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Las orejas del conejo empiezan a asomarse. Es lo que dicen algunos sectores de los que impulsaron el No en el plebiscito por la paz del 2 de octubre, quienes desde ese día se han dado a la tarea de reivindicar su triunfo en las urnas, así sea con una ventaja mínima, para exigir un nuevo acuerdo de paz con las Farc que incluya sus “inamovibles”, y así sumarse a la construcción de un nuevo pacto para la terminación del conflicto armado. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)
Esas mismas voces le reiteraron al Gobierno que, a como dé lugar, el nuevo acuerdo al que se llegue en La Habana debe pasar nuevamente por las manos de los colombianos. De hecho, en el llamado “cónclave por la paz”, al que convocó el presidente Juan Manuel Santos con sus delegados, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez fueron claros en la necesidad de que los ciudadanos salgan a exigir una nueva refrendación, bajo el supuesto de que no todos los votos con los que perdió el Sí pertenecen al uribista Centro Democrático.
Sin embargo, en el Congreso de la República la preocupación que ronda no es la misma. Por el contrario, la posibilidad de “saltarse al pueblo” para asumir ellos la responsabilidad directa de refrendar e implementar un nuevo acuerdo de paz cobra cada vez mayor acogida, incluyendo a los uribistas que, bajo ciertas condiciones, estarían dispuestos a asumir esa tarea. Una idea que empezó a ventilar en su reciente visita al Reino Unido el mismo jefe de Estado.
Desde allá, en una declaración pública hecha luego de reunirse con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, el presidente Santos dejó en el aire la sensación de que no convocará al pueblo para que refrende el nuevo acuerdo que se discute hoy en La Habana: “Yo tendré la facultad de implementarlo a través del Congreso”, dijo. Y tal parece que, poco a poco, se va materializando esa idea.
Por eso, el miércoles de la próxima semana se llevará a cabo la versión legislativa del “cónclave por la paz”, con el liderazgo del presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano. “El objetivo es analizar de manera reservada lo que está sucediendo con el proceso de paz, las propuestas del Sí y del No, y las posibles salidas. Es decir, mecanismos mediante los cuales se puedan refrendar los acuerdo”, explicó.
En otras palabras, pese a que el presidente Santos no ha decidido qué método refrendatorio usará para darle vía libre al eventual nuevo acuerdo de paz (ha hablado de otro plebiscito, de cabildos abiertos o a través del propio Congreso), lo cierto es que la propuesta de Lizcano no es aislada. Según conoció El Espectador, ya se ha discutido con el Ejecutivo y hay vía libre para abrir el debate.
La idea de este nuevo cónclave legislativo es reunir a todas las bancadas del Senado en el recinto de la plenaria y, a puerta cerrada, debatir sobre la viabilidad de que el Congreso haga el proceso “refrendación-implementación” en un solo paso. “El Congreso representa al pueblo, porque fue elegido popularmente, así que podría ser un camino expedito, una vez el nuevo acuerdo haya generado los más amplios consensos sociales”, enfatizó la senadora liberal Viviane Morales, una de las voces más activas del No, que ha exigido modificaciones a lo pactado en lo referente al enfoque de género.
Sin embargo, críticos como la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionan que desde ya, sin haber conocido en qué van las discusiones en La Habana, se empiece a burlar la voluntad de los colombianos. “No podemos hablar de refrendación cuando ni siquiera se conocen los nuevos acuerdos”, señaló, aunque no desconoce que el método vía Congreso no está cerrado del todo.
Incluso, el también senador uribista Alfredo Rangel dijo que si el Centro Democrático ve que hay conformidad entre los sectores del No en torno al nuevo acuerdo, debería rápidamente darse su implementación en el Congreso, pero que si hay una insatisfacción de sectores importantes, en ese caso sí debería haber un plebiscito, “porque ese nuevo acuerdo no interpretaría la voluntad popular”.
Y para eso hay unos inamovibles a los cuales no están dispuestos a renunciar los del No: que haya privación de la libertad los responsables de los crímenes más graves, que no puedan ocupar cargos de elección popular sin haber pagado sus condenas, que los recursos del narcotráfico sean entregados para la reparación a las víctimas y que el narcotráfico no sea considerado como un delito conexo al delito político.
Lo cierto es que los pocos meses que faltan para que se inicie el debate electoral de cara a 2018 y el tiempo que le queda al presidente Santos en su cargo son dos elementos que le abren el camino al primer mandatario para terminar de jugarse su capital político que, sin duda, tendrá efectos sobre su popularidad si decide elegir la ruta rápida y ahorrarse una nueva convocatoria a un plebiscito cuyos resultados son impredecibles. Lo que dice el Gobierno en reiteradas ocasiones es cierto: el tiempo sí apremia y juega especialmente en contra del cese bilateral que tiene fecha límite: 31 de diciembre.