El Cauca, más allá de Paloma Valencia

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“De la historia arranca mi derecho”, decía Manuel Quintín Lame, el hombre que durante más de 40 años lideró el movimiento indígena en el departamento del Cauca, el mismo que ahora propone dividir la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Una idea que es vista por muchos como la expresión más de negación de la historicidad y legitimidad de los movimientos sociales de una región que ha padecido los estragos de la violencia y el abandono del Estado, donde se gestaron varias de las guerras civiles del siglo XIX y donde la acumulación de la tierra por parte de unos pocos ha sido una constante.

Según la congresista, lo mejor es realizar un referendo  para decidir si se parte el Cauca en dos: “Un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”. Con una denuncia adicional, pues dice que el Cauca será la “cuota de pago” a las Farc en el proceso de paz que se adelanta hoy el gobierno Santos. “Veo una infiltración en las organizaciones sociales e indígenas por parte de las Farc”.

Más allá de los señalamientos que le hace la congresista a los indígenas como cómplices de la guerrilla o invasores de tierras, hay quienes creen que la propuesta es válida desde el punto de vista de que dichas comunidades siempre han reclamado la autonomía de sus territorios. Por ejemplo, el exgobernador Guillermo Alberto González cree que la idea se justifica porque hoy el departamento “ya está dividido y sectorizado” y “hay regiones más comunicadas con otros departamentos que con el propio centro”, como es el caso del norte del Cauca, que tiene más interacción con Cali y el Valle.

Por eso, en el departamento, muchos de los hacendados consideran viable la posibilidad de ponerles límites a los indígenas  y acabar con lo que califican como el “expansionismo desmedido” de sus comunidades, que “está afectando no solo a los terratenientes sino también a pequeños propietarios”, como aseguró el dueño de una finca en inmediaciones del municipio de Caloto. Pero también es cierto que la propuesta de la senadora Valencia alimenta el miedo a esa “guerra de razas”, de la que se ha hablado desde 1910, cuando los indígenas del Cauca, liderados por Quintín Lame, hicieron un frente unido de lucha contra los abusos laborales de los hacendados.

Precisamente, la Constitución de 1991 reconoció la diversidad cultural en Colombia e introdujo un esquema diferencial de derechos con el fin de garantizar la integridad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de todo el país, que en su mayoría habitan en el campo colombiano y conviven con población campesina y mestiza. La realidad muestra que su historia ha sido de pobreza y exclusión con respecto a otros grupos sociales y que no han tenido las mismas oportunidades de empleo, acceso a servicios públicos, salud y justicia.

El departamento del Cauca tiene un área de 3’089.755 hectáreas y un total de 1’346.932 de habitantes, cuyos porcentajes de pertenencia étnica y mestiza están distribuidos así: indígenas 20.5%, afrodescendientes 21.1% y mestizos 58.5%. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 35% de su superficie corresponde a resguardos y en el 56% de los municipios del departamento hay presencia de pueblos indígenas. Y aunque está comprobado que a pesar de la gran diversidad de sus suelos, gran parte del departamento no tiene vocación productiva, los estudios sobre concentración de la tierra demuestran que existe una acumulación significativa: por ejemplo, para el año 2000 se estimaba que el 61.5 % de la tierra correspondía solo  a un 5 % de propietarios.

Solo por referirse a un caso, se sabe igualmente que la fertilidad de los suelos en el Cauca está catalogada de muy baja a baja, y que la fertilidad alta se encuentra fundamentalmente en la zona norte del departamento, en un área cuyo uso está destinado casi en 100% al cultivo de caña de azúcar. Siendo éste el principal monocultivo de la zona, las pocas fincas que quedaban de familias en su mayoría afrocolombianas han tenido que ir cediendo su espacio a este monocultivo y la economía es cada vez más dependiente del paquete tecnológico de la caña.

De acuerdo con el perfil departamental elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, actualizado a febrero de 2012, a escala nacional el Cauca es el primer productor de fique, el segundo de caña de azúcar, el tercero de maní, el quinto de café y el séptimo de papa. Y en actividades pecuarias se ubica como el segundo productor de cuyes, el quinto de conejos y el décimo primero en avicultura no industrial. La producción de caña panelera en el departamento, es uno de los cultivos más extensos con un área de 13.278 hectáreas y, en los últimos años, la minería –principalmente oro y cobre-- se ha constituido en un elemento determinante en la distribución de tierras en la región y ha alimentado el conflicto.

Un estudio de la Universidad Javeriana de Cali denominado ‘Análisis sobre la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el Cauca’ plantea que las posibilidades de expansión del minifundio de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se limitan a las zonas montañosas del departamento, “convirtiendo a éste en un escenario conflictivo, y generando una paradoja al modelo de nación multicultural que reconoce derechos diferenciados a los grupos étnicos, pero no las condiciones para hacerlos efectivos”.

“Uno de los sustentos políticos que fundamentan las aspiraciones territoriales de los pueblos indígenas caucanos y que tiene incidencia en las aspiraciones de los pueblos indígenas a nivel nacional, está enraizado en lo que ellos llaman el ‘derecho de prexistencia’, que se sustenta en el hecho de que lo que han vivido desde la conquista corresponde a una invasión, un genocidio, y un desplazamiento y despojo de sus territorios ancestrales. Así pues, al ser los descendientes directos de los antiguos pobladores de estas tierras, las comunidades indígenas actuales tienen un derecho primordial al territorio caucano, ya que son comunidades preexistentes”, señala dicho estudio.

Fue esa la razón de la llamada ‘Quintinada’, la movilización realizada entre 1914 y 1917, que lideró Manuel Quintín Lame y que comenzó con el rechazo a pagar días de trabajo obligatorio en las haciendas, pero que con el paso del tiempo incluyó demandas como la devolución de las tierras ancestrales, el respeto a los resguardos y la organización política de los indígenas, y el reconocimiento de sus derechos políticos y civiles como ciudadanas de Colombia. Reclamos que hicieron que los gobiernos lo consideraran a él y a sus colaboradores como sediciosos, que fueran perseguidos, encarcelados y muchos asesinados.

Más que una simple lucha por la tierra, la pelea era contra la opresión causada por siglos de colonialismo y desposesión territorial, contra la pobreza, la explotación y el racismo. Incluso, los indígenas del Cauca tuvieron que luchar contra las “medidas de higiene social y mejoramiento racial que llevaran a un blanqueamiento progresivo de la población y que permitieran superar el atraso social y el degeneramiento de la raza”, como pensaban las élites políticas de ese entonces, que elaboraron sus propios discurso e imágenes sobre el indio, las cuales les sirvieron para “legitimar” sus agendas emancipadoras.

Tampoco se puede desconocer que el recrudecimiento de la violencia y del conflicto armado en la región ha implicado que se desdibuje gran parte de las estructura organizacional de las comunidades indígenas, con las consecuentes estigmatizaciones por parte de los gobiernos, además de las desapariciones forzadas, las incursiones de la guerrilla y el  paramilitarismo en sus territorios, y la incidencia de los grandes poseedores de la tierra en el conflicto.

Lo cierto es que las organizaciones sociales del Cauca --no solo las de indígenas sino también las de los campesinos y afrodescendientes-- han venido fortaleciéndose en los últimos 15 años, a partir de la formación de espacios de construcción colectiva a nivel local (asociaciones, consejos comunitarios y cabildos), que les ha permitido un repunte en la capacidad de acción y de interlocución con el Gobierno departamental y nacional. Por ejemplo, no cabe duda de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) tiene una legitimidad muy alta, a pesar de las diferencias con algunas de las mismas comunidades, y se ha convertido en un puente para el trámite de situaciones conflictivas.

De otra parte, es claro igualmente que el Estado no ha sabido responder ni le ha dado continuidad a las pocas acciones que se han tratado de implementar en el Cauca para resolver sus conflictos. Acciones que se han movido al vaivén de los cambios burocráticos y a la variable voluntad política de los administradores de turno, lo que se ha reflejado en acuerdos incumplidos.

En este sentido, la recomendación que hace el estudio de la Universidad Javeriana apunta a “fortalecer los espacios de diálogo y concertación entre distintos actores a partir del reconocimiento y vinculación de sus aspiraciones y necesidades. Así, pensar que las políticas de redistribución de tierras, y de concertación en propuestas de distribución, adjudicaciones y titulaciones, y todo aquello que se constituya en un intento de diseñar una política de desarrollo rural integral, deberían darse en estas condiciones para ser más efectivas e inclusivas”.

Sin embargo, al mismo tiempo, plantea varios interrogantes: uno, respecto a las formas en las que la tierra en el Cauca pueda ser redistribuida, es decir un reordenamiento territorial por el uso del suelo; dos, a las políticas públicas que puedan ser construidas y concertadas desde los procesos sociales y sus demandas; y tres, un replanteamiento del acceso a los derechos, cuando la demanda y uso de unos no estén por encima o vulneren los de los otros.

Pero también está demostrado que en el departamento del Cauca, las situaciones de conflicto señaladas por la oficialidad y por los procesos sociales tienen puntos y temas de encuentro. Y que los problemas que hoy emergen, “más que por los conflictos interculturales o interétnicas en sí mismos, se deben al cúmulo de acciones desafortunadas, políticas ineficientes y contradictorias, intereses y proyectos económicos hegemónicos y un acceso y distribución desigual de la tierra y los medios de producción”, advierte el estudio citado.

La discusión tiene tanto de largo como de ancho y se podrían escribir miles de páginas. Por eso, más que dividir, la propuesta de la senadora Paloma Valencia debería servir para abrir la discusión y comenzar a implementar de verdad todos esos mecanismos de protección de la identidad cultural y de derechos en los indígenas, muchos plasmados en leyes inoperantes, al igual que para el fomento del desarrollo económico y social con el propósito de que esas comunidades indígenas obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Y el reto es el de lograr la unidad antes que dividir, más aún cuando está en marcha un proceso de paz con las Farc que obliga a repensar un nuevo país y a respetar la dignidad, la memoria y la historia.