A poco menos de un mes de que se cumpla el plazo otorgado por la Corte Constitucional a la Unidad de Restitución de Tierras —a través de la sentencia T-679 de noviembre de 2015— para presentar un plan estratégico que permita cumplir con la meta de restituir antes de 2021 la totalidad de los predios despojados en el país con ocasión del conflicto armado, el panorama es poco alentador. Y el debate sobre los obstáculos que enfrenta el proceso en las regiones está más prendido que nunca
Así quedó en evidencia este fin de semana, luego de que Ordóñez y el presidente Juan Manuel Santos se cruzaran fuertes acusaciones por cuenta de unas mesas de trabajo que el jefe del Ministerio Público lideró en Magdalena y Cesar. Los eventos terminaron en rechiflas a funcionarios del Gobierno y discursos incendiarios contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Precisamente, entre los protagonistas de estas mesas está el líder gremial José Félix Lafaurie, quien durante su intervención en el evento de Sabanas de San Ángel (Magdalena), el martes pasado, aseguró que la restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo, y no se lo vamos a permitir”.
Las palabras de Lafaurie produjeron el rechazo total del Gobierno. El presidente Santos pidió, sin mencionar nombres, no satanizar la ley ni utilizar la restitución para sembrar miedo o dividir el país. Por su parte, Ordóñez insistió en que la norma debe modificarse, pues los vacíos son preocupantes. Las críticas y señalamientos van y vienen, y cinco años después de que la ley entrara en vigencia no hay consenso, ni siquiera en las cifras.
Mientras informes de entidades no gubernamentales, como la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación, insisten en que de 87.118 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), sólo han sido resueltos 2.943 casos, que representan 197.927 hectáreas restituidas, los datos oficiales son, de lejos, más alentadores.
De acuerdo con la URT, 45.000 solicitudes han finalizado trámite y en el 98 % de los casos los fallos han sido favorables a las víctimas. De hecho, los datos señalan que por sentencia se han restituido 201.000 hectáreas a más de 21.000 personas y que el 84 % de los núcleos familiares con orden de restitución cuentan con el goce material de los predios. Actualmente, la Unidad ha priorizado su acción en Florencia (Caquetá) y próximamente lo hará en Huila.
“Hemos estudiado cerca de 40.000 casos y hemos encontrado que poco más del 50 % no aplica a restitución. Cuando evidenciamos que las personas han actuado de forma irregular, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía”, explicó Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Sin embargo, para la Procuraduría el tema no es tan claro. De acuerdo con Germán Robles, procurador delegado para la restitución de tierras, en las últimas 14 sentencias que han salido en Cartagena (que son las de los casos de San Alberto, Cesar), fueron negadas las restituciones. El funcionario aseguró que el problema viene cocinándose desde hace tiempo y que incluso, en el caso de este municipio, la comunidad había amenazado con realizar un paro.
“Nosotros no convocamos a esas reuniones, fue la misma comunidad la que pidió nuestra presencia. Lo que la Procuraduría hizo fue atender a 3.000 personas que están inconformes con un proceso de restitución y a las cuales no podemos tachar ni de guerrilleros ni de paramilitares, porque han sido víctimas de ambos grupos y hoy en día no pueden volver a ser víctimas”, manifestó el representante del Ministerio Público.
Robles también detalló que las quejas van desde gente que siente que está siendo inducida a reclamar y que no quiere entrar en disputa con otros campesinos que también están en condición de vulnerabilidad, hasta casos en los que, aunque la venta inicial de los predios se dio en el contexto de la violencia, no fue por amenazas que se hicieron los negocios.
“Hay zonas donde la venta no tiene relación inmediata con la violencia, es decir, en efecto la gente se iba por el contexto de violencia, pero no era que directamente le hubieran dicho: venda o mañana se muere. Esos son casos sobre los cuales estamos llamando la atención”, insistió Robles al señalar que las mismas preocupaciones persisten entre campesinos de otras zonas, como Montería, Sucre y el Urabá antioqueño.
Lo cierto es que, más allá de las cifras y de las acusaciones de parte y parte, el tema de la restitución sigue estando en el centro del debate público en muchas regiones, pues a pesar de las promesas de devolver la tierra a sus legítimos dueños, las autoridades han encontrado un complejo entramado de víctimas, victimarios y terceros que terminaron involucrados en los procesos de transferencia de las tierras.
Y es que el asunto no es menor, ya que en la mesa de diálogos de La Habana el proceso de restitución es juiciosamente monitoreado. De hecho, ayer las Farc criticaron la implementación de la ley, afirmando que hay demasiada burocracia y pocos resultados.
“La restitución debe ser algo rápido, pero ha sido un fracaso. La ley ha sido insuficiente y existen grupos paramilitares que no quieren dejarla avanzar. Por eso debe ser reformada y debe ir de la mano con el acuerdo de reforma rural integral que implica distribución de tierras y procesos de restitución… En burocracia y en gastos de funcionamiento se ha invertido el doble de lo que se les ha dado a los campesinos… El uribismo y el procurador están buscando que el latifundio siga creciendo”, manifestó Jesús Santrich, miembro de la delegación de paz de las Farc en Cuba.