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Dos nuevos proyectos fueron radicados en el Congreso para ser más severos en contra de los ataques con ácidos que ahora se volvieron tan frecuentes en el país.
El primer proyecto de ley, del movimiento MIRA, busca que los ataques con ácido tengan un capítulo independiente en el Código Penal Colombiano.
La iniciativa busca crear el delito autónomo para que se eleven las penas por el solo hecho de atacar a otra persona con ácido o sustancias similares, así el daño sea temporal o permanente.
La representante Gloria Stella Díaz explicó que están contempladas penas ejemplarizantes que irían desde los 12 años y medio hasta los 45 años, según el daño causado.
Así por ejemplo, para quien cause daño temporal o permanente a otro con agente químico o ácido en cualquier parte del cuerpo se le castigará con privación de la libertad entre 12,5 a 20 años y deberá pagar una multa de 73 a 154 millones de pesos.
Cuando el ácido cause deformación, pérdida parcial o total de alguna parte del cuerpo, por ejemplo en un ojo, una mano o una oreja, la pena será de 21 a 30 años de prisión, deberá pagar una multa de 657 a 1.848 millones de pesos.
Cuando la afectación es en el cuello o la cara, o en mujer o menor de edad, la pena puede ir de 16 a 30 años, si la lesión no causa deformidad. Y de 28 a 45 años de prisión cuando hay deformidad o pérdida total o parcial de un órgano.
Finalmente, los congresistas de MIRA manifestaron que esperan que esta vez el Gobierno Nacional sí tenga la voluntad política para aprobar y sancionar esta iniciativa, y no argumenten hacinamiento carcelario para no aumentar las penas de este atroz delito que cada día está cobrando más víctimas en el país.
Otra ley contra ácidos
Otro proyecto, del senador Roy Barreras Montealegre, quiere tipificar como tortura los ataques con ácido y lo eleva a calidad de delito de lesa humanidad, donde no hayan subrogados penales para que no sea excarcelable y los atacantes sean juzgados por jueces penales especializados.
Explicó que con esta iniciativa se busca modificar la Ley 599 de 2000, donde se consiga que quien incurra en este delito pagará pena de cárcel entre 8 y 15 años y una multa entre 800 y 2mil salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.