 

 

Finalmente el asunto terminó con la carta de renuncia del presidente del CNE, Emiliano Rivera, sobre la mesa. El proyecto de ley que estaba en listo para la discusión será hundido, la Registraduría continuará con el manejo presupuestal, no hay claridad sobre la plata que el Ministerio de Hacienda debe asignar para vigilar las elecciones y los vientos de fraude electoral siguen soplando.