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Política 7 Jul 2013 - 9:00 pm

Gobierno definió que dineros saldrán del llamado Frisco

El decreto para la reparación

El 5% de los recursos provenientes de los bienes incautados al narcotráfico serán destinados para compensar a los afectados del conflicto armado.

Por: Natalia Herrera Durán
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Familiares de desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el 9 de abril. / EFE

Una esperada medida administrativa, que busca recursos para reparar a las víctimas del conflicto, es hoy la esperanza para el ambicioso programa de reparación de miles de personas que les ha tocado vivir los coletazos del conflicto armado, que necesita numerosos recursos para no quedarse en el papel. En efecto, el Decreto 1376 define que el 5% del total recaudado cada año en los procesos de extinción de dominio se asignará a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Esto quiere decir que el dinero que le haya entrado al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) —a través de sentencias— y el monto total de las ventas de los bienes del narcotráfico irá para reparar víctimas.

La medida entrará a regir a partir de la vigencia fiscal de 2013, de manera que la primera transferencia del Frisco a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas se realizará en los primeros tres meses del próximo año.

De acuerdo con el documento, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Unidad de Víctimas fundamentaron este porcentaje en un estudio, que evaluó el número probable de sentencias proferidas anualmente en el marco de procesos de Justicia y Paz, el número promedio de víctimas reconocidas judicialmente para efectos de la reparación, el valor de las indemnizaciones y la proyección de ventas de bienes del Frisco a partir del año 2013 hasta 2016, y la situación financiera de este fondo que tiene obligaciones adquiridas con anterioridad.

Para Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, esta es sin duda una buena noticia. “La primera consignación se realizará en el año 2014, por el total de los recursos recaudados desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Ya se están acumulando activos de esta nueva fuente, que serán transferidos para el fortalecimiento de la política de reparación”, dijo.

La funcionaria señaló además que esta decisión se suma a la Resolución 644 de 2013, por medio de la cual la Unidad de Víctimas está cobrando las multas contra parapolíticos y miembros de bandas criminales y de las guerrillas. Una deuda que hasta la fecha asciende a $237 mil millones. Lo claro es que con el mencionado decreto y esta resolución, son ya dos las fuentes de ingreso creadas para afrontar la avalancha de peticiones de reparación. Lo demás, dice Paula Gaviria, viene de fuentes de donaciones y otras sumas.

Sin embargo, para Antonio Madariaga, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, el problema del programa de reparación a víctimas no es el dinero. Se trata, advierte, de la implementación, que ha vuelto estas medidas —en sus palabras— poco céleres y no integrales. Según le dijo a El Espectador, aún no se ha desembolsado la primera compensación a las víctimas que se inscribieron en la Ley de Víctimas 1448, porque siguen reparando personas de la Ley 975, que surgió tras la desmovilización de los paramilitares.

Según las cifras oficiales que se han manejado hasta el momento, en los diez años posteriores a 2012, el país destinará unos $54 billones para la reparación administrativa de las víctimas del conflicto, cuyo número —de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Repararación— se calcula en unas 400 mil colombianos afectados por los grupos armados ilegales, además de los desplazados por la violencia, que pasan de los cuatro millones de personas en los últimos 20 años.

Esos $54 billones equivaldrían a la tercera parte del presupuesto anual de la Nación y fueron definidos en un documento Conpes expedido el 1° de diciembre de 2011, por medio de cual se buscó garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la Ley de Víctimas.

 

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH

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martillando

Lun, 07/08/2013 - 09:00
El 5% ara la reparación de víctimas y el 95% para los aue manejan los bienes encautados. Hasta la fecha no están en la cárcel los ex-direcrres de estupefacientes acusados de haber robado y serruchado, sin medida, los inmuebles y muebles decomisados a los nacotraficantes.
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wadel camelo camelo

Lun, 07/08/2013 - 06:02
que pena, que un grupo de colombiianos, hayan hayan escogido al señor alvaro uribe como el gran colombianos, desconociendo, lo corrupto y vioolador de derechos humanos que fue ese gobierno durante 8 años, y lo peor ubicandolo por encima de policarpa salavarrieta, el señor botero, jorge eliecer gaitan, y la misma seleccion de futbo de colombia y otras figuras, que verguenza
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kenicoar65

Lun, 07/08/2013 - 05:51
Y a donde va a parar el 95% restante? ya se al bolsillo de los corruptos agentes del Estado, además el 95% de ese cinco porciento. En otras palabras solo hay dinero para los corruptos agentes del Estado. COMLOMBIA ES INVIABLE.
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fernando artavia lizarazo

Lun, 07/08/2013 - 04:51
Por haber en esa empresa de restitución de tierras liderada por inescrupulosos que quieren dejar a las verdaderas víctimas de la violencia ladrandole a la luna, en el transcurso de la semana vamos a solicitarle nuevamente al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, que además de apersonarse del asunto por si o por una persona que el mismo designe, envie un proceso penal que se tramita en Cartagena a otra ciudad, a la qué el quiera, pudiendo ser, preferiblemente MEDELLIN o BOGOTA, porque en su desarrollo hay situaciones demasiado complejas y que dejan mucho que desear, a las cuales para bien de las victimas, debe ponersele punto final, los postulados al fin y al cabo, entregaron, por esto demando a las asociaciones de víctimas unirse para no permitir que situaciones así sucedan y nadie haga algo.
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fernando artavia lizarazo

Lun, 07/08/2013 - 04:45
Como no se ha tenido respuesta inmediata de las autoridades de todo orden en la que avivatos montaron empresas con la restittución para reclamarlas y se ha aportado pruebas de ello, tenemos que denunciar públicamente la situación a fin de que mañana o pasado mañana no vengan a salir con el cuenta que los postulados no entregaron bienes para la reparación y, lo más grave es que esa empresa, según los rumores está liderada por un abogado que es o fue fiscal, siendo el titiritero y el otro abogado el títere. Tenemos pruebas que están faltado a la verdad, que hay denuncias temerarias, de la propuesta, sin embargo, la acción de la justicia no se ha actividad porque de entrada hay un concurso de hechos delictivos que deben investigarse, aún de oficio. Asociación de víctimas PILAS.
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fernando artavia lizarazo

Lun, 07/08/2013 - 04:38
¿Quién es RODRIGO PEREZ ALZATE?, es un desmovilizado de las autodefensas que se conoció con el seudonimo de JULIAN BOLÍVAR, el ofrecimiento del abogado consiste en que diga que los reclamentes además de ser despojados de las tierras, fueron desplazados y con ello logran quedarse con las tierras y plantaciones y sería repartido entre dos abogados, los reclamantes y RODRIGO. Por supuesto que RODRIGO al oirla, la rechazó y en su lugar denuncio la situación ante la Magistratura, ante la Fiscalía, ante las Unidades de restitución de tierras y reparación de víctimas, se ha pedido que se devuelta los incidentes de levantamiento a justicia y paz, siendo la respuesta de las autoridades, el silencio, siendo probable como posible, se salgan con la suya esos inescrupulosos.
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fernando artavia lizarazo

Lun, 07/08/2013 - 04:32
Excelente, sin embargo, la opinión pública debe saber, que la administración y custodia de los bienes entregados por los postulados a la ley 975, es deficiente por no decir que dañina, y por muchos de los entregados han salido avivatos que posando de víctimas después de que los vendieron buscan su restitución, tal como está pasando con los PREDIOS LA FE, LA CASETA, PATIO BONITO o LA DOS, LA FLORESTA O JOSE BARAJAS y EL CARAJO, entre otros, aprovechandose que con la ley 1448, con cara pierde y con sello también y todo porque en dichas tierras se plantaron proyectos de sustitución de cultivos que en este momento vales más de 50 mil millones de pesos, de ahí que un abogado le ofreció a RODRIGO PEREZ ALZATE, se aliara con ellos, dijera que si habían sido despojados y se repartían.
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alvarobxl

Lun, 07/08/2013 - 02:50
Y qué pasó con aquel escándalo de los políticos que se repartían las pripiedades incautadas al narcotráfico? Que según dicen algunos, sería de proporciones más grandes que el carrusel de contratación que tanto daño hizo a Bogotá. Corrupción: el cáncer de Colombia.
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kyrie_eleison

Dom, 07/07/2013 - 23:12
5%... O sea ni la migajas
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