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Una esperada medida administrativa, que busca recursos para reparar a las víctimas del conflicto, es hoy la esperanza para el ambicioso programa de reparación de miles de personas que les ha tocado vivir los coletazos del conflicto armado, que necesita numerosos recursos para no quedarse en el papel. En efecto, el Decreto 1376 define que el 5% del total recaudado cada año en los procesos de extinción de dominio se asignará a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Esto quiere decir que el dinero que le haya entrado al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) —a través de sentencias— y el monto total de las ventas de los bienes del narcotráfico irá para reparar víctimas.
La medida entrará a regir a partir de la vigencia fiscal de 2013, de manera que la primera transferencia del Frisco a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas se realizará en los primeros tres meses del próximo año.
De acuerdo con el documento, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Unidad de Víctimas fundamentaron este porcentaje en un estudio, que evaluó el número probable de sentencias proferidas anualmente en el marco de procesos de Justicia y Paz, el número promedio de víctimas reconocidas judicialmente para efectos de la reparación, el valor de las indemnizaciones y la proyección de ventas de bienes del Frisco a partir del año 2013 hasta 2016, y la situación financiera de este fondo que tiene obligaciones adquiridas con anterioridad.
Para Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, esta es sin duda una buena noticia. “La primera consignación se realizará en el año 2014, por el total de los recursos recaudados desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Ya se están acumulando activos de esta nueva fuente, que serán transferidos para el fortalecimiento de la política de reparación”, dijo.
La funcionaria señaló además que esta decisión se suma a la Resolución 644 de 2013, por medio de la cual la Unidad de Víctimas está cobrando las multas contra parapolíticos y miembros de bandas criminales y de las guerrillas. Una deuda que hasta la fecha asciende a $237 mil millones. Lo claro es que con el mencionado decreto y esta resolución, son ya dos las fuentes de ingreso creadas para afrontar la avalancha de peticiones de reparación. Lo demás, dice Paula Gaviria, viene de fuentes de donaciones y otras sumas.
Sin embargo, para Antonio Madariaga, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, el problema del programa de reparación a víctimas no es el dinero. Se trata, advierte, de la implementación, que ha vuelto estas medidas —en sus palabras— poco céleres y no integrales. Según le dijo a El Espectador, aún no se ha desembolsado la primera compensación a las víctimas que se inscribieron en la Ley de Víctimas 1448, porque siguen reparando personas de la Ley 975, que surgió tras la desmovilización de los paramilitares.
Según las cifras oficiales que se han manejado hasta el momento, en los diez años posteriores a 2012, el país destinará unos $54 billones para la reparación administrativa de las víctimas del conflicto, cuyo número —de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Repararación— se calcula en unas 400 mil colombianos afectados por los grupos armados ilegales, además de los desplazados por la violencia, que pasan de los cuatro millones de personas en los últimos 20 años.
Esos $54 billones equivaldrían a la tercera parte del presupuesto anual de la Nación y fueron definidos en un documento Conpes expedido el 1° de diciembre de 2011, por medio de cual se buscó garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la Ley de Víctimas.
@Natal1aH